La Junta de Personal Funcionario de Toledo ha exigido dimisiones en la Consejería de Sanidad, a raíz de la sentencia que obliga al Gobierno regional a reponer a un veterinario en su puesto de trabajo en la fábrica de Incalopsa ubicada en Tarancón (Cuenca), tras denunciar maltrato animal en dicho matadero. 

La Junta de Personal ha culpado al Gobierno regional de "connivencia" con la empresa cárnica y, por ello, ha pedido la dimisión de "todos los cargos implicados" en el expediente sancionador que ha sido anulado por vía judicial. En concreto, se apunta al consejero de Sanidad y al director general como figuras que deben asumir las responsabilidades.

Así, ha considerado que lo ocurrido en el matadero de Incarlopsa durante los últimos años, "que ha sido constatado en los hechos probados de la sentencia", es la "prueba irrefutable" de que el Gobierno regional "ha actuado al dictado de una empresa".

Denuncian coacciones

En este sentido, ha achacado al Ejecutivo "coacciones a funcionarios públicos hasta el punto de apartarlos de su puesto de trabajo, usurpándoles la autoridad que deberían tener como personal inspector de la Junta de Comunidades". No obstante, la Junta de Personal ha advertido de que el caso de Incarlopsa "no es un puntual", sino que esta situación se produce "sistemáticamente en los distintos cuerpos funcionariales encargados de la labor de inspección pública".

Por ello, ha criticado que, "cuando la normativa entra en conflicto con los intereses económicos de determinada empresa, la administración mira para otro lado y no protege la labor de sus funcionarios".

Sin embargo, la Junta de Personal ha valorado la "labor incansable" del personal público para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar animal o la protección del medio ambiente. Además, la Junta de Personal ha señalado que, "con una sentencia de este calibre, lo normal sería que el presidente regional, Emiliano García-Page, cesara a los responsables, que asumiera responsabilidades o que asumiera algún error".