[caption id="attachment_1402" width="540"] Sala principal del Teatro Español[/caption]

A vueltas con el asunto de si los responsables de instituciones culturales públicas deberían nombrarse tras un proceso de selección público o por elección directa. Razones para desestimar la primera opción:

Opacidad. Referirse a estos procedimientos de selección de personal como “concurso público” es confuso e inexacto. Un concurso público se rige por criterios de publicidad y transparencia; y los candidatos deben ser elegidos por su mérito y la capacidad que demuestran mediante examen. Sería absurdo elegir al director de una institución cultural por oposición, pero estos mal llamados ”concursos públicos” están lejos de ser transparentes (no se informa, por ejemplo, de los candidatos que compiten ni de sus proyectos) y no publicitan los resultados de las evaluaciones. Son simplemente un proceso de selección de personal como los que hacen muchas empresas privadas. Eso sí, se presentan revestidos de un halo de pluralismo y adornado con una retórica vacua y moralista: por ejemplo, los procesos implantados para las unidades del Inaem se inspiran en un Código de Buenas Prácticas que dice perseguir “implantar criterios generales de ética en la actuación pública”, como si los sistemas de selección anteriores no fueran moralmente aceptables.

Alejan a candidatos de prestigio. Estos procedimientos suelen disuadir a los profesionales de gran prestigio. Muchos de estos temen fracasar en el intento y que se conozca públicamente que se han postulado.

Tribunales ¿facultados? En general, la normativa de estos “concursos” establece que los candidatos serán seleccionados por un tribunal integrado por expertos de reconocido prestigio. En ocasiones, estos “expertos” suelen estar menos facultados que los candidatos.

Mantienen la dependencia política. Podemos llevarnos a engaño acerca de la naturaleza de las instituciones culturales públicas, pero estas son un instrumento y soporte del poder político, que las ampara, las financia y desde las que impulsa una determinada política cultural. Por ello, lo  natural es que las gobierne una persona en la que el político de turno deposita su confianza. Pero mediante estos “concursos” se pretende hacernos creer que las instituciones culturales son más independientes y democráticas, porque en la elección del candidato han intervenido profesionales del sector. Es una idea falaz, las instituciones siguen vinculadas al poder, lo cual no quiere decir que su funcionamiento deba estar intervenido por este, y para su buena marcha sigue siendo capital un buen entendimiento entre el gobernante y el director.

No son vinculantes. Estos procesos de selección públicos, como se ha demostrado en el Ayuntamiento de Madrid con el Teatro Español, no tienen poder vinculante para los gobernantes. Ante un cambio político el director de la institución que fue elegido por los contrincantes políticos puede ser cesado sin coste objetivo para el gobernante. Sí para las arcas públicas, o sea, para los ciudadanos, que con toda probabilidad deberán indemnizar al despedido.

Paripé.  El “concurso” es un paripé costoso en tiempo, ilusiones y dinero. Exige reunir un tribunal de expertos a los que habrá que remunerar por su labor; se pierde tiempo en el proceso de selección, y crea falsas expectativas a aspirantes que dedican tiempo y esfuerzo en preparar un proyecto para competir por un trabajo que, en algunos casos, está dado de antemano. Postularse en un proceso de estos exige ciertas habilidades para moverse en sociedad, el éxito no depende únicamente de haber armado un proyecto y un currículum competente.