Carla del Ponte. Foto: Archivo

Dieciséis años después del establecimiento del primer tribunal internacional desde los de Nuremberg y Tokio, tras la II guerra mundial, es hora de hacer un primer balance. Las memorias de Carla del Ponte (Bignaso, Suiza, 1947), escritas con la ayuda de Check Sudetic, ex reportero del New York Times, cuya traducción al castellano acaba de publicar Ariel un año después de la primera edición en inglés (Madame Prosecutor. Confrontations with Humanity'’ Worst Criminals and the Culture of Impunity), son una fuente indispensable para conocer los crímenes cometidos en las guerras balcánicas de los 90 y los límites de la nueva justicia internacional en la posguerra fría.

A pesar de carecer de una fuerza policial o militar para hacer cumplir sus decisiones, los tribunales para la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y Líbano, y el Tribunal Penal Internacional establecido en la conferencia de Roma del 98, que vio la luz en 2002 tras las ratificaciones necesarias, ya han acusado y juzgado o detenido a unas 300 personas de doce países, entre ellas tres ex jefes de Estado y varios ex primeros ministros. Sin su influencia, es imposible que 16 ex jefes de Estado o de Gobierno hubieran sido procesados en tribunales de sus propios países por corrupción o violaciones de los derechos humanos.
El fiscal internacional, además de investigar, identificar a los sospechosos y vigilar el procedimiento, tiene que hacer de diplomático, psicólogo, político y recaudador de fondos para que las autoridades nacionales detengan y entreguen a los presuntos culpables y el tribunal disponga del tiempo y de los medios necesarios para juzgarlos. Muy complicado.

Pocos lo saben mejor que Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia desde 1999 hasta 2007, tras una durísima batalla contra la mafia siciliana y el blanqueo de dinero en su país natal, Suiza. Todavía hoy, retirada como embajadora de su país en Argentina, vive con escolta permanente por las amenazas de muerte que ha recibido. Su libro no es un catálogo de los juicios y contra los criminales balcánicos, sino un repaso pormenorizado, valiente y nada diplomático de sus dificultades para hacer justicia y acabar con la impunidad en los Balcanes.

No es casualidad que los trece capítulos en los que, por orden cronológico y geográfico, se ordenan sus recuerdos empiecen con el verbo enfrentarse: al muro di gomma (la mafia) hasta el 99, a los crímenes de Yugoslavia, Ruanda, Kosovo y Montenegro desde entonces, aguas pobladas por periodistas, soldados, espías, contrabandistas…, rara vez por jueces y fiscales en busca de justicia que no sea la de los vencedores.

Del Ponte no deja títere con cabeza: desde el ex director de la CIA, George Tenet, a los responsables de las repúblicas balcánicas, pasando por los máximos dirigentes militares, civiles y religiosos de Occidente. La ex fiscal hace una radiografía reveladora de los incontables muros di gomma (excusas, mentiras, disculpas, medias verdades, incumplimientos y toda clase de comportamientos hipócritas) con los que, sistemáticamente, se encontró en su búsqueda de la justicia.

¿Lecciones? Los fiscales deben perseguir a los criminales de todos los bandos enfrentados o no sirven para nada. Los mandatos deben dirigirse contra los criminales de más alto rango, por complejo que sea el procedimiento, o pierden legitimidad. En el futuro, las salas de primera instancia, no sólo las fiscalías, tienen que adoptar posiciones más firmes y sonoras para obligar a los gobiernos a colaborar en la entrega de toda prueba necesaria. Apenas iniciado su mandato, los fiscales tienen que formar unidades de seguimiento con potestad para efectuar detenciones, con toda la ayuda financiera y logística de la ONU… (p. 411-418)