Fue con el gobierno de María Dolores de Cospedal, en plena crisis derivada de la caída de la economía en 2008, cuando se redujo drásticamente el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. La oposición puso el grito en el cielo argumentando que era un atentado a la representación democrática de la ciudadanía. Sin embargo, en 2023 habrán concluido dos legislaturas con gobiernos del PSOE y este partido no ha hecho nada para rectificar el ajuste de Cospedal. Gracias a ello, el parlamento castellano-manchego es uno de los más baratos de España, si no el que más.

La Comunidad de Madrid anunció hace meses que también iba a proponer la reducción de un tercio de escaños en la Asamblea, aunque Ayuso y Vox no podrán sacarlo adelante porque no contarán con mayoría suficiente para ello. La intención, igual que lo fue de Cospedal, es hacer política en las cámaras legislativas con menos políticos y con menos costes. 

Según datos publicados por Vozpópuli sobre los presupuestos del Parlamento nacional (Congreso y Senado) y de las 17 cámaras regionales, "los 1.817 diputados existentes en España supondrán en 2022 un gasto total 625,2 millones de euros. Lo que equivale a un coste medio por cada político de 344.000 euros tanto de sus nóminas como de las indemnizaciones que reciben, las subvenciones a los grupos políticos y toda la generación de gastos de personal y corrientes que suponen".

La mayor partida de gasto de los 19 parlamentos correspondería a las nóminas de los 1.817 representantes políticos, "así como de los casi dos millares de asesores y al cúmulo de empleados públicos adscritos (no hay posibilidad de saber cuántos son pero se calcula que más de 8.000). Los gastos de personal representan el 60% del presupuesto total (370,3 millones, unos noventa millones más que en 2015)", explica el mismo medio en un amplio reportaje.

En cuanto a los parlamentos regionales, Cataluña es quien más destina a esta partida (41,4 millones frente a los 25,4 millones en 2015 y un 61% más desde el referéndum independentista de 2017). Le siguen: Madrid con 24 millones y Comunidad Valenciana (21,1 millones). Casi un tercio de estos gastos totales de personal (unos 106 millones, un 20% más que en 2015) van destinados a las retribuciones directas de los políticos. El presupuesto de las Cortes de Castilla-La Mancha apenas supera los 11 millones de euros, uno de los más bajos del mapa autonómico.

En el reparto de las retribuciones de los diputados, el Congreso y el Senado destinan más de 38 millones en nóminas directas a los políticos mientras que Cataluña emplea 11,2 millones; Madrid, 8,2 millones y País Vasco, 5,9 millones. Cantabria, con un millón, Castilla-La Mancha (1,6 millones) y La Rioja (también 1,6 millones) son las que menos presupuesto tienen para sus políticos.

La asamblea de Madrid es el único parlamento que ha incrementado el número de diputados en los últimos años debido al aumento de la población. Tras el Congreso y el Senado (615 parlamentarios), Madrid lidera este ranking. Cataluña tiene 135 representantes, Andalucía 109 (pese a tener más población que las anteriores) y 99 la Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha, con 33 diputados, es la cámara con menor número de diputados, con diferencia respecto a las demás, excepto Cantabria, comunidad uniprovincial que tiene 35. En