¿Cuántos represaliados del franquismo siguen legalmente “vivos” en los Registros Civiles? Según los estudios realizados en las últimas décadas, entre un 30 y un 50 % de las víctimas, están registrados como desaparecidos. Estos crímenes se produjeron en las zonas donde rápidamente triunfó el Golpe de Estado.
El registro civil es una fuente documental imprescindible. Aporta la base inicial para adentrarnos en la zona más oculta de un conflicto como fue la guerra civil española, de la que el próximo 18 de julio se cumplen 80 años. El historiador Francisco Espinosa, especialista en esta temática, estima que “para contabilizar a todas las víctimas, hay que sumar a los asesinados por aplicación de bando de guerra sin previo juicio, desde la sublevación a los primeros meses de 1937”. Esta es la fecha en la que se decidió poner en marcha la mecánica judicial de los juicios sumarísimos de urgencia. Aunque las cifras reales son mayores, hasta el momento, se conocen los nombres de unas 135.000 víctimas del bando republicano.
Registrar a un desaparecido
Para iniciar los trámites de inscripción en el Registro Civil y comenzar la cuantificación “final” de los represaliados en España, los familiares directos interesados tienen que llevar a cabo un complejo proceso judicial que puede llegar hasta los 2.000 y 3.000 euros de coste. Espinosa apunta que uno de los requisitos de las inscripciones fuera de plazo ha sido “aportar testimonios del hecho, cuestión que siempre, antes por unas razones y ahora por otras, ha resultado problemática”.
Esta prueba resulta de gran impacto para los familiares. Los trámites provocan múltiples viajes al lugar de nacimiento o vecindad de la víctima, los recursos a la negativa de inscripción, los interminables plazos en las respuestas, y en definitiva la demora en solucionar un viejo problema “los de la guerra” no resuelto, pese a la restitución democrática de 1978.
Muchas de las desapariciones de la guerra no se han inscrito todavía.
El grupo memorialista de CGT Andalucía lidera una campaña para acabar con los trámites impuestos por el Estado para el registro de los desaparecidos. Cecilio Gordillo, coordinador del grupo, apunta que en su investigación “está constatado que a los pocos días del golpe de estado se dictaron órdenes precisas para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los asesinados”. No fue hasta noviembre de 1936, cuando se publicó un decreto por el que miles de personas pudieron "legalizar" la muerte de sus familiares. La causa sería falseada, cambiando el concepto de “fusilado” por "en choque con fuerza armada", "a consecuencia del bando de guerra" o simplemente "a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional".
Las 17 rosas
Gordillo apunta que “era la única vía para que las viudas de guerra cobrarán una pensión con el primer gobierno de UCD, por su marido al que mataron y que, en muchos casos, no sabían dónde se encontraba”. De cara a las próximas Elecciones Generales del 26 de junio, la inscripción en los Registros ha sido una de las reivindicaciones de este grupo memorialista, junto a una docena de asociaciones del resto de España. “Sólo pedimos a los partidos que incluyan este tema en sus programas. Es un asunto de derecho. No pedimos tanto”, aclara.
Lucía Sócam es víctima de todo aquel horror. Tiene enterrada en el cementerio de Guillena (Sevilla) a su tía abuela Granada Hidalgo Garzón, fusilada a los 41 años en este municipio, donde asesinaron a 17 mujeres, conocidas como las 17 rosas. Tras una década buscando los restos, la unión de los familiares en una asociación memorialista, permitió unir fuerzas para exhumar sus restos en 2012. Las metieron en cajas, hueso a hueso, para ser de nuevo enterradas, pero aún quedaba un paso más para acabar la lucha y era la inscripción legal de sus muertes.
Una imagen de parte de las 17 rosas de Guillena.
Lucía apunta que este proceso judicial no está resultado fácil a pesar de que “el Ayuntamiento de Guillena, junto a los familiares, llevamos luchando por este trámite casi tres años cuando se terminó la exhumación y no podemos dejar de lado lo del Registro Civil, ya que es el paso último para demostrar que mi tía abuela y sus 16 compañeras fueron asesinadas. No desaparecieron de la noche a la mañana”.
Arrojadas a una fosa
Manuela, Rosario, Natividad, Granada, Trinidad, Ramona, Ana María, Josefa… fueron arrojadas a una fosa común sin previo juicio, sin dignidad entre la noche del 6 y 8 de noviembre de 1937. Tal y como consta el documento del pleno de Guillena, gobernado por el PSOE y que solicita la inscripción de defunción en el Registro, “las 17 mujeres de Guillena fueron secuestradas y encerradas en el calabozo Municipal situado en el actual Ayuntamiento durante dos meses, desde finales de Agosto o principio de Septiembre de 1937 hasta principios de Noviembre. Todas las investigaciones apuntan al día 4 de Noviembre como fecha exacta de este suceso, cuando fueron llevadas al cementerio y fusiladas”.
Granada, la tía abuela de Lucía, era conocida como “la gitana” y estaba casada con Francisco Aguilera Hidalgo (asesinado), al igual que su hijo mayor, José de 19. Tuvo nueve hijos y era vecina de Guillena de toda la vida. Las 17 rosas tenían entre 24 y 70 años cuando “desaparecieron” por ser hijas, esposas y madres de milicianos, por no saber dónde se encontraban los suyos. Las 17 desparecidas siguen sumando años y tienen entre 104 y 150 años de edad en el Registro de su Ayuntamiento.
Otro de las complejidades de este trámite para la búsqueda de los desaparecidos “de la guerra”, es publicar la “desaparición” de la víctima en dos periódicos a modo de avisos. Uno de ellos debe ser publicado en un medio impreso de tirada nacional y otro local. Pasados unas semanas, el juzgado estimará el tiempo oportuno para la espera de testigos hasta llevar la causa al juzgado, con los costes derivados de un procurador y un abogado que realice el proceso.
Sólo un bando
La “limpieza documental” en los Registros permitiría a los investigadores conocer la verdadera cifra de asesinados de hubo en cada bando. Espinosa apunta que los represaliados del bando nacional se encuentran totalmente detallados en el Archivo Histórico Nacional. “En total hay archivados 49.000 víctimas por parte del bando republicano, pero ahí sólo consta una parte porque del otro bando no hay nada reflejado”, aclara.
Aún el miedo, a día de hoy, no ha permitido enfrentar a muchos familiares a este último trámite. Emilio Silva, presidente de la ARMH y uno de los principales representantes de la memoria histórica en España afirma que “a pesar de que en la década de los setenta y principios de los ochenta se hicieron muchas inscripciones, los problemas a los que se tenían que enfrentar las familias en los juzgados hizo que muchas desapariciones no se hayan inscrito aún”, destacando la obligación del Gobierno en todo el proceso.
“El Estado se debe preocupar de que alguien nazca y no muera administrativamente. El Registro tiene que ser realizarse como una causa de oficio como ocurren con el resto de víctimas en España, menos con los muertos por el franquismo”, asegura.