Autarquía y mercado negro
Carlos Barciela (ed.)
20 noviembre, 2003 01:00
La interpretación comúnmente aceptada sobre la economía del primer franquismo atribuye la principal responsabilidad del escaso grado de crecimiento y de la reducción del nivel de bienestar a la política autárquica y dirigista seguida en esa época.
El libro editado por Carlos Barciela, autor de excelentes monografías sobre la economía del franquismo, acepta esta interpretación, pero, además, aporta nuevas informaciones que contribuyen de modo fructífero a deshacer estereotipos y a suscitar dudas en un terreno histórico propicio al reduccionismo histórico.
En el interesante capítulo que el propio Barciela escribe con Inmaculada López Ortiz sobre la agricultura del primer franquismo, se concluye con un juicio adverso sobre la política intervencionista que en la memoria colectiva queda asociada a las cartillas de racionamiento, los precios regulados administrativamente y el inevitable mercado negro o -en el término de entonces- estraperlo. Barciela y López Ortiz subrayan el cambio flexibilizado que se produjo en aquella política agraria con Cabestany, en 1951, tímida pero decidida transición hacia el mercado abierto y plural para los bienes de primera necesidad. En cuanto a los programas de colonización, destaca la superficie de tierras puestas en regadío, de cerca de 200.000 hectáreas, entre 1951 y 1960, lo cual equivalía a un tercio de las tierras regadas en España antes de 1950. En realidad, pudo no tenerse suficientemente en cuenta otras alternativas de aprovechamiento del secano, de modo que se procedió a la extensión de zonas regables sin suficientes criterios de rentabilidad.
La década de 1950, según David S. Reher, fue también un período de optimismo demográfico, frente a la década anterior en que resultaba aún visible la impronta de la guerra. Se aceleró el proceso migratorio, después de 1950, y se redujo la mortalidad infantil hasta niveles similares al resto de Europa occidental, hacia 1960. Posiblemente cabe atribuir a la Sección Femenina del Movimiento una influencia positiva en la educación materna y la puericultura, durante el veintenio 1939-1959. Por el contrario, según Clara E. Núñez, la inversión estatal en educación elemental, a diferencia de lo ocurrido durante la República, fue deficiente -y en la superior, de mala calidad- de modo que puede hablarse, en este sentido, de verdadero coste generacional y descapitalización. Resulta significativo que, en la España de comienzos de los cincuenta, la Iglesia llamara la atención sobre su contribución a la enseñanza de niños y jóvenes, sin financiación pública para sus centros educativos.
Para J. A. Miranda y E. Torres, la industrialización fue el objetivo económico prioritario, buscado a toda costa -en el sentido literal del término- por el Estado franquista. Este impulso no sólo estuvo protagonizado por el poderoso INI, fundado en 1941, sino también por muchos empresarios particulares, cuya inversión neta aumentó por encima del 4 por 100 al año, de 1950 a 1958, a pesar de frecuentes y entorpecedores obstáculos administrativos que aumentaban los costes de entrada y transacción en el mercado.
El libro editado por Carlos Barciela, autor de excelentes monografías sobre la economía del franquismo, acepta esta interpretación, pero, además, aporta nuevas informaciones que contribuyen de modo fructífero a deshacer estereotipos y a suscitar dudas en un terreno histórico propicio al reduccionismo histórico.
En el interesante capítulo que el propio Barciela escribe con Inmaculada López Ortiz sobre la agricultura del primer franquismo, se concluye con un juicio adverso sobre la política intervencionista que en la memoria colectiva queda asociada a las cartillas de racionamiento, los precios regulados administrativamente y el inevitable mercado negro o -en el término de entonces- estraperlo. Barciela y López Ortiz subrayan el cambio flexibilizado que se produjo en aquella política agraria con Cabestany, en 1951, tímida pero decidida transición hacia el mercado abierto y plural para los bienes de primera necesidad. En cuanto a los programas de colonización, destaca la superficie de tierras puestas en regadío, de cerca de 200.000 hectáreas, entre 1951 y 1960, lo cual equivalía a un tercio de las tierras regadas en España antes de 1950. En realidad, pudo no tenerse suficientemente en cuenta otras alternativas de aprovechamiento del secano, de modo que se procedió a la extensión de zonas regables sin suficientes criterios de rentabilidad.
La década de 1950, según David S. Reher, fue también un período de optimismo demográfico, frente a la década anterior en que resultaba aún visible la impronta de la guerra. Se aceleró el proceso migratorio, después de 1950, y se redujo la mortalidad infantil hasta niveles similares al resto de Europa occidental, hacia 1960. Posiblemente cabe atribuir a la Sección Femenina del Movimiento una influencia positiva en la educación materna y la puericultura, durante el veintenio 1939-1959. Por el contrario, según Clara E. Núñez, la inversión estatal en educación elemental, a diferencia de lo ocurrido durante la República, fue deficiente -y en la superior, de mala calidad- de modo que puede hablarse, en este sentido, de verdadero coste generacional y descapitalización. Resulta significativo que, en la España de comienzos de los cincuenta, la Iglesia llamara la atención sobre su contribución a la enseñanza de niños y jóvenes, sin financiación pública para sus centros educativos.
Para J. A. Miranda y E. Torres, la industrialización fue el objetivo económico prioritario, buscado a toda costa -en el sentido literal del término- por el Estado franquista. Este impulso no sólo estuvo protagonizado por el poderoso INI, fundado en 1941, sino también por muchos empresarios particulares, cuya inversión neta aumentó por encima del 4 por 100 al año, de 1950 a 1958, a pesar de frecuentes y entorpecedores obstáculos administrativos que aumentaban los costes de entrada y transacción en el mercado.
