Financiación autonómica: Coste asociados a servicios públicos fundamentales

Un tema central en la articulación de un sistema coherente y racional de financiación autonómica va a ser la determinación de los criterios para la valoración de costes en la prestación de servicios, a cargo de las Comunidades Autónomas, a los que vincular las necesidades de gasto. 

Resulta altamente complicado realizar una estimación directa de las necesidades de gasto homogéneo por CC.AA., por lo que una alternativa evidente a partir del modelo actual sería revisar la definición de población ajustada para que refleje el principio de unidad de necesidad de forma más uniforme en todos los territorios. 

El concepto de población ajustada del modelo actual no responde a un estudio riguroso de necesidades, sino a unas ponderaciones que intentan incorporar las diferencias en necesidades y en costes de oferta en la provisión de servicios públicos básicos. Así, se intenta ajustar por la pirámide de población para tener en cuenta los colectivos que requieren mayor gasto. Entendemos que debería revisarse la incidencia que el volumen de población menor de 24 años y la mayor de 65 años tiene sobre el coste final de la prestación de servicios públicos, aunque es evidente que la ponderación asignada a variables de este tenor será siempre discutible si no se realiza un análisis riguroso de su incidencia en la utilización de los servicios públicos. 

Es mucho más problemática la inclusión de variables no poblacionales, como la superficie o la dispersión de la población. Entre otros elementos a considerar, no suelen tenerse en cuenta los costes fijos en que se incurre para la prestación de los servicios que resultan especialmente gravosos en aquellas Comunidades de menor tamaño o con una mayor dispersión poblacional por lo que tienen que realizar mayores inversiones en colegios o centros de salud. En este sentido, parece especialmente deficiente la definición de la variable “dispersión” que tiene en cuenta exclusivamente el número de entidades singulares, núcleos de población de cada CA, sin considerar factores tan relevantes como densidad de población o distancia entre núcleos de población. 

Valga como ejemplo que no parece razonable que Asturias y Cantabria, Comunidades uniprovinciales con muchas entidades singulares con distancias reducidas entre ellas, se beneficien en mayor medida de esta variable que las CA con mayor extensión geográfica de nuestro país: Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón. Es evidente que habría que considerar de manera rigurosa la distancia de la población a los centros educativos y sanitarios, la necesidad de una mayor dotación de centros para prestar los servicios públicos, especialmente en el caso de la educación obligatoria y la atención sanitaria primaria, y, en general, todos los factores que determinan el sobrecoste en la prestación de los servicios públicos derivados de la dispersión poblacional y el vaciamiento territorial.

Otro elemento que habría que recuperar en relación a modelos anteriores es la variable renta per cápita, ya que su no consideración compromete el objetivo de solidaridad interterritorial que se pretende con la nivelación. Es un hecho contrastado que las CA con menor renta per cápita tienen un mayor porcentaje de usuarios tanto de sanidad como de educación pública, al no disponer de oferta razonable en el sector privado. Las variables poblacionales no explican adecuadamente el coste de la prestación de los servicios públicos por cuanto ignoran la participación del sector privado en su provisión y, por tanto, el efecto en los costes que se derivan de la reducción de usuarios de los servicios públicos.

Entendemos que, ante una falta de revisión integral del modelo, el debate se va a centrar en la determinación de las variables que configuran el indice de población ajustada en el modelo vigente y que será determinante del reparto de los Fondos,  y aquí nuestra Comunidad tiene que jugar sus cartas en coalición con aquellas otras que tienen una problemática similar, sin que los colores políticos puedan distorsionar decisiones que afectan al bienestar de nuestros ciudadanos. 

Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM