C. Manso

Este libro habría sido importante en cualquiera de los más de cuarenta años en los que ETA ha escrito su cruenta historia. Hoy lo es quizá más que nunca, por el sospechoso y renovado aleteo de los faisanes negociadores.

¿Cuánto cuesta ETA? Distinguidos economistas han analizado el problema, incluyendo a una de sus víctimas, Ernest Lluch, que escribió sobre ello en nuestra querida "España Económica" ya en 1988. Este libro es un nuevo y profundo análisis de la cuestión, debido a Mikel Buesa, economista y catedrático de la Complutense, que procura ponderar todos los terribles costes que impone la violencia etarra.

El Capítulo 1 aborda la economía depredadora del terrorismo, estima los frutos pecuniarios de su acción delictiva y no tan claramente delictiva, puesto que confirma que, por ejemplo, hay fondos canalizados por ONGs que finalmente acaban en manos manchadas de sangre. Así, los ciudadanos ven transferidos sus recursos hacia el terrorismo "por medio de la extorsión, el saqueo y el pillaje, los tráficos ilícitos, los actividades económicas de naturaleza delictiva y el control del mercado negro, así como mediante la obtención de recursos exteriores, sean éstos aportaciones de residentes en el extranjero, transferencias gubernamentales o fondos de ayuda humanitaria".

El Capítulo 2 entra concretamente en las finanzas de ETA y revela que su extorsión entre 1978 y 2008 permitió a los desalmados usurpar más de 115 millones de euros. Es una suma enorme, pero por desgracia no es todo, y el doctor Buesa denuncia la repugnante complicidad de los nacionalistas en diversas ayudas a los etarras, porque no hay "ninguna duda acerca del importantísimo papel que ha ejercido el gobierno vasco en la provisión de recursos financieros a las diversas entidades del entramado terrorista... entre 1993 y 2002, tres cuartas partes de los fondos públicos que fueron a parar a manos del entorno organizativo de ETA procedían de los presupuestos del gobierno vasco". El Capítulo 3, sobre terrorismo y economía en el País Vasco, subraya que "los costes directos del terrorismo son muy superiores a los recursos que emplea el conjunto de las entidades que forman el entramado de ETA". Estos costes han sido muy abultados en términos de población emigrante, empujada a abandonar su tierra por el acoso de nacionalistas y terroristas, y también en términos de empleo y de actividad económica.

El Capítulo 4 retrata el País Vasco como una sociedad atemorizada. El totalitarismo siempre es una combinación de mentira y violencia. Así sucede en esa tierra española, donde reina la mendacidad victimista, la ficción pseudohistórica, y la agobiante y permanente primacía de la colectividad sobre el individuo. La violencia allí cubre un amplio abanico, desde la muerte hasta la exclusión, la desmoralización y el relativismo dentro del quebrantamiento del estado de derecho. Como ha dicho José Varela Ortega: "Una parte no desdeñable de los vascos ha decidido aprender a convivir con la opresión, la injusticia y el crimen, a tolerarlo, a disculparlo y hasta justificarlo".

El papel del nacionalismo es importante, no porque sea homicida, que no lo es, sino porque su distorsión ideológica lo lleva a no combatir a los homicidas. Es el nacionalismo el que fomenta la anomia que termina en una condescendencia hacia el terrorismo: el Euskobarómetro "revela que el terrorismo se ha considerado como un problema de segundo orden". El papel de las autoridades ha sido crucial en dos campos de sobresaliente importancia: primero en la Ertzainza, donde se esmeraron en desactivar el sistema institucional; y segundo en el acoso a los jueces, amedrentados no sólo por la amenaza terrorista sino también por "la actuación deslegitimadora de los partidos nacionalistas, y, en especial, del gobierno vasco durante la presidencia de Juan José Ibarretxe". Todo esto golpea a la sociedad, entumece su conciencia y contribuye a que se autoengañe con respecto al terrorismo, llegando a creer en la mentira nacionalista fundamental, según la cual los males de los vascos derivan de un "problema político" con España, y todo se resolvería si todos fueran nacionalistas.

Mientras no sabemos qué están haciendo los socialistas en sus negociaciones, tratos o contratos, conviene recordar la información de Mikel Buesa: el terrorismo se ha animado cada vez que ha participado en política gracias al equívoco derivado de pensar que sus ramas no abiertamente criminales son otra cosa diferente, porque la representación institucional le ha permitido lograr tres fines: "dotarse de un potente medio de difusión de su programa independentista y totalitario, allegar recursos económicos sus arcas, y construir un espacio geográfico en el que hacer visible la debilidad del Estado y experimentar su propio proyecto de construcción de una sociedad unidimensional". El principal coste del terrorismo son sus víctimas, y a ellas dedica el profesor Buesa el capítulo 5 y último. Encabezan la lista, por supuesto, las 828 personas asesinadas, pero la lista completa es mucho más extensa, desde los heridos hasta otros numerosos damnificados física, psíquica y económicamente, incluyendo los 125.000 ciudadanos que se estima integran la llamada diáspora democrática vasca, que abandonaron el País Vasco por las amenazas terroristas y la opresión nacionalista.

El carácter no sólo analítico de este libro sino moralmente interpelante aparece con claridad desde el principio pero sobre todo en sus páginas finales, que describen crudamente el resultado de la acción del terrorismo, llamado con acierto el Mal en su sentido más absoluto. Deberían leer nuestros gobernantes que "cuando el poder político negocia medidas de gracia con los terroristas, priva ilegítimamente a las víctimas su derecho a ser los sujetos del perdón". El escarnio es mayor cuando los asesinos no sólo no han pedido perdón a sus víctimas sino que sistemáticamente adoptan una actitud de desafío y arrogancia, creyendo que son el bien, que no tienen culpa alguna.

El hermano de Mikel, Fernando Buesa, a quien el libro está dedicado, fue asesinado por ETA junto con su escolta, Jorge Díez, el 22 de febrero de 2000. Pocos meses antes había dicho ante las Juntas Generales de Álava: "La paz sin justicia no es paz; la justicia exige que los daños que se causaron se reparen, exige sobre todo que las condenas se cumplan; yo no puedo estar de acuerdo en que quien ha cometido un delito gravísimo de terrorismo, que ni siquiera ha pedido perdón a las víctimas a quienes ofendió, y que además cumple su condena de acuerdo con la ley, esté en la calle".