Río pierde la batalla contra el narco

La inseguridad en Río de Janeiro es tal, desde hace décadas, que parece equivocado seguir utilizando el apodo oficial de ‘ciudad maravillosa’ para referirse a ella. Los turistas que llegan estos días a la célebre zona sur (Copacabana, Ipanema o Leblón) caminan tranquilamente: hay tres o cuatro soldados fuertemente armados cada cien metros. Es en otras zonas de la ciudad, especialmente en la zona norte, donde las reglas no vienen impuestas por la policía, sino por el narcotráfico. A pesar de la ambiciosa campaña gubernamental para pacificar favelas dominadas por bandas violentas de traficantes, la tasa de homicidios ha vuelto a dispararse en el último año.

La gente ya no se fía de los medios tradicionales para contabilizar la violencia en Río. La plataforma colaborativa ‘Fogo Cruzado’ permite a cualquier vecino informar de los constantes tiroteos producidos en favelas: enfrentamientos entre bandas o choques entre bandas y la policía, muy criticada por la población carioca, que este mes de junio mató a más de dos personas por día (74 en total), un 68% más que el año pasado. La aplicación ha contabilizado casi 800 tiroteos en Río en el mes de julio.

Este viernes el diario O Globo informaba de que en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, a menos de dos kilómetros del Laga Rodrigo de Freitas (escenario de las pruebas de remo y piragüismo), los vecinos han visto jóvenes armados con fusiles haciendo labores de vigilancia y escuchado tiroteos en la ladera del ‘morro’ (como se llama a los montes y cerros que definen la orografía carioca, muchos de ellos ocupados por favelas).

Fuera de control

Los políticos no lo dicen, pero las cifras cantan: las fuerzas de seguridad están perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), un experimento de ocupación de las favelas instaurado en 2008 para garantizar la seguridad de sus habitantes, viven su peor momento tras el éxito obtenido en barrios como Vidigal o Santa Marta. En las favelas los ‘camellos’ practican su actividad a plena luz, entre niños y motos estratégicamente situadas para irse dando avisos (silbatos, señales de humo, recogida de ropa en los tendederos) si aparece la policía. La impunidad es en ocasiones lacerante: a finales de mayo, una joven de 17 años fue violada por 30 hombres en una favela de Río, noticia que sólo se conoció cuando alguno de los indeseables publicó un vídeo sobre la ‘hazaña’ en Facebook.

Julita Lemgruber, profesora y socióloga, la primera mujer que dirigió el explosivo sistema penitenciario de Río (en la década de 1990), explica en conversación con EL ESPAÑOL que la inseguridad “está sin duda peor que hace dos años. Existe la sensación generalizada de que la política de seguridad pública del Gobierno ha fracasado, con las UPPs como proyecto emblemático. Esa falta de eficacia ha generado una sensación de impunidad… Ahora se pueden ver adolescentes con armas también en la zona sur. Esto no se veía antes”.

Legalización de las drogas

El otro gran problema, según Lemgruber, es el crecimiento de la violencia policial: las fuerzas armadas “son responsables de uno de cada cuatro homicidios en la ciudad”, asegura la socióloga. La única solución a largo plazo, opina la ex funcionaria, es la legalización de las drogas. “La situación es insostenible, hay que recuperar los territorios controlados por los traficantes y sobre todo aprender a convivir con el hecho de que no se va a terminar con el narcotráfico. Es una farsa: en la zona sur hay drogas y se consumen drogas, pero la policía no entra con las metralletas… Una gran hipocresía”.

En la favela de Alemao los tiroteos son diarios, y las casas muestran agujeros de bala en la pared. Los excesos policiales son permanentes: por ejemplo, que un agente ejecute a un joven negro que fumaba marihuana (desarmado) en una favela y haya sido puesto en libertad tras siete meses de prisión. El reverso son los casos crónicos de ineficacia (o presunta connivencia con los ‘narcos’): el caso reciente más llamativo, en junio, fue el rescate de un traficante en la zona de cuidados intensivos de un hospital céntrico, ubicado a pocos metros de una comisaría de Policía.

Reformas policiales

El coronel André Silva, Coordinador de las Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), reconoció el mes pasado que el proyecto “perdió un poco de su esencia”, en un momento en el que las dificultades financieras del estado de Río (oficialmente en “estado de calamidad pública”) amenazan con dejar sin fondos a algunas de estas unidades. Desde hace muchos tiempo, el ritmo de la inseguridad en Río depende de las negociaciones secretas entre los funcionarios del Gobierno y los líderes de las favelas, verdaderas autoridades de numerosos barrios pobres. Los altísimos índices de violencia (seis muertos diarios en junio, por ejemplo) demuestran una verdad difícil de tragar para las autoridades: años después, la pacificación sigue pareciendo muy complicada sin el concurso de los narcotraficantes.

En Copacabana e Ipanema, el día de la inauguración de los Juegos, la presencia policial es abrumadora, mayor incluso que en el Mundial de fútbol de 2014. Pero es en la región metropolitana de Río de Janeiro, la que los turistas nunca visitan, donde la vida diaria puede ser un deporte de riesgo. Hay epidemias de balas perdidas y de navajazos, de atracos en grupo y de secuestros ‘exprés’. Para cubrir la inseguridad en la ciudad ya no bastan los periodistas: hay sitios en los que no entra ni la policía. Aplicaciones como ‘Fogo Cruzado’ permiten sortear los obstáculos y detectar por lo menos la temperatura de la violencia en esos barrios a los que apenas acuden extranjeros, y que cada vez encuentran menos espacio en los medios de comunicación. Río, mientras tanto, aumenta su frecuencia de entierros y sigue ostentando un récord macabro: ser el Estado con más muertes a manos de la policía en el país con más homicidios del mundo.