Montoro y Rajoy se han dado cuenta por primera vez en años de lo que de verdad importa: la salud de los españoles. Éste podría ser el eslogan que acompañe este viernes al anuncio menos esperado por los fabricantes de refrescos azucarados: el de la imposición del nuevo gravamen sobre los productos con alto contenido en azúcar. Sin embargo, nada nos garantiza que esa frase sea verdad y que los gobernantes no hayan decidido fijar esa tasa -de la que se conocerán más detalles tras el Consejo de Ministros- por simple afán recaudatorio.
Es más, según explican especialistas en nutrición y economía de la salud a EL ESPAÑOL, aun si las intenciones son las mejores y realmente para Rajoy y compañía nuestro índice metabólico se ha convertido en una prioridad, la simple imposición de la tasa del azúcar puede no mejorar nuestra salud. Para hacerlo, se tendrían que cumplir una serie de características, muchas de ellas recogidas en un documento elaborado en 2015 por expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Da la sensación de que el impuesto del azúcar se está poniendo de moda, pero esto no puede englobarse sólo en la política impositiva; no puede ser sólo una tendencia con fines recaudatorios", señala a este diario el dietista y nutricionista Juan Revenga, autor de, entre otros, el libro Adelgázame, miénteme (NB, 2015).
De nada servirá este impuesto, sostiene el experto, si esa política fiscal no está alineada con otras medidas para promover la salud pública. "Existe evidencia creciente que demuestra que las políticas fiscales diseñadas apropiadamente, cuando se implementan con otras acciones políticas, tienen un potencial considerable para promover una dieta saludable", se puede leer en las conclusiones del documento de la OMS.
El médico y máster en Economía de la Salud Javier Padilla, coautor del blog Médico Crítico, apunta por su parte a un ejemplo más que evidente: el del tabaco. "Es la medida más importante para reducir el consumo", destaca.
Un impuesto elevado
Pero no es lo mismo gravar un producto con un porcentaje determinado u otro. Según comentan ambos expertos, la OMS tiene claro que el mínimo que tienen que subir los precios de los productos con alto contenido en azúcar es un 20%. Si la medida fiscal impacta menos en el bolsillo de los españoles, no servirá de nada; es decir, no servirá para reducir el consumo de productos insalubres.
Revenga va aún más allá y cree que ni siquiera éste debería ser el objetivo final. Éste ha de ser la reducción de las enfermedades metabólicas, ligadas a un alto riesgo cardiovascular. "Es posible que incluso tenga que pasar mucho tiempo hasta ver si es eficaz", reflexiona.
En cualquier caso, opina que una tasa baja no sólo podría no ser eficaz, sino incluso volverse en contra del objetivo que persigue y favorecer a los fabricantes de productos azucarados. "Si se ve que en unos años no ha habido ningún impacto sobre la salud, van a poder decir que sus productos no engordan", comenta.
Padilla apunta, además, a que el impuesto no puede estar afectado por las estrategias basadas en bajar el precio y ha de estar ligado a la cantidad. El problema, sostiene este experto, es que puede afectar más a las clases sociales más bajas, que se sabe que tienden más a seguir una dieta poco saludable. "Por esta razón, lo que se recaude tiene que repercutir en equilibrar la balanza", comenta.
¿Sólo los refrescos?
Otro punto importante de la nueva tasa es a qué productos se va a aplicar. En previsión, el sector remolachero azucarero ha manifestado su oposición al impuesto. Pero en muchos países, el impuesto del azúcar es, en realidad, el impuesto de las bebidas azucaradas. Sin ir más lejos, Cataluña anunció recientemente que iba a gravar justo estos refrescos, ningún otro producto azucarado más.
Revenga señala que le parece "una injusticia" que sólo se ponga el impuesto a esa bebidas, si es que finalmente sucede así. "Y no me caracterizo precisamente por mi simpatía hacía Coca-Cola", bromea. Como mínimo, señala este experto, habría que gravar también los batidos lácteos y los zumos, incluso los naturales, debido a su alto contenido en azúcar. En el mismo grupo, se debería incluir la bollería industrial y las galletas.
Esto, comenta Padilla, sería "más difícil de implementar" porque supondría para el Gobierno "pelearse contra todas las grandes industrias alimentarias".
¿Y la comida 'buena'?
Pero ni siquiera si el impuesto para el azúcar se aplicara a todos esos alimentos, e hiciera subir su precio al menos el 20%, el beneficio de la medida estaría garantizado. Tendría que venir acompañado de políticas fiscales que incentivaran el consumo de alimentos sanos, es decir, frescos, no procesados.
"Los subsidios para las frutas y verduras frescas, que implican una reducción de su precio de entre un 10% y un 30% son eficaces en incrementar su consumo, aunque su efecto la ingesta calórica y el peso", señala el documento de la OMS.
Padilla se muestra a favor de dichos subsidios que, apunta, podrían obtenerse de lo recaudado con el impuesto del azúcar.
Revenga por su parte señala un dato curioso: a pesar del extendido concepto de que comer sano es más caro que optar por una dieta poco saludable, un estudio del British Medical Journal que recogió en su blog en 2013 demostraba que sólo aumentaba el precio en 1,1 euros diarios.
Así, poco podemos anticipar del beneficio de la medida anunciado por Montoro. Al menos hasta que haya más detalles sobre su aplicación y pase tiempo para ver cómo se implementa. Entonces, y sólo entonces, podremos de verdad decir que Rajoy se preocupa por nuestra salud.