Ponme mercromina. Las COVIDayudas

A pesar de que algunas administraciones empezaron a anunciar relativamente pronto medidas de apoyo al sector cultural para paliar los efectos económicos de la COVID-19, la mayoría de las convocatorias han tardado en abrirse y muchas están aún en plazo de presentación de solicitudes. Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos han publicado ayudas  excepcionales para intentar amortiguar el batacazo. No pocas han optado por la inacción o por las expresiones de solidaridad que no se ven acompañadas de dotación presupuestaria, pero otras sí han cuantificado su mayor o menor compromiso con la cultura. Es difícil separar el grano de la paja porque se dan cantidades globales que tienen trampa, al incluir programas de ayuda que ya existían o al juntar créditos con subvenciones. Voy a intentar aquí hacer un balance de las modalidades más utilizadas para el ámbito de las artes visuales, que pueden revelar mucho sobre el diseño de las políticas culturales en el país y sobre su eficiencia. También quedará de manifiesto qué se ha olvidado o a quiénes, en expresión muy usada en estos días, se ha dejado en la cuneta.

Excluyo de esta clasificación las líneas de crédito (los préstamos), que seguramente sacarán del apuro a algunas empresas pero que no son una opción –entre otras cosas porque a menudo no van dirigidas a ellos– para autónomos o “sin papeles”, mayoría en el sector del arte. También excluyo las promesas de adelantar pagos de actividades ya contratadas, o incluso ya realizadas –la morosidad sigue ahí–, y la relajación de obligaciones para beneficiarios de subvenciones anteriores. Y las ayudas que son de carácter general, para el conjunto del tejido empresarial o para autónomos, no específicas para las actividades culturales. No tendré, finalmente, en consideración –aunque no sea desdeñable, con el horizonte de recortes que se vislumbra– las intenciones de mantener contratos vigentes y no cancelar los previstos, que es el principal compromiso del Pacto para proteger la cultura local adoptado por la Federación Española de Municipios y Provincias y que en realidad se aplica sobre todo a artes escénicas. (Recordemos aquí que las corporaciones locales, según el Banco de España, han acumulado desde 2012 un fondo de 28.000 millones de euros cuyo desbloqueo debería autorizar Hacienda para que puedan atender las urgencias ante todo sociales, desde luego, pero también reactivar con más medios la vida cultural).

Al igual que el Gobierno central sigue prometiendo poner en marcha el Estatuto del Artista, sin fijar fechas, otras administraciones aplazan el problema de la supervivencia de los profesionales vinculados a la creación mediante la “estrategia del plan estratégico” o de la ley que lo solucionará todo. Asturias promete uno para antes de que acabe este año, Aragón dice trabajar en todo un plan de recuperación cultural, que contará con un Observatorio de la Cultura, y un impulso a una ley autonómica de mecenazgo; este último objetivo está también en la agenda de la Junta de Andalucía, que dice tener un borrador avanzado. Y el Parlamento de Navarra ha aprobado una moción que insta a su gobierno a redactar una Ley Foral de Profesionales de la Cultura, a la vez que diseña un Plan de Choque Cultural. Lamentablemente, la experiencia nos hace predecir que casi todo esto quedará en agua de borrajas.

Tampoco son de todo creíbles, y ojalá me equivoque, los procesos de diálogo y consulta que se están abriendo aquí y allá. En estos meses se ha acelerado la articulación del sector y la presión de las asociaciones profesionales está siendo clave, al menos para poner los asuntos sobre la mesa. A ejemplo de la Mesa Sectorial que actúa a nivel estatal, se han constituido mesas de ámbito autonómico en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, se ha reactivado el Consejo Cántabro de Cultura y se ha anunciado un Conseyu Cultural d'Asturies.  A pesar de que algunas de las administraciones se han reunido con asociaciones para conocer sus necesidades, lo cierto es que no han respondido a ellas más que parcialmente.

Se han difundido documentos en los que las asociaciones o las mesas proponen planes completos de medidas (véase, por ejemplo, el de las asociaciones de Aragón), pero políticos y burócratas tienen las más de las veces poco empeño en acometer el rescate con toda la artillería. En parte porque requeriría una dedicación y unos medios casi inconmensurables. Porque, si quisiéramos hacer bien las cosas, no deberíamos hablar de rescate o de reactivación, de medidas extraordinarias, sino de cimentación y construcción. El tejido cultural, y en especial el artístico, es de una debilidad extrema. Y ¿cómo se ayuda de manera extraordinaria a un sector en el que, de ordinario, una grandísima parte de los trabajadores tienen ingresos por debajo del salario mínimo, o por ahí andan, se dan de alta como autónomos o empresas intermitentemente o nunca, y están acostumbrados a todas las formas de precariedad? Da la impresión de que las medidas no son más que mercromina sobre una aparatosa fractura abierta.

