Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, y su hijo Gorka, se han negado este miércoles a declarar ante la Guardia Civil y pasarán a disposición judicial en la mañana del jueves, junto a los otros dos detenidos (Juan Padrón y Ramón Hernández Baussou), donde declararán en la Audiencia Nacional.

La declaración, para la que todavía no hay hora concreta, se desarrollará cumplido el plazo máximo de detención, que es de 48 horas, y Villar será desplazado desde la casa cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas, donde ha pasado la noche del martes al miércoles tras participar en el prolongado registro que miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) realizaron en la sede federativa.

Villar, que el martes estuvo presente en el registro de su domicilio desde primera hora de la mañana y después en la sede federativa durante más de doce horas, recibió esta mañana la visita de un abogado del despacho Rodríguez Ramos, que lleva su defensa.

La llamada Operación Soule, cuyas diligencias están declaradas secretas, responsabilizan a los detenidos de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Los negocios con Santa Mónica causaron un daño de 45 millones

La investigación de la presunta corrupción en la Federación apunta a un posible perjuicio de al menos de 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports.

Esa es una de las patas de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO). Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la Federación en 2016.

Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports -empresa presidida por el fallecido Jesús Samper- por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Pero, además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros.

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