El protagonista de esta historia es tímido y, por ello, no ha querido aparecer en este artículo. Lo cuenta su abogado, Álvaro Sardinero, el responsable de que el hombre -ahora tiene 39 años- haya recibido 317.000 euros de la aseguradora médica Sanitas. De esta cantidad, sólo 150.000 euros corresponden a la indemnización -después que esta fuera rebajada de la cantidad fijada inicialmente en 260.00 euros- y, el resto, a lo que se denominan intereses moratorios, con los que los tribunales castigan a la parte demandada por haber tardado en resolver la situación. 

Aunque pueda parecer mucho dinero, la cifra se queda en nada al conocer la odisea de José Ramón -su nombre de pila sí es público en la sentencia-, un chico que, cuando tenía 20 años, acudió a un médico privado del Hospital de la Zarzuela aquejado de los siguientes síntomas: dificultad para mantenerse erguido y quieto y un cuadro de temblor. El diagnóstico fue de "temblor esencial", pero las cosas no mejoraron a pesar del mismo -y del tratamiento prescrito con el fármaco propranolol-, por lo que continuó buscando asistencia médica en el mismo centro. 

El joven sufría ansiedad "con gran facilidad ante situaciones nuevas" y, en esos momentos, mostraba serias dificultades para caminar. A partir de ahí, la derivación al psiquiatra no fue de extrañar y más cuando contó a sus médicos dos eventos que le habían sucedido recientemente: su novia le había dejado y había sido atracado en plena calle, según relata Sardinero. 

Sin embargo, desde que fue evaluado como paciente psiquiátrico, sus temblores esenciales parecieron dejar de preocupar a sus médicos y su situación psiquiátrica tomó todo el protagonismo. Tanto, que se le diagnosticó primero trastorno bipolar, aunque esto se acompañó de un trastorno conversivo, una entidad que no logra configurar un cuadro clínico conocido y en la que se sospecha que existe un componente psicológico importante. Los síntomas incluyen a los sistemas neuromusculares y sensoriales, por lo que eso explicaría la dificultad para caminar de José Ramón que, a lo largo de los años, acabó necesitando una silla de ruedas para desplazarse. 

El joven pasó 12 años con este diagnóstico, mientras sus síntomas motores no dejaban de empeorar. Tampoco respondía a la multitud de fármacos que le iban recetando los distintos psiquiatras, hasta el punto de que se le acabó ingresando en un hospital psiquiátrico, donde pasó 40 días. "Allí recibió todo tipo de terapias que, según se ha demostrado después, eran absolutamente innecesarias", resume el abogado. 

Aunque Sardinero no sabe determinar si fue esa estancia hospitalaria la gota que colmó el vaso, el hecho es que poco después el paciente buscaba una segunda opinión. Lo hacía en otro médico privado, también incluido en su seguro de Sanitas y, en esta ocasión, neurólogo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. 

Bastó que este experto realizara una exploración neurológica para que diagnosticara una sospecha de párkinson juvenil, una variante poco frecuente de esta enfermedad que está perfectamente descrita en la literatura médica. 

"Lo que hizo este médico es lo que tenía que haber hecho cualquiera de los muchos que le trataron a lo largo de los 12 años que el demandante convivió con un diagnóstico incorrecto; el problema es que se conformaron con el diagnóstico inicial y con la idea de que todo tenía un origen psiquiátrico", comenta el abogado, que atendió gratuitamente al paciente por su vinculación con la asociación Defensor del paciente, aunque ha cobrado -al haber ganado- un 15% de la indemnización recibida. 

Largo proceso judicial

Al contrario que otras enfermedades, el diagnóstico del párkinson no cuenta con una prueba objetiva.Se basa en un análisis clínico, una serie de síntomas que harán sospechar al facultativo de la existencia de la patología. En el caso de José Ramón había varios datos: temblores, dedos de los pies agarrotados o dificultad para caminar.  Pero la sospecha del neurólogo se confirmó por la vía lógica: al establecer un tratamiento sintomatológico -que no curativo, ya que no existe-, el paciente comenzó a mejorar. 

"No puede encontrarse explicación alguna que mínimamente justifique que durante 12 años el demandante haya soportado todos los padecimientos que constan en el historial médico, que haya sido tratado psiquiátricamente, que haya estado internado en un establecimiento psiquiátrico y que haya llegado prácticamente a la total inmovilidad por no haber sido diagnosticado ni evaluado por un especialista en trastorno del movimiento, a pesar de ser notorio el agravamiento de los síntomas que no eran aliviados con los tratamientos prescritos", establece la sentencia.

Sanitas no fue la primera demandada por el paciente, como tampoco fue Sardinero su primer abogado. Antes de contactarlo, el joven demandó por la vía penal a sus médicos, una demanda que la justicia desestimó en 2012. "En mi opinión, la estrategia fue errónea; primero, porque el principal reproche que se les hacía a los acusados era no haberle realizado el DaTscan, una prueba diagnóstica cuyo uso se generalizó después de 2000; segundo, que es muy difícil determinar qué responsabilidad tiene cada uno de los muchos médicos demandados", relata el abogado. 

Cuando le llegó el caso, él optó por iniciar una demanda civil y por hacerlo contra la aseguradora. Sardinero reconoce que era la opción que entraba en plazo, establecido en un año para hospital y médicos y en cinco para la sociedad médica. "Estaba casi a punto de expirar y era la única posibilidad", comenta el letrado. 

Para llegar a la cantidad solicitada inicialmente, se utilizó el baremo de los accidentes de tráfico; es decir, se contó cada día que el paciente pasó sin estar diagnosticado como impeditivo y se hizo la suma. 

Hay razones que explican esta indemnización, muy alejada de las cifras millonarias que se suelen leer en sentencias parecidas en países como EEUU. Además de la lógica diferencia de sistema judicial, el abogado reconoce -como lo hace la sentencia- que los médicos no provocaron la enfermedad, fue simplemente una negligencia. Pero el caso es que las cosas hubieran cambiado mucho para José Ramón si el diagnóstico se hubiera adelantado en el tiempo. 

Cuando todo empezó, relata el abogado, el muchacho -que jugaba al rugby- era estudiante de una ingeniería, que tuvo que dejar por los temblores. Aun así, cambió su formación -acabó dedicándose a la informática- y pudo establecer una carrera profesional, hasta que tuvo que pedir la incapacidad permanente. "No podemos saberlo, pero quizás podría haber seguido practicando deporte y aunque hubiera acabado igualmente con incapacidad, ésta podría ser parcial y no total", comenta. 

Sardinero comenta que José Ramón está "muy contento" con la sentencia. "Sobre todo por el reconocimiento de la negligencia y la satisfacción moral que ello le da, más allá de la compensación económica", apunta. 

La opinión de Sanitas

Un portavoz de Sanitas asegura a EL ESPAÑOL que desde la aseguradora "lamentan profundamente" el caso. Aclaran, eso sí, que lo consideran "algo aislado", que no suele ocurrir. "Es un caso entre 20 millones de actos médicos al año", comenta la misma fuente, que aprovecha también para defender al hospital donde fue tratado José Ramón. 

"El Hospital de la Zarzuela es el tercero con mejor reputación según el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco, no quisiéramos que se traslade el mensaje de que se trata de un centro con baja calidad asistencial", concluye. 

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