En muchos casos, ni siquiera les resulta posible cumplir los requisitos de las convocatorias y aportar la documentación que se solicita, permaneciendo fuera del radar. Y no estoy hablando solo de artistas noveles o con poca visibilidad sino también de los que, teniendo reconocimiento crítico y no pequeña trayectoria, venden poco y ya no están en edad de becas y residencias; de los comisarios y de los críticos, que tienen encargos o no; de personas que trabajan para instituciones o empresas culturales en servicios externalizados –no olvidemos a educadores y mediadores–, como falsos autónomos o con jornadas reducidas; e incluso de autónomos o pequeñas empresas que ofrecen servicios relacionados con las exposiciones o los catálogos y que tienen que competir con las grandes siempre a la baja.

En el sector de las artes visuales todo son compromisos verbales y es bastante habitual no firmar contratos cuando se pone en marcha un proyecto. Puede pasar que estos se formalicen cuando está a punto de inaugurarse. Y que se cobre cuando hayan pasado meses. Un artista o un comisario pueden haber estado investigando, escribiendo, preparando materiales… durante un tiempo considerable antes de que el proyecto se materialice. Y es posible que no llegue a buen puerto, por un cambio de planes del comitente, por un ajuste presupuestario…. ¿Cómo demuestra que ese es un tiempo de actividad? ¿Y cómo demuestra una posible pérdida?

¿Ordinario o extraordinario?

Los observatorios de la cultura tendrán que valorar si las ayudas publicadas llegan a quienes las necesitan. Pero en este país, con niveles tan bajos de autoevaluación y rendición de cuentas, nos quedaremos seguramente sin saberlo. También habría que poner bajo el microscopio las cuestiones “contables” de las ayudas, desentrañando los comunicados en los que los responsables políticos sacan a relucir algunas “medidas” que en verdad son programas que ya existían. Hay que tener cuidado con esa manipulación porque distorsiona el esfuerzo real de las administraciones. Pondré el ejemplo del Gobierno de España. Cuando el 29 de mayo Rodríguez Uribes compareció en el Congreso para informar sobre las medidas relacionadas con la COVID-19 afirmó que el Ministerio de Cultura y Deporte había concedido de manera urgente  más 1,5 millones de euros a trece instituciones vinculadas con el patrimonio y el arte contemporáneo. Lo que no dijo es que se trata de las habituales subvenciones a instituciones privadas que otorga cada año el Ministerio, con similar importe en 2019 (aquí y aquí las convocatorias del año pasado). Y los representantes de los partidos en la Comisión de Cultura se lo tragaron. Algo similar ha ocurrido en Baleares, donde, según denunció el IAC, el Institut d’Estudis Baleàris presentó como ayudas por la COVID-19 unas subvenciones que estaban ya en los presupuestos, aunque se extendió la fecha de cierre de la convocatoria. Unidas por Extremadura ha calificado de “reajuste de subvenciones” las medidas de apoyo a la cultura de la Junta de Extremadura, “que no aportan nada nuevo y que afectan a un grupo muy concreto de agrupaciones, empresas o artistas”. También en Galicia: el Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da COVID-19 incluye entre las medidas dirigidas a las artes visuales (un total 365.000 €, sin desglosar) la realización del Encontro de Artistas Novos, que alcanza este año su décima edición sin grandes variaciones de presupuesto, que ronda los 25.000 €.

En este mismo sentido, recordemos que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunció en ARCO –atención: antes de que se declarara el estado de alarma– que destinaría 1,1 millones de euros en 2020 a la difusión del arte contemporáneo. Se refería a una subvención para la participación de las galerías andaluzas en ferias, con una dotación de 500.000 €, y a unas ayudas para “el desarrollo de exposiciones y certámenes y el fomento de proyectos destinados a la investigación y la sensibilización social”, con algo más de 600.000 €. Pues bien, cuando esas partidas se han metamorfoseado en “ayudas COVID”, la primera se ha reducido a 150.000 € –tiene su lógica: se están cancelando las ferias internacionales para los próximos meses– y de la segunda sabemos que lo más fácil es que se posponga a otro año. O ya si eso.

