El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República

Anuncio de una corrida en apoyo del Frente Popular en febrero de 1936

Hallar enfoques novedosos en cuestiones ampliamente tratadas constituye uno de los retos de cualquier investigador de las ciencias sociales. Eso es lo que pretenden Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en este análisis de diversos aspectos del funcionamiento político de la Segunda República española, continuando en cierto modo la senda abierta por el primero de los autores citados en un libro que obtuvo un merecido reconocimiento hace pocos años, El camino a la democracia en España (2005), en el que comparaba agudamente nuestras dos grandes "transiciones" políticas del siglo XX, las de 1931 y 1978.

Es inevitable reconocer que la novedad antes aludida difícilmente puede ser absoluta en este ámbito -baste recordar los estudios pioneros de J. J. Linz, Santiago Varela, Javier Tusell o Santos Juliá-, pero hay que darle la razón a Tardío y Villa cuando argumentan en las páginas preliminares que ha habido una notoria postergación de la vida política republicana como "objeto de estudio autónomo" en beneficio de otras perspectivas que integran ese entramado político -y por tanto, en cierto modo, también lo difuminan- en estudios más amplios de las "estructuras económicas, sociales y culturales".

Por tanto, lo que va a encontrar el lector en estas páginas es un estudio exclusivamente político del régimen instaurado el 14 de abril. Se reconoce la importancia de otras variables -desde las dificultades económicas al contexto internacional- pero en este caso no se toman en consideración porque se parte de la hipótesis (luego confirmada por los datos) de que en la esfera política, sin más añadidos, pueden detectarse algunas claves fundamentales que explican las graves limitaciones del sistema, sus disfuncionalidades y, a la postre, su fracaso. En este último punto está la clave del asunto, pues lo que aquí se sostiene es que la rebelión del 18 de julio no dio al traste con un régimen floreciente sino que, muy al contrario, el sectarismo de éste, su radicalidad, su incapacidad de integración y su "déficit de legitimidad" condujeron al levantamiento militar.

Entiéndase bien, no se trata de justificar la sublevación ni, mucho menos, trazar un determinista camino hacia el abismo. "Al contrario, el abismo podría haberse evitado y la democracia podía haber funcionado" (p. 10). Pero, precisamente por ello, los "responsables de ese fracaso tuvieron nombres y apellidos", abarcando en este apartado no sólo a personas, sino a partidos, sindicatos e instituciones diversas. A señalar la parte de responsabilidad que le toca a cada uno de ellos se dedican los capítulos que siguen.

Una de las grandes virtudes del libro es la claridad con la que se desbroza la intrincada maquinaria política y la precisión con que se desmenuzan los factores que llevaron a una situación explosiva. Empiezan los autores por denunciar la "exclusión de los moderados" desde el nacimiento del régimen, cuestión esencial para entender su devenir: la relegación de importantes sectores sociales y políticos y la instauración de una violencia crónica fueron el peaje más obvio que hubo de pagarse por ello. Pero además la mecánica parlamentaria presentaba graves deficiencias, los partidos no estuvieron a la altura de los tiempos, los líderes no supieron ni quisieron pactar, el sistema electoral tuvo cnsecuen- cias perversas y no funcionaron las instituciones teóricamente moderadoras, como la presidencia de la República.

Así las cosas, sólo faltaba que los grandes enemigos del sistema, a uno y otro lado del espectro político -desde la derecha montaraz a los anarquistas- se echaran a la calle en un desafío permanente que, no lo olvidemos, también fue secundado en momentos puntuales por otras fuerzas políticas que debían haber estado comprometidas con la lealtad institucional (los socialistas en la revolución de Asturias).

Brillante y polémico -difícilmente pueden suscribirse todas sus tesis en un terreno tan resbaladizo- el enfoque de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García conduce así a responsabilizar básicamente a los agentes políticos, y sobre todo a los que ocuparon altas responsabilidades, del fiasco de aquel proyecto democratizador.