Miguel Blanco, de COAG, expone los ejes básicos de la PAC

Durante su participación en la segunda jornada de la Conferencia ministerial “Construyendo la PAC del futuro”, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha expuesto las ejes básicos de la propuesta de esta organización de cara al debate de la PAC post 2020. Bajo el título, “Agricultura con Agricultores. Una nueva PAC para fortalecer el modelo europeo”, el máximo responsable de COAG ha subrayado que la nueva Política Agraria Común debe responder a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales y a los intereses del conjunto de los ciudadanos de la UE, afrontando de forma decisiva retos como el cambio climático y la transformación digital del sector.

“En los últimos años, la preocupación por la seguridad alimentaria mundial, en un entorno volátil, ha renovado la necesidad de consolidar el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación. Este hecho nos ha reafirmado en nuestra misión como agricultores: producir alimentos sanos y seguros en cantidad suficiente para el conjunto de la sociedad. Esta es la mayor legitimación de la actividad agraria y la PAC y el principal bien público que puede proporcionar”, ha argumentado Blanco.

Para dar respuesta a todo ello, desde COAG se considera imprescindible:

- Fortalecimiento del modelo social y profesional de agricultura. Presupuesto acorde con nuevos retos, cubriendo el hueco que puede dejar el Brexit.

El gran reto de la nueva PAC será la preservación y fortalecimiento del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa. Para ello, la PAC deberá seguir siendo una política común, fuerte, estructurada en dos pilares y con una financiación adecuada.

El presupuesto para la PAC a partir de 2020 debe estar en consonancia con los nuevos objetivos, retos y exigencias y, por tanto, debe aumentarse, cubriendo, en su caso, el hueco que puede dejar el Brexit.

- Restablecimiento de la preferencia comunitaria: los acuerdos con terceros países deben respetar las normas que se exigen a las explotaciones de la UE.

La UE debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que cubran sus costes de producción y alcancen niveles remunerativos acordes a los elevados estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente que le son exigidos por la aplicación de los reglamentos europeos. Este modelo europeo debe protegerse restableciendo, con nuevas orientaciones, el principio de Preferencia Comunitaria.

Como norma general, los acuerdos con terceros países deben respetar las normas que se exigen a las explotaciones de la UE en todos los ámbitos (ambientales, higiénico-sanitarios, productivos, laborales, comerciales o sociales). Ciertos acuerdos, como el TTIP y el CETA, al afectar a los marcos regulatorios sensibles (seguridad alimentaria, denominaciones de calidad, normas medio ambientales), suponen una grave amenaza para nuestro modelo europeo de agricultura, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad, por lo que se debe proceder a su inmediata paralización.

- El futuro de los agricultores se decide en los mercados. La agricultura necesita el reequilibrio de la cadena de valor agroalimentaria.

Es indispensable poner en marcha mecanismos públicos de regulación al nivel europeo para evitar las prácticas abusivas y desleales. Debe haber una regulación obligatoria única para toda la UE, que prohíba determinadas prácticas abusivas (venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…), que sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales, y que garantice la igualdad de condiciones en Europa, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus particularidades.

Por otro lado, se debe conseguir un equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario, estableciendo la excepción o inaplicabilidad de dichas normas en los mercados agrarios por su especificidad, con suficiente seguridad jurídica y reglamentaria, por ejemplo en situaciones de puesta en común o comercialización conjunta o medidas para la reducción coyuntural de la oferta.

- Los pagos directos de la PAC deben continuar y mejorar

COAG apoya que las ayudas directas se concedan a los “agricultores activos”, mejorando la definición de la última Reforma de la PAC. Queremos que esta figura se fortalezca en la próxima reforma y se aplique de forma común en el conjunto de la UE. Nuestra propuesta es que se considere agricultor activo al profesional que obtiene una parte significativa de sus ingresos totales de la actividad agraria (25%).

De cara al futuro, y atendiendo a la defensa de un modelo social y profesional agrario mayoritario en Europa, COAG viene proponiendo un nuevo modelo de pagos directos vinculado a la actividad y en base al empleo generado en las explotaciones agrarias, con un techo máximo de ayudas por explotación. Proponemos una auténtica modulación de las ayudas directas.

Por supuesto, el pilar del desarrollo rural debe mantenerse e incluir aquellas medidas que necesitan aplicarse a nivel territorial y en un marco plurianual. La nueva PAC deberá mejorar la sinergia y la coherencia entre las medidas de desarrollo rural y los pagos directos, por ejemplo en relación al objetivo de relevo generacional.

- Pagos contracíclicos

Los riesgos económicos para las explotaciones agrarias derivados de la volatilidad de precios y rentas se han incrementado en los últimos años, lo que hace necesario explorar instrumentos eficaces para abordarlos. Una opción que ya aplican otros países es la utilización de pagos directos vinculados a la evolución de los precios/rentas en los sectores de producción.

Estos pagos se podrían acumular en un fondo los buenos años para estar disponibles para utilizarlos en los años de crisis, sin socavar el principio de presupuesto anual. Queremos aclarar que rechazamos las propuestas dirigidas a futuros seguros privados de precios y rentas. No se acepta que se deriven fondos públicos en beneficio de aseguradoras privadas que por la experiencia en otros países no resuelven la precaria rentabilidad de las explotaciones.