Reducción también en Cantabria, donde las ayudas para la participación en ferias, que se han barnizado de COVIDayuda, han pasado de 85.000 a 50.000 €. En Galicia, por rematar este capítulo de las galerías y las ferias, no sé qué importe de esa partida global mencionada piensa dedicar la Xuntaa los “profesionales del ámbito artístico para la asistencia a ferias, ni si supondrá un incremento respecto a la habitual subvención a galerías para el mismo fin (30.000 € en 2019), pero sí sé que en este momento es una partida poco prioritaria y que estas medidas no están bien diseñadas.

Llama la atención el caso del Cabildo de Gran Canaria, que ha sido una de las administraciones más originales a la hora de diseñar sus medidas de apoyo, y que presenta como gasto extraordinario lo que debería ser gasto corriente pero no lo es por carencias presupuestarias. La infradotación de muchas instituciones culturales en España propicia casos como el del CAAM, que podrá con estas ayudas realizar tareas básicas de catalogación de la colección, mediante la contratación temporal de dos historiadores del arte y cuatro fotógrafos, y la digitalización de las publicaciones del museo. También se vende como excepcional la contratación de un equipo de trabajo para la apertura del nuevo MUBEA, que debería inaugurarse dentro de dos años. Incluso se incluye como medida la “contratación de dos técnicos jurídicos y dos ADE para agilizar contrataciones”. Más de medio millón en contratos. Y restauración de fachada del CCAM, señalética y campaña publicitaria para el MUBEA…

Es posible que estos “disfraces” tengan que ver con la dificultad que tienen algunas administraciones para incrementar el gasto durante el ejercicio. Vemos, así, que las verdaderas ayudas llegarán en determinados casos en 2021, mientras que en 2020 se mantiene simplemente, con suerte, el gasto previsto. Es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que promete, para sus habituales líneas de subvenciones al tejido cultural, un incremento sustancial del presupuesto total “para contar con una cuantía global que duplique la actual”.

Pero vamos ya con las modalidades de ayudas que se están ofreciendo aquí y allá. La casuística de las que están ya en proceso de concesión, como van a ver, es solo relativamente variada.

Ayudas directas

Son muy pocas, aunque las más generosas y las más democráticas, por indiscriminadas. Con lo que eso tiene de bueno y de malo. Se otorgan por orden de llegada o de sorteo y cuando se agota el importe presupuestado se interrumpe la adjudicación. Son ayudas orientadas al conjunto de sectores culturales –artes visuales, escénicas, música, audiovisual…– sin señalar cuotas para cada uno de ellos, y los beneficiarios han de estar dados de alta en el IAE, en una serie de epígrafes.

Nada menos que 2,5 millones de euros repartirá el Gobierno Vasco a través de sus “Ayudas extraordinarias para las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”. El importe recibido corresponderá al 70% de la media mensual de ingresos netos declarados en 2019 en la actividad cultural de que se trate, con un máximo de 1.200 € al mes. Se han recibido 330 solicitudes, así que llegarán no a todos pero sí a muchos. La letra pequeña hace difícil para los profesionales independientes más precarios optar a ellas, como a tantas otras. Para empezar, tal y como apuntaba antes, no siempre es fácil demostrar que una actividad artística, casi siempre tan en el aire, ha sido cancelada o suspendida. La duración de la ayuda también es arduo precisarla pues no puede ser superior “al periodo de duración de la actividad profesional que se encontraba realizando la persona beneficiaria el día 13 de marzo de 2020 y que tuvo que ser suspendida o cancelada y/o de duración de los contratos que hayan sido suspendidos o cancelados, celebrados con anterioridad, para su ejecución en el periodo de duración máxima de la ayuda”. Cuando los burócratas dicen “cultura”, quieren decir “espectáculos”. Que lo son, sin duda, pero no abarcan todo.

Tan es así que en Cataluña, el “Ajut econòmic extraordianri per a les persones professionals de la cultura”, que se destina a quienes acrediten una reducción drástica e involuntaria de sus ingresos, parece haberse olvidado de las artes visuales. Se dirige a las actividades englobadas en los ámbitos del teatro, los conciertos, el circo y la danza. ¡Y son 5 millones de euros, que se quieren hacer llegar a unos 6.000 destinatarios, con un importe máximo de 1.024 € al mes!

