El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que incluye medidas para perseguir con más eficacia las webs de descarga ilegal, así como un reforzamiento del control y capacidad sancionadora de la Administración sobre las entidades de gestión de derechos de autor. La entidades de gestión piden su paralización.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha dicho en rueda de prensa que la norma atiende sobre todo a dos objetivos: la demanda de "mayor transparencia" en las entidades de gestión y la necesidad de actuar contra quienes facilitan "a gran escala" la descarga ilegal de contenidos culturales.

El texto, que ahora será sometido a debate de de los sectores afectados y de los organismos consultivos antes de su remisión al Parlamento, previsiblemente después del verano, pretende dar respuesta en materia de lucha contra la 'piratería' digital a la inoperancia de la Comisión de Propiedad Intelectual, transcurrido un año de su entrada en funcionamiento.

El anteproyecto, que modifica parte de Ley Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuciamiento Civil, agiliza la identificación de las páginas que facilitan contenidos no permitidos y su persecución internacional mediante edictos electrónicos. A partir de la reforma, la comisión podrá solicitar a una web con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores, sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.

También se instaura un régimen sancionador para las webs piratas, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y un mecanismo de requerimiento a las teleoperadoras y anunciantes que tengan acuerdos con páginas que faciliten descargas no autorizadas a que cesen esta actividad.

La nueva regulación otorga carácter de ley al nuevo modelo de compensación del lucro cesante que sufren los autores por las copias en soportes técnicos de sus obras. Ahora en lugar de cobrarse un suplemento por la venta de estos dispositivo, el nuevo canon se pagará a los creadores con cargo a una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado, que ha fijado en 5 millones de euros (con el primer sistema las entidades de gestión recaudaban 110 millones de euros). Así se Gobierno trata de adecuar la normativa nacional a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Padawan.

En cuanto a las entidades de gestión, el Ministerio de Cultura podrá intervenir en una entidad de gestión que haya cometido irregularidades, imponiéndole una multa que podrá llegar hasta el 2% de su recaudación anual.