Operación salvar la ley Sinde

Álex de la Iglesia. Foto: Andrea Comas.

El Gobierno se llevó un buen batacazo hace una semana cuando no fue capaz de sacar adelante la ley Sinde. La norma pretendía instaurar un procedimiento judicial urgente para cerrar las webs que violasen la propiedad intelectual en internet. Sin embargo, todavía no ha arrojado la toalla. Su intención es que la ley acabe publicada en el BOE cuanto antes. El próximo 15 de enero el texto llega al Senado y es ahí donde Zapatero y los suyos quieren encarrilar de nuevo su tramitación. Para conseguirlo es muy probable que deban ceder en algunos puntos, a fin de ganarse el apoyo del Partido Popular. La incógnita es en qué términos quedará finalmente redactada.

El Partido Popular estaba molesto por ser consultado in extremis . "Dos horas antes de la votación pretendió que el PP, el único con una alternativa razonable y completa a la ley Sinde, diera su apoyo a algo de lo que ni quisieron hablar nunca antes con el Partido Popular. Así no se pueden hacer las cosas", ha lamentado Mariano Rajoy. Aun así, dejó abierta la puerta a un posible acuerdo. Para alcanzarlo le dio un consejo al PSOE: "Que elija a un interlocutor, el que sea, y se siente y discuta".

Los escollos fundamentales que deben salvar los negociadores son varios. Para empezar la manera de conciliar la urgencia con la que se busca cerrar las webs infractoras y el respeto de todas las garantías judiciales. Los internautas consideran inaceptable la creación de una comisión (de naturaleza administrativa) con competencias para denunciar, multar y cerrar sitios webs. En su opinión, esas decisiones sólo pueden adoptarse por un tribunal de la administración de Justicia.

Otra de las dificultades para acercar posturas es el canon digital. Las entidades de gestión de derechos lo conciben como una indemnización frente a los estragos de la piratería. Las asociaciones de usuarios de la Red, en cambio, lo ven como un atropello contra sus derechos: una herramienta poco afinada para recuperar las pérdidas que generan las copias ilegales de contenidos protegidos. En su opinión, no se puede separar la negociación sobre el cierre de la webs con la imposición de un tributo fundado, precisamente, en la defensa de la propiedad intelectual. El Partido Popular pidió su retirada como condición para dar su apoyo al Gobierno en la ley Sinde.

En este contexto enconado todos tienen que flexibilizar sus posturas si quieren llegar a un punto de encuentro. Uno de los primeros que ha abierto un foro dispuesto a limar las discrepancias ha sido Álex de la Iglesia. En la sede de la Academia de Cine, institución que preside, ha citado este jueves a representantes de los dos bandos enfrentados. Compartirán mesa, por ejemplo, Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), con Víctor Domínguez, presidente de la Asociación de Internautas. De entrada, parece una iniciativa loable. Los representantes de los internautas valoran muy positivamente la invitación a dialogar. Sobre todo porque la convocatoria les parece más abierta que la que González-Sinde celebró en la sede de su ministerio meses atrás.

Si el hielo empieza a derretirse está todavía por ver. Pero al menos las piezas se mueven sobre tan enrevesado tablero.