En Asturias, el Gobierno del Principado ha presupuestado 500.000 € para conceder ayudas directas de 700 €, en una paga única, que obtendrán unas 700 personas. No es gran cosa pero seguro que algo ayudará a quienes la reciban. Es requisito haber estado dado de alta como autónomo al menos durante sesenta días durante los nueve meses anteriores a la declaración del estado de alarma, en alguno de los epígrafes de una relación muy precisa del Impuesto de Actividades Económicas (por lo que, de nuevo, no llegará a los más precarios) y demostrar una reducción de ingresos de al menos un 50%.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha publicado una convocatoria que dirige a creadores en todos los ámbitos culturales, incluidos los artistas visuales. Ofrece 3.000 € por cabeza, por orden de llegada de solicitudes hasta sumar 1,2 millones, que es una muy buena cifra. Cuidado porque las bases parecen dar a entender que se pide a cambio una obra original (“Realizar y entregar en la sede de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el plazo de seis meses a contar desde la concesión de la subvención, una obra original e inédita”). Pero me aclaran desde la Secretaría General de Innovación Cultural y Museos que la subvención "no conlleva la cesión de derechos de propiedad intelectual, ni tampoco se contempla la adquisición, venta o transmisión patrimonial de la obra; el artículo ha de ser interpretado en el sentido de exigir al beneficiario la realización de una obra en el plazo de seis meses, y presentar la documentación acreditativa de haberla realizado efectivamente, en tiempo y forma".

Ayudas para cubrir gastos de funcionamiento

Están pensadas sobre todo para empresas u organizaciones con instalaciones propias. En Cataluña, donde la suma de los niveles de la administración aportan la más cuantiosa y variada batería de medidas de apoyo en España, la Generalitat ofrece dos modalidades. La primera, del Institut Català de les Empreses Culturals, beneficia, en nuestro sector, a las galerías de arte. Con una dotación de 8 millones de euros, es muy comprehensiva: cubre, hasta un máximo de ¡30.000 €!, gastos de personal, alquiler o hipoteca, suministros, seguros, de adaptaciones de seguridad, impuestos y cuotas de autónomos, siempre que no hayan aplicado un ERE.

La segunda es para fundaciones, asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. Cuenta con 2 millones de euros para cubrir el 100% de los gastos de las solicitantes, hasta un máximo de 5.000 €, en el período desde la declaración del estado de alarma hasta el momento en que cada una haya podido recuperar el 70% de la actividad: alquiler, cuotas de préstamos para el mantenimiento de la actividad cultural, proveedores, servicios básicos, suministros, nóminas y otros gastos.

Esta atención desdoblada no se da en Mallorca, donde el Consell ha comprometido medio millón de euros para pagar gastos de funcionamiento (entre 600 para autónomos y 1.800 € para empresas con entre cuatro y diez trabajadores) dejando fuera el gran “volumen de  de asociaciones sin ánimo de lucro que dinamizan la cultura de la ciudad”, en palabras del IAC. Sufragará gastos corrientes de alquiler, agua, luz, teléfono, seguros, servicios gestoría, alquiler de material para actividades o proyectos y cuotas de autónomos. En Baleares, el gobierno del archipiélago ha anunciado ayudas para la sostenibilidad de las empresas culturales, con 490.000 € para empresas (por concurso) y 460.000 € para autónomos (por orden de entrada). Cubrirán alquiler de locales y espacios de trabajo, gastos de gestoría, asesoría laboral y gestión de recursos humanos, cuotas de la Seguridad Social, seguros, telefonía e Internet, y gastos de líneas de crédito, del 14 de marzo al 30 de junio. Además, habrá una tercera línea de 300.000 € para ferias, festivales y jornadas culturales, para cubrir gastos de actividades aplazadas o canceladas, y otra de 150.000 destinada a la sostenibilidad de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

En Castilla y León, las empresas culturales con hasta cinco trabajadores podrán optar a una subvención para hacer frente a gastos de suministros, mantenimiento, alquiler o hipoteca de locales, cuotas por pertenencia a asociaciones, material de oficina, seguros, gastos de asesoría, equipamientos informáticos, publicidad, renting o leasing. El presupuesto es de 400.000 € (ampliables en 200.000) y los importes percibidos oscilarán entre 500 y 2.000 €, que se adjudicarán por orden de presentación de solicitudes.

