Planeta contrata a De Guindos, pero el ministro oculta las condiciones

En España amenazada (Península), el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ajusta cuentas con algunos de los principales actores políticos de los últimos años y reivindica su gestión y la del Gobierno durante la crisis, en el mismo subtítulo: De cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento. El protagonista se presenta como salvador y superviviente de los escándalos financieros más sonados. El libro está escrito junto con Concha Martín, la directora de comunicación del Ministerio.

Conocemos el contenido, conocemos a los autores, conocemos a las víctimas (Rato y Fernández Ordóñez), pero no conocemos la relación mercantil que el ministro ha firmado con el grupo Planeta, empresa que ha editado, publicado y distribuido la obra. Tanto Concha Martín, como su editor, Ramón Perelló, han negado detallar las condiciones a las que el alto cargo ha llegado con la empresa.

Me parece mal que un alto cargo no haga públicas sus relaciones contractuales con una empresa

Planeta se ha hecho con el mercado de las estrellas políticas, en activo y retiradas, tanto PP como PSOE, ha ganado los favores de decenas de altos cargos. El caso más sonado de ellos fue el de Ángeles González Sinde, a la que la empresa galardonó con el finalista del Premio Planeta por la novela El buen hijo y recompensó con 150.250 euros. La ex ministra de Cultura vulneraba el régimen de incompatibilidad al recibir un premio de una empresa de su sector antes de cumplir dos años retirada de su alto cargo.

“Me parece mal que un alto cargo no haga públicas sus relaciones contractuales con una empresa”, explica Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia. “Deberíamos conocer los ingresos recibidos por el trabajo, el tiempo que le ha dedicado a escribirlo y las condiciones pactadas para saber de qué manera puede lesionar su independencia”, cuenta el experto. Cree que, de la misma manera que se les pide hacer público sus ingresos, es necesario revelar las relaciones mercantiles mientras se ejerce un cargo similar.

Conflicto de intereses

La Ley reguladora del ejercicio de los altos cargos de la administración del Estado (3/2015) permite al ministro escribir, publicar y recibir sus derechos de autor por la creación literaria. “Siempre y cuando no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes”. Sin embargo, nada de esto se puede conocer dado que el contrato que ha firmado no se ha hecho público. Desconocemos cuánto tiempo ha dedicado, cuál es la relación de empleo y qué servicios se ha comprometido a prestar.

“Sólo conociendo el contrato sabremos si hay un conflicto de intereses. Hay que declarar el interés y la relación mercantil para saber cuál es el posible conflicto”, explica Martín Cavanna al respecto. Pablo Soto, concejal de Ahora Madrid, miembro de la Junta de Gobierno y delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto señala a EL ESPAÑOL que cuesta encontrar un político que no haya escrito y publicado un libro. “Ha publicado todo el mundo, desde Pablo Iglesias a Manuela Carmena. Es muy habitual y creo que la libertad de creación no debe reducirse por tu cargo político, pero puede ser un coladero de contratos mercantiles que cuestionen la exclusividad del alto cargo. Para la docencia debes pedir permiso, pero para escribir libros no. Es curioso”, subraya.

El libro es producto de la publicación de información confidencial generada en una labor pública remunerada por el que recibirá beneficios

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y catedrático de la UAM, señala que el libro escrito por el ministro es producto de la información confidencial generada en una labor pública. Todos los ciudadanos han remunerado la labor del ministro y obtendrá beneficios de la empresa vinculados por el cargo público. "Una medida ejemplar por su parte sería publicar los datos básicos de ese contrato", dice. Y añade que, al igual que De Guindos, deberían hacerlo todos los políticos que decidieron publicar información confidencial a través de una empresa. 

En cualquier contrato estándar, el autor cede los derechos a la editorial y ésta compensa al autor en función de las ventas. El anticipo es la figura que adelanta la cantidad prevista por las ventas, que es la cantidad que recibe el autor a la firma. Pablo Soto explica que “no debería ser mucho problema hacer público este tipo de contrato”.

Toda la transparencia

Además, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General obligará a De Guindos (y a los diputados y senadores) a declarar sus bienes patrimoniales, “con la finalidad de dar la mayor transparencia posible a las citadas declaraciones”. Tendrá que hacerlo público en la sede electrónica de cada Cámara, como en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Entonces descubriremos la cantidad, pero seguiremos sin conocer las condiciones a las que se ha comprometido con la empresa el ministro de Economía y Competitividad.

Cuando te dedicas a la política a este nivel, cualquier percepción por prestar servicios a una empresa, siempre luz y taquígrafos

“Es curioso pero las condiciones no se hacen públicas, aunque las percepciones de las cantidades sí. La única manera que tiene la ciudadanía de corroborar el conflicto de intereses es gracias a la transparencia. Cuando te dedicas a la política a este nivel, cualquier percepción por prestar servicios a una empresa, siempre luz y taquígrafos. Es una aberración ocultarlo”, dice Soto. Porque no ha entregado una obra literaria, sino que ha firmado un contrato de servicios por el que desarrollará una tarea para esa empresa. Ese es un matiz importante: el ministro está ofreciendo unos servicios a una empresa.

Ramón Perelló, el editor del libro, explica a este periódico que el ministro ha delegado la confianza de la redacción en su jefa de gabinete, Concha Martín. “El autor es el ministro, él ha orientado y ha instruido el escrito. Lo ha supervisado. Y se ha sentido cómodo con el estilo y el tono que Concha ha desarrollado”, cuenta.

Una mayoría oscura

A pesar de que De Guindos, como tantos otros antes, mantiene en secreto su contrato con Planeta, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia, presidido por Esther Arizmendi, hace referencia a las incompatibilidades de los altos cargos. Expresa la necesidad de publicar las autorizaciones del funcionario para desarrollar una actividad particular. Además, entiende que esta publicación debe hacerse, ponderando siempre las consecuencias, con los datos completos de la persona involucrada y no disociando los datos de carácter personal.

Los derechos y los deberes del alto cargo deben tener en cuenta que sus actos afectan seriamente al bienestar de otras personas y de la sociedad

Manuel Villoria forma parte del organismo Transparencia Internacional y escribió en La ética pública. Los conflictos de intereses y las incompatibilidades en la administración pública sobre los principios éticos del alto cargo. Asegura que los derechos y los deberes del alto cargo deben tener en cuenta que sus actos “afectan seriamente al bienestar de otras personas y de la sociedad”.

Sin embargo, según un estudio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre la situación de la aplicación de la Ley de Transparencia en las entidades que configuran el Sector Público de la Administración General del Estado, un 90% de entidades y cargos públicos no publican las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad. Luis de Guindos también forma parte del lado oscuro de las cuentas públicas.