El cambio de domicilio social entre las empresas a otras comunidades autónomas es el mejor y más fiable termómetro para medir el clima de negocios que perciben los inversores a la hora de establecer su domicilio social en un territorio determinado. Una sensación que va más allá de las declaraciones de parte que en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha son frecuentes y tan prometedoras. Sin embargo, son otros factores, que no esta locuacidad institucional, los que determinan realmente a las compañías a la hora de cambiar de ubicación.

Los datos subrayan que la movilidad de empresas entre comunidades de España es común, aunque no afecta de la misma forma a todos los territorios. Según los datos ofrecidos por el Colegio de Registradores de España, Castilla-La Mancha fue durante el pasado año uno de los territorios del Estado más afectados por esta fuga de empresas a otras comunidades, tan sólo por detrás de Navarra (54 empresas menos), Castilla y León (-59), y Cataluña (-181) debido principalmente a la alta presión fiscal existente y la inestabilidad que todavía genera un gobierno independentista.

En el caso de Castilla-La Mancha, la fuga de empresas a otras comunidades durante 2022 fue de 259, por 220 entradas, lo que resulta un saldo neto negativo de 39 empresas menos. Una fuga cuyas empresas se dirigieron principalmente a Madrid (165), -la misma procedencia que la mayoría de las que se establecieron en Castilla-La Mancha- Andalucía (30) y Comunidad Valenciana (26). Un número nada desdeñable de empresas que peregrinó desde nuestra comunidad autónoma a otros territorios en busca de un marco más propicio para su actividad ya sea desde el punto de vista fiscal, normativo, político, jurídico e institucional, o un poco de todos ellos.