Como variante de esta modalidad, el ICUB (Ayuntamiento de Barcelona) acaba de concretar cómo ayudará a empresas y organizaciones culturales para compensar gastos realizados para actividades o proyectos que han debido cancelarse, reprogramarse o redimensionarse. Destinará a ello 1,3 millones de euros (el importe incluye la Modalidad B de las ayudas, que se menciona más abajo), con ayudas individuales de 20.000 € como máximo y gastos que supongan hasta un 80% del importe del proyecto.

Y aún otra variante en Barcelona (ICUB). Se subvenciona el IBI a entidades abiertas al público, incluidas las galerías de arte. Tan fácil, tan útil… y no se le ha ocurrido a ninguna otra ciudad incluirlo como COVIDayuda. Aunque ya existía en Madrid algo equivalente, una rebaja en el IBI cultural, que el alcalde Martínez-Almeida ha relanzado ahora.

Adquisición de obras

Se puede afirmar que esta es la fórmula predilecta en todos los niveles de la Administración. Es una iniciativa que beneficia a los artistas que sean elegidos por los respectivos comités y, en el caso de trabajar con galerías, a estas. Como medida de apoyo, bienvenida sea, pero chirría que hayan de llegar estos tiempos tan malos para que algunas colecciones tengan la oportunidad de crecer. Y además se plantean algunas cuestiones espinosas. En primer lugar, algunas administraciones no aclaran cuál será el destino de las obras adquiridas. Cuando lo hacen, se trata por lo general se trata del museo público de arte contemporáneo de referencia en el territorio, lo cual es lógico. Son museos que, con excepciones, tienen magros presupuestos para adquisiciones y que se ven obligados, de golpe, a elegir un buen número de obras entre lo que artistas y galeristas propongan. Que no tiene por qué ser siempre lo mejor y lo más necesario para la colección. Como, lógicamente, se trata de repartir, se limita el precio de las obras, lo que puede tener consecuencias en la importancia, digamos, histórica de las incorporaciones a las colecciones. A valorar: se incrementará la representación de artistas españoles (o de la región o de la ciudad) en los museos, que muchas veces no tienen suficiente presencia.

Ya saben que, a nivel estatal, el Museo Reina Sofía recibirá las obras adquiridas por el Ministerio de Cultura y Deporte. En Andalucía, el beneficiario de la convocatoria para adquisiciones de la Junta será el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla. La partida es de 500.000 €. Por comparar: después de años de enorme sequía, el museo dispuso en 2019 de algo más de 200.000 € para comprar cerca de 60 obras (habían sido 13 en 2018 y 15 en 2017) y tenía presupuestados 180.000 para 2020, que suponemos se sumarán al importe de la convocatoria. Galerías y artistas podrán enviar sus propuestas (con precio inferior a 14.000 €), las cuales serán evaluadas por una comisión (cargos políticos y del museo) que presentará una selección de 75 obras para su aprobación a la Comisión Técnica del CAAC.

La cifra se repite en diferentes convocatorias: 500.000 €. Son los que invertirá la Comunidad Valenciana en el Plan incentivo del patrimonio artístico valenciano, que existe desde 2017 pero que aumenta su presupuesto respecto a años anteriores con motivo de la crisis por la COVID-19, recuperando la dotación con la que arrancó esta colección de arte contemporáneo de la Generalitat: fueron 264.594 € en 2019, 239.445 € en 2018 y 512.000 € en 2017. Así que, en parte, se trata de una de esas “medidas a medias”, que no suponen un incremento, o no tan grande como se publicita. La compra se hará a través del Consorci de Museus.

La Comunidad de Madrid invierte también medio millón de euros y las adquisiciones irán al Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles, correspondiendo la selección a la Comisión de Valoración de Adquisiciones de la comunidad autónoma. En este caso sí se precisa bien cuál es el incremento: el importe se suma a los 230.000 € que se gastaron en ARCO, a los 10.000 € del Premio Estampa de la Comunidad de Madrid, a los 15.000 del nuevo Premio Apertura y “a la parte del presupuesto ordinario de la Comisión, todavía no ejecutado, de 45.000 €”. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha anunciado que dedicará 100.000 € a la adquisición de obras para el Museo de Arte Contemporáneo municipal, que está más muerto que vivo, sin más detalles; el importe es una ridiculez si se compara con la suma de ayudas del consistorio: 7,5 millones que van casi íntegramente a las artes escénicas y audiovisuales. “También se está estudiando la cesión permanente de los pabellones de la Casa de Campo para que artistas plásticos puedan desarrollar sus creaciones, impulsando el contenido cultural de dichos espacios”.

