Durante el último gobierno del PP el Ministerio de Cultura emprendió un proyecto asombroso viniendo de un partido que, siendo muy hábil en otros terrenos, demuestra una persistente falta de inteligencia política en sus relaciones con la cultura: la redacción de una ley de teatro en la que fueron invitadas a intervenir las asociaciones profesionales del sector. Iba por el séptimo borrador cuando llegó el cambio de gobierno. El PSOE obvió aquel proyecto, cometiendo con ello una torpeza morrocotuda, pues podrían haberlo culminado, para bien de todos, y habérselo apuntado, si así hubieran querido, como triunfo propio. Pero el ciudadano sólo interesa mientras hay elecciones y hacen falta clientes, perdón, votantes. Aquel proyecto era importante: estaba, como digo, en etapa de borrador, pero, por primera vez en nuestra historia, se contemplaba un marco legal para el teatro desde todas sus perspectivas: la profesional, la educacional, la social. El texto era, además, lo suficientemente flexible como para no limitarse a la normativa entumecedora y dejar espacios de respiración. Ahora, la Asociación de Directores de Escena (ADE) ha presentado su propio proyecto de Ley de Teatro y nos ha devuelto al debate. Aclaro que tengo algunos serios desacuerdos con este nuevo plan, que, en mi opinión, es demasiado deudor de ciertos modelos de la izquierda con los que no comulgo, lo cual se refleja en la obsesión taxonómica y el proteccionismo exacerbado. Pero aplaudo sin vacilaciones ni sentimentalismos lo que esta presentación tiene de vigorosa acción civil: ciudadanos activos que le recuerdan a las administraciones que no están haciendo su trabajo, y que están más que dispuestos a hacerlo ellos si la cosa no cambia. Falta la reacción de los políticos ante este proyecto, aunque seguramente ni se enteren: están muy ocupados pensando en cómo explicar esa corrupción urbanística de la que nadie, jua, jua, sabía nada hasta antesdeayer. Igual, en vez de una Ley de Teatro, nos solucionan lo nuestro con un decálogo.