Las trampas de la ley Sinde

Arriba: votación de la comisión parlamentaria de la ley Sinde. Abajo: el abogado David Maeztu, especialista en derechos de autor e Internet.

Sobre la controvertida ley son muchos los que se atreven a dar su opinión. Es lógico e incluso deseable que sea así. En una sociedad democrática los intentos de promulgar leyes deben estar sujetos al debate público. Pero esa sana confrontación de ideas puede degenerar también en guirigay, donde nadie entiende nadie, porque todos, sin excepción, intentan imponer el criterio que más conviene a sus intereses personales. En este contexto siempre son bienvenidas las voces de los técnicos. En este caso la de David Maeztu, abogado especializado en derechos de autor e Internet, que estuvo presente en la reunión organizada por Álex de la Iglesia el pasado jueves en la sede de la Academia de Cine. Él fue la persona encargada de ilustrar a los participantes sobre los aspectos estrictamente jurídicos del conflicto.

Maeztu, que se tiene bien estudiado el anteproyecto de ley de la ministra de Cultura (lleva varios meses comentándolo en su blog), ha charlado con ElCultural.es para aclarar sus puntos más escabrosos . En particular hay uno que ha despertado una gran confusión. Son las competencias reales de la comisión administrativa. ¿Puede cerrar motu proprio una web, incluso antes de contar con el respaldo de una instancia judicial? Unos dicen que sí (los internautas y sus portavoces) y otros que no (el propio Álex de la Iglesia). ¿En qué quedamos entonces? Para Maeztu no hay mucho margen para la interpretación. La respuesta es un sí taxativo: "Está negro sobre blanco: la comisión, si considera que existe una vulneración de la propiedad intelectual, puede retirar el contenido en cuestión o cerrar toda la web. Esta última opción la puede utilizar si la oferta de contenidos protegidos es algo generalizado. El problema es que la norma no detalla los criterios para establecer claramente cuándo hay una vulneración puntual o una generalizada".

Pero hay una deficiencia más grave todavía a juicio de Maeztu. "Es la gran trampa de la ley", sentencia. Y da su explicación: "Tras cerrar una web, la comisión tiene que poner en conocimiento del Juzgado Central de lo Contencioso Administravo su medida. Éste puede desautorizar el cierre (o la retirada de un contenido concreto) si estima que se ha vulnerado la libertad de expresión, pero no entra a conocer en ningún momento sobre la presunta infracción de la propiedad intelectual". Según Maeztu, es muy difícil que este juzgado dé marcha atrás a la decisión de la comisión: porque clausurar un contenido específico o un sitio web de enlaces no suele constituir una limitación de la libertad de expresión.

En esta tesitura, al afectado por la clausura sólo le queda la posibilidad de recurrir a la Audiencia Nacional. Este tribunal ya sí analizará si ha cometido realmente una actividad ilícita según la Ley de Propiedad Intelectual. "Pero hasta que la Audiencia se pronuncie, su web permanecerá cerrada, ya que el recurso no implica la suspensión del cierre decretado por la comisión". Y todos sabemos lo que tarda en emitir sentencias la administración de Justicia española. Así pues, la webs de descargas, amparadas por la jurisprudencia en la actualidad (los tribunales afirman que su función de enlazar contenidos no es ilícita), quedan a expensas de lo que decida la comisión. "La intervención del Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo es sólo un pátina de legalidad que se le da al procedimiento", remacha Maeztu.

La conclusión, según los razonamientos de este experto, es que el procedimiento que pretende instaurar la ley Sinde es un atajo al cauce ordinario para denunciar ante un juez la transgresión de los derechos de autor. Y ese atajo, encarnado sobre todo en el papel de la comisión administrativa, no asegura la tutela judicial efectiva exigida por la propia Constitución. Maeztu teme que la ley Sinde va a salir adelante. "El coste político de fracasar es demasiado grave para el Gobierno, así que lo va intentar de todos los modos posibles". Su lamento es que "si las cosas tienen que salir sí o sí, y en un plazo de tiempo mínimo, normalmente los resultados no son los deseables".