El Cabildo de Gran Canaria también aclara cuál será la ganancia del CAAM, al que llegarán las adquisiciones que realice ahora (aunque también al futuro MUBEA): son 400.000 € que se suman a los 50.000 presupuestados para el primero de estos museos y a los 100.000 para el segundo.

En Galicia, el Plan de reactivación mencionado incluye una partida de 200.000 € para adquisición de obras de arte, que se limita, sin sentido, a los “artistas emergentes”, como si los mayores de 35 no tuvieran seguramente aún más dificultades o no estuvieran contribuyendo con su trabajo a la “creación actual”. Se sabe muy poco de la medida: no se ha establecido cómo se seleccionarán las piezas y a qué colección irán, aunque lo lógico sería que su destino fuera el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Este apoyo a los jóvenes lo enmarca la Xunta en la celebración del Xacobeo 2021, sobre el que pivota, con la vista puesta más en el turismo que en la cultura propiamente dicha, todo el plan de reactivación, como ahora seguiremos viendo.

Otras administraciones han comunicado su intención de adquirir obras de arte, sin cuantificarla (pero no se esperan grandes esfuerzos). Son, por ejemplo, el Principado de Asturias (para el Museo de Bellas Artes), la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Castelló. El Ayuntamiento de Santander, por su parte, adquirió el mes pasado siete obras, con una pequeña inversión de 28.000 €, a las galerías de la ciudad.

Apoyo a proyectos

En este capítulo he detectado dos tendencias: la primera es la de las convocatorias tematizadas, con cierta carga ideológica, y la segunda la de las que se desarrollan en territorio digital, que son apenas “gestos” de apoyo.

La Xunta de Galicia ha vinculado al Xacobeo y a la potenciación del gallego el nuevo Fondo para proxectos culturais. Tiene limitación argumental: “O fío condutor da temática dos proxectos en calquera das diferentes modalidades previstas xirará arredor dos eixes de acción estratéxica da Consellería de Cultura e Turismo. Entre eles: Ano Xacobeo e Camiño de Santiago, turismo, patrimonio cultural, lingua galega, exposicións temáticas, efemérides de relevancia cultural (…) usos e costumes que poñan en valor a riqueza patrimonial e cultural propias de Galicia”. En referencia a los artistas, se les pide que presenten obras ya realizadas, por lo que no debería hablarse de “proyectos” sino más bien de ayudas al trabajo cotidiano, aunque parece que también se contempla la posibilidad de financiar futuras exposiciones. Los autónomos recibirían 4.000 € y las empresas y entidades 10.000 €. La amplia dotación global es de 1,5 millones (para el conjunto de los sectores culturales).

También está tematizada la subvención extraordinaria (300.000 €) del Ayuntamiento de Barcelona per a nous projectes en clau reproductiva i d’innovació, que atiende con preferencia a los creadores independientes y al tejido de cultura de base con proyectos que desde “la creación, la investigación y la innovación ayuden con mirada amplia a comenzar a dibujar un escenario de futuro en el que se garanticen los derechos culturales”. Es la Modalidad B de las ayudas del ICUB que antes mencioné. Las categorías contempladas son: nuevas acciones de contexto (programaciones adaptadas al entorno digital y a la distancia social); nuevas líneas de investigación en procesos de innovación y divulgación; iniciativas ciudadanas que den respuesta a los retos urbanos y proyectos que tienden a la creación de redes y capital social; y a proyectos de creación en estado de pre-producción, laboratorio o investigación, quedando excluidas las producciones artísticas (¿¿??).

No tengo muy claro que deba incluir aquí el Banco de Proyectos del ICAS (Ayuntamiento de Sevilla) dotado con 330.000 € porque, aunque se presenta como una “ampliación” por causa de la COVID-19 de una convocatoria ya existente, no tengo datos económicos de ediciones anteriores. Pero sí que es un claro ejemplo de tematización. Junto a la línea “Laboratorios de creación Centro Magallanes_ICC” (90.000 €) para intervenciones en la Real Fábrica de Artillería, la línea “Investigación y creación contemporánea” (240.000 € para dos años) ha de ceñirse a unos campos de acción: cultura de proximidad, creación comunitaria, mediación y participación; arte y cultura en entornos educativos, o destinado a la infancia y juventud; medio ambiente, ecologismos y sistemas urbanos; igualdad, migraciones y multiculturalismo; cultura gitana contemporánea.

