Araceli Pereda.

Alberto Ojeda
España posee uno de los patrimonios artísticos y culturales más diversos de todo el mundo. Cada pueblo tiende a ensalzar lo propio por encima de lo ajeno. Pero hay indicadores objetivos que sustentan la primera afirmación. Es el caso de las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que concede la UNESCO. Nuestro país sólo se ve superado en número por Italia, y por muy poca diferencia. Hay, pues, mucho que conservar. Pero, lamentablemente, y aunque se ha avanzado mucho en los último años, la sensibilidad social hacia este valioso acervo no está la altura de nuestra riqueza. La Fundación Banco Santander pone su granito de arena, organizando un ciclo de debates titulado Patrimonio y paisaje. Lo hace en colaboración con Hispania Nostra. La vicepresidenta de esta asociación, Araceli Pereda, en su día directora de la Fundación Banesto y de la Fundación Lázaro Galdeano, y encargada de coordinar los coloquios, reflexiona en torno a las amenazas que el culto al ladrillo origina en nuestro territorio.

PREGUNTA.- ¿Considera que las ciudades españolas crecen de acuerdo a criterios racionales, a fin de ser más agradables para sus ciudadanos?
RESPUESTA.- Lo cierto es que tales crecimientos se realizan de acuerdo a planes previamente elaborados con criterios presuntamente racionales. Pero también es cierto que muchas veces se da prioridad al empleo que genera la construcción sobre la conservación del patrimonio. Esto es engañoso porque los beneficios de este tipo de políticas no son más que inmediatos, y para muy poca gente. Lo deseable, y posible, es compatibilizar ambos intereses.

P.- ¿Este último periodo de prosperidad ha sido especialmente dañino para nuestro patrimonio?
R.- Aunque tampoco existan datos definitivos, es obvio que los periodos de prosperidad económica son más destructivos incluso que una guerra. Así lo afirman los propios urbanistas y arquitectos. Pasajes históricos como el de la Revolución Industrial lo demuestra. En España ha ocurrido así, de norte a sur y de este a oeste. Los atropellos se han cometido por todas partes, aunque quizá más gravemente en las zonas costeras. En Hispania Nostra detectamos que aunque los monumentos o los edificios se protegen, en cambio su entorno inmaterial o natural sí ha sido dañado. Un determinado monumento puede permanecer intacto pero al lado se ha levantado un bloque que impide apreciarlo bien. Eso es lo que sucede.

P.- ¿Cree que la crisis, y el consiguiente parón del sector inmobiliario, puede resultar como una especie de tregua para el patrimonio?
R.- Bueno, la situación de falta de empleo es dramática. Es motivo para lamentarse. Pero este contexto debe ser aprovechado para establecer unos nuevos valores. Hay que concienciar a la sociedad de la importancia y enorme valor de nuestros bienes culturales. No es fácil en España, donde la sociedad civil es escasamente dinámica. En conservación, los países anglosajones y escandinavos nos sacan gran ventaja.

P.- ¿Cómo habéis recibido el fallo favorable al Estado español por parte del un tribunal de Florida en el caso Odyssey?
R.- Con una gran alegría. El proceso todavía no está terminado pero ahora está decantado a favor de España. Este caso debe abrir una reflexión en torno a la protección del patrimonio subacuático, que hasta ahora parece que estaba un poco más olvidado. Hay que darse cuenta de una vez de que hay materias comunes en las que debemos trabajar conjuntamente. El ministerio está trabajando en un plan de arqueología subacuática, y me consta que todas las partes implicadas están colaborando estrechamente.

P.- ¿Cuáles son los programas de conservación más destacados en los que está comprometida Hispania Nostra?
R.- Nuestra asociación nació en 1976, en el seno de Europa Nostra, que tenía, y tiene, como principal objetivo fomentar la participación ciudadana en la defensa del patrimonio. También recompensarla con unos galardones, que entrega la Reina. Nuestros medios son limitados, por falta de tiempo y de los recursos económicos necesarios para abarcar todo lo que quisiéramos. Pero damos una servicio social útil. Porque cualquier ciudadano puede denunciar a través de nuestra lista roja los monumentos o entornos que están bajo alguna amenaza.