José Bretón, durante una diligencia judicial./

José Bretón, durante una diligencia judicial./ E.E.

El Cultural

El fiscal pide a la Audiencia de Barcelona que paralice el libro sobre José Bretón tras no lograr que el juez lo haga

El recurso critica que Anagrama no pidiera con antelación el consentimiento del Ministerio Público para editar 'El odio', cuyo contenido afecta al honor de menores, sostiene.

Más información: El juez desoye al fiscal y rechaza parar la publicación del libro en el que José Bretón confiesa que mató a sus hijos

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La Fiscalía de Menores ha pedido a la Audiencia Provincial de Barcelona que suspenda cautelarmente la publicación y distribución del libro El odio, de Luisgé Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos menores en 2011, hecho por el que está condenado a 40 años de cárcel.

El fiscal de menores ha recurrido la decisión del juez de Primera Instancia de Barcelona que ayer denegó esa medida cautelar. El magistrado consideró que los documentos aportados por la Fiscalía -la nota de prensa de la editorial Anagrama referida al libro y noticias periodísticas- son insuficientes para hacerse una idea sobre el contenido del libro.

Para el juez, con la información aportada por la Fiscalía resulta imposible hacer un juicio provisional favorable a la paralización de la difusión del libro, ponderando adecuadamente los límites de la libertad de expresión en relación a con el derecho al honor de las personas que esgrime el Ministerio Público.

El fiscal pide a la Audiencia Provincial que revoque la decisión del juez y acceda a suspender la distribución de la publicación a fin de que el Ministerio Público pueda examinar su contenido y pronunciarse sobre el consentimiento a la difusión de la obra, al afectar a menores.

El recurso de la Fiscalía sostiene que las consideraciones del juez "carecen de fundamento" y "resultan manifiestamente insuficientes" para denegar la medida cautelar.

"No se le ha mostrado el contenido del libro porque la entidad Editorial Anagrama ha incumplido la obligación establecida en el artículo 3º de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Ese precepto establece que, cuando se trate de menores, el consentimiento para una injerencia en su intimidad personal y familiar o en su imagen "habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado".

La tesis del fiscal es que el libro afecta al honor de los menores asesinados y que Anagrama debió dar traslado al fiscal de su contenido con carácter previo a su publicación, "a fin de examinarlo y emitir el dictamen correspondiente sobre la posible existencia de la intromisión ilegítima del derecho al honor".

Por ello, considera "sorprendente" los argumentos del juez, "habida cuenta que precisamente lo que se trata de evitar de forma cautelar con la medida solicitada es la publicación y distribución del libro".

Además, sostiene que se ha enviado al Juzgado "documentación más que suficiente para valorar, prever y concluir con el debido rigor y total seguridad que sí existe el grave e inminente riesgo de intromisión ilegítima en el derecho al honor y por tanto de lesión de un derecho fundamental". Adicionalmente, tampoco consta el consentimiento de la madre de los menores.

El recurso señala que la información aportada al juez "permite concluir que el libro se hará eco de las manifestaciones del asesino de los niños, manifestaciones que por su contenido de forma inevitable al versar sobre el asesinato de los niños, darán lugar a una intromisión ilegítima en el derecho al honor".

Menciona, además, que la ley de protección del honor considera una intromisión ilegítima en ese derecho "la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas".

En  cuanto a la alegación de que la suspensión de la publicación restringiría el derecho fundamental a la libertad de expresión, el fisacl sostiene que "también estamos frente a otro derecho fundamental como es el derecho al honor", que quedará lesionado de forma "irreversible" si la publicación ve la luz.

"El daño ya estará hecho, sin perjuicio de las acciones posteriores a la lesión", afirma.