Más neutra es la convocatoria del Gobierno de Canarias para subvencionar cien proyectos de investigación y creación con un presupuesto global de 300.000 €, todos para artes visuales, para variar (suelen incluirse todos los ámbitos culturales). A 3.000 € por cabeza y con una comisión de valoración de técnicos y expertos.

Y más modesta, lógicamente, es la convocatoria de proyectos de creación e investigación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca a través del Casal Solleric, que tiene trampa: el importe de las ayudas, 50.000 €, sale del presupuesto de este centro de arte, que tendrá que recortar en otra partida. Los de creación recibirán un máximo de 6.000 € y los de investigación de 4.000 €. Las bases han sido pactadas con las asociaciones profesionales del sector, que estarán representadas en el jurado de selección.

Extremadura ha prometido unas Ayudas para la Innovación Cultural, dotadas con 300.000 €, para “proyectos de investigación e innovación que contribuyan al desarrollo económico de la industria cultural en Extremadura”. Sin más noticias.

Enlazando con estas últimas y pasando a la segunda categoría de convocatorias, deducimos que las administraciones entienden en gran medida la “innovación” como presencia online. Y lo que han hecho básicamente es crear plataformas para la difusión de proyectos culturales, remunerando en ocasiones a los creadores con más o menos pequeñas cantidades. El Consorcio de Museus de la Generalitat Valenciana ha publicado la convocatoria #CMCVaCasa para dar a  conocer 100 contenidos culturales, tanto nuevos como preexistentes, en el campo de la teoría y la práctica de las artes visuales. Artistas y galeristas recibirán 1.000 € por proyecto.

La Diputació de Barcelona habilita una plataforma por medio de la Xarxa Audiovisual Local para la difusión de contenidos culturales: artes en vivo, artes visuales y patrimonio local –muy bien esta adición–, con dotación de 700.000 €. Por su parte, el Principado de Asturias, ha lanzado ya Asturies, Cultura en Rede, con unos honorarios para los artistas que se quedan muy cortos: 250 € para 50 propuestas (artes escénicas, artes plásticas, literatura, música y cine) que se presentan en formato vídeo. Además, Laboral Centro de Arte, que aumenta su programa de residencias de producción artística (20), cede espacios a creadores e industrias culturales, asegura que dará prioridad en la programación a los artistas asturianos y desdobla el Premio LABjoven_Los Bragales: serán este año dos los premios, a proyectos concebidos para mostrar en internet (vídeo, arte sonoro, net.art, performance online etc) con dotación de 5.800 € cada uno.

El Gobierno de Cantabria, que se ha significado en estos días por el sostén proporcionado a la futura (ojalá se consiga parar) intervención de Okuda sobre el Faro de Ajo, que ha soliviantado con mucha razón a la comunidad artística, se muestra muy tacaño con el resto de artistas. Su convocatoria "AL AIRE" dirigida a ellos, a comisarios y a gestores culturales, tiene dos secciones. En una, se elegirá una obra de 30 artistas para hacer a partir de ella una edición de 50 ejemplares en A4 que se venderán a 20 €, derivados al artista (alguno se hace rico…). En otra, el artista, comisario o gestor desarrollará una idea de su interés y del de los asistentes en una micro acción o taller de media hora y recibirá 250 €. Además, subvenciona con 30.000 € dos exposiciones itinerantes de artistas cántabros, 29 en cada una de ellas, organizadas con las galerías: una para menores de 40 años a los que se compra la obra por 700 € y otra para mayores, sin compra pero con remuneración.

