Las Plataformas en Defensa de la Sanidad de Castilla y León siguen sin respuesta del consejero y plantean acciones

Las Plataformas solicitaron una reunión con el consejero de sanidad en el mes de mayo, solicitud que no ha tenido ninguna respuesta hasta la fecha. Para las Plataformas "este hecho nos demuestra la falta de diálogo social que es ya la marca política de este Gobierno de Castilla y León". "Alejandro Vázquez no sólo es incapaz de solucionar los problemas de la sanidad en la Comunidad, sino que, además, también es incapaz de escuchar a quienes proponen soluciones y a la masa social crítica que defiende la sanidad pública en este contexto de privatizaciones y descapitalización de lo público."

"Las últimas propuestas de privatización de la Atención Primaria, que es el eslabón básico para una atención sanitaria de calidad, nos han puesto inmediatamente en alerta, ya que supondrían el golpe definitivo a la sanidad pública. Si no lo paramos, sólo las personas con recursos económicos suficientes podrán pagarse los servicios sanitarios. La mayoría tendríamos que recurrir a la beneficencia, como ya sucede en otros países desarrollados.", exponen.

Las Plataformas por la sanidad pública enviaron un manifiesto junto con la solicitud de reunión que, según explican, "tampoco sabemos si ha sido leído por Alejandro Vázquez".

Además, desde las plataformas hacen una seria crítica de las políticas en materia de salud de la Junta de Castilla y León, que, según dicen "sólo se gobierna para favorecer a las empresas privadas, a costa de la salud de la población y del deterioro de los servicios. El consejero dice que no encuentra médicos cuando la realidad es que no quiere pagar bien ni formalizar contratos dignos, ni fomentar otras cuestiones que fijarían profesionales en la Comunidad Autónoma y frenaría el éxodo de los mismos."

El manifiesto

En el manifiesto enviado, las organizaciones que defienden este servicio público propusieron aumentos en la financiación hasta equipararnos a la media de la Unión Europea, especialmente en la Atención Primaria y en la rural, asegurar los medicamentos básicos y productos sanitarios mediante la centralización de la compra y la elaboración de los mismos por empresas públicas, control público de precios y suministros, recursos para garantizar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los centros de salud urbanos y rurales, rehabilitación de los centros sanitarios que lo precisen y construcción de otros nuevos con el personal y equipamiento necesario para un correcto diagnóstico, Gerencias de Atención Primaria y Especializada independientes , atención presencial, mejoras en la atención a domicilio, consultas de Pediatría hasta los 14 años en el medio rural, equiparándolo al medio urbano, enfermería escolar, educación para la Salud y Prevención, acabar con la desigualdad sanitaria entre las provincias de nuestra Comunidad, invertir en recursos propios para poner fin a las derivaciones, planificación racional de la red de hospitales públicos en nuestra Comunidad, que incluya una propuesta de hospitales comarcales, refuerzo de los servicios de Salud Mental, organización de un servicio de ambulancias público,. , más medios propios para solucionar las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas y transparencia en la gestión de las mismas y mejoras laborales para los profesionales, a todos los niveles, incentivando los puestos de trabajo en zonas rurales y en hospitales comarcales, y dimensionar las plantillas según las características de cada Zona de Salud, además de presentar multitud de propuestas en la atención de las personas mayores para todos los territorios.

Desde las Plataformas pedían también el cumplimiento por parte de la Junta de la legislación sanitaria y acababan con una serie de peticiones de reformas legislativas al Gobierno para proteger la Sanidad Pública, como la reforma de los capítulos 90 a 94 sobre condiciones de concertación de la Ley General del 86, así como derogar la ley 15/97 para blindar lo público e impedir las privatizaciones y facilitar la participación de la sociedad en el sistema sanitario garantizando la convocatoria periódica de los Consejos de Salud en todos sus niveles y con la participación de las plataformas en defensa de la Sanidad Pública.