Los olvidados

La mayoría de las medidas publicadas están dirigidas al arte actual y, en buena medida, a los artistas. Otros profesionales quedan menos atendidos pero lo más sangrante es la exclusión de todo un área cultural que relacionamos con el arte pero que lo excede: el patrimonio y los museos. Exceptuando a los pocos que van a contar con un presupuesto de adquisiciones extraordinario y a los que, como el CAAM, podrá hacer frente a tareas postergadas, no van a contar con ninguna ayuda, más allá de las provisiones para establecer medidas de seguridad para el control de acceso la circulación de los visitantes en la “nueva normalidad” y de alguna campaña para captar público. Los responsables políticos han “dejado en la cuneta” a museos, monumentos visitables, yacimientos… A menudo se trata de bienes de titularidad pública y se confía en que seguirán contando con las arcas públicas. Pero, ¿será así? Aviso de nuevo: vienen recortes. Muchos de estos equipamientos viven también ya en la precariedad y sus penurias repercuten en los trabajadores que contratan y que dejan de contratar, y en los profesionales que colaboran con ellos en tantas tareas de conservación, investigación, servicios culturales…

Pondré un ejemplo: el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) de Huesca. Aragón es una de las comunidades autónomas, con Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y La Rioja, que no ha hecho prácticamente nada para evitar el desplome. Es más, lo ha precipitado. Participa en la Fundación Beulas, junto al Ayuntamiento y la Diputación de Huesca, a la que han cortado de cuajo el sustento. En mayo se reunió su patronato para decidir la cancelación de todas las exposiciones programadas en 2020, sustituidas por la obras de la colección permanente. Con el argumento de que el estado de alarma había paralizado el ingreso de las subvenciones que la fundación recibe de las administraciones, se daba orden de no realizar ningún gasto. En el manifiesto "Cultura en Huesca", suscrito por numerosos profesionales y simpatizantes, se extiende el alcance de esas decisiones: "Todos los trabajadores del CDAN están sin cobrar sus salarios, a pesar de que su equipo técnico se encuentra en situación de teletrabajo desde sus propios equipos informáticos, ordenadores, teléfonos, papelería y sus conexiones wifi" y "los productores culturales de dichas exposiciones no han cobrado por trabajos ya realizados".

Incluso los museos "ricos" están ya en recesión. Ya saben que la Fundación Joan Miró en Barcelona solicitó enseguida un ERTE y, que al igual que el Museo Picasso de esa ciudad, ve sus finanzas al borde del abismo. Hace un par de semanas supimos que el Ayuntamiento está "trabajando en un fondo covid-19 para aliviar la situación de museos como el Picasso y la Miró, que dependen mayormente de turistas y que este verano se verán afectados por la falta de extranjeros”. En esa misma categoría de museos turísticos, el Guggenheim Bilbao ya ha comunicado que tiene "significativos" recortes en perspectiva, por ahora solo aplicados a la programación expositiva.

Encontramos contadas excepciones a esta marginación de los museos en los planes de recuperación. La Generalitat de Cataluña ha abierto una convocatoria “en el ámbito del patrimonio cultural, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la implementación de programas estratégicos y de proyectos específicos para museos”, dotada con 350.000 €. Seguramente no es suficiente, pero es algo. Y la Junta de Castilla y León prepara un mix en el que caben varios tipos de beneficiarios relacionados con el patrimonio.

Apenas me he referido en este informe a las medidas estatales del Ministerio de Cultura y Deporte. Hay poco más que comentar sobre ellas. Por mucho que la cultura sea una competencia descentralizada se esperaba otra cosa, y para valorar su cortedad solo hay que comparar las cantidades globales que el Estado dedica a las artes visuales con las que manejan las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos más grandes, sin ser estas exorbitadas. Pero no puedo dejar de mencionar, para concluir, algunos sus olvidos. Mientras liquidaba la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes y se enzarzaba con los toreros, al ministro se le ha olvidado suspender (no posponer) el pago de cuotas de autónomos, reducir el IVA cultural, que Alemania acaba de bajar al 5%, potenciar de verdad el mecenazgo, sacar partido del 1’5% cultural, aumentar notablemente la dotación de las subvenciones ya existentes y diseñar otras que palien carencias estructurales y circunstanciales, o garantizar a los museos estatales que no van a tener problemas de funcionamiento.

NOTAS:

Para ampliar información sobre las convocatorias, pongan atención en localizar las abundantísimas correcciones publicadas, que intentan solventar sobre la marcha los errores en su formulación.

Mi agradecimiento a los miembros del Consejo Territorial del Instituto de Arte Contemporáneo, que han hecho un gran trabajo previo de recopilación y valoración de convocatorias y que me han facilitado información y herramientas para la interpretación.

Es muy posible que no haya localizado alguna medida importante. Agradeceré las aportaciones o enmiendas de los lectores, que pueden hacerme llegar a través de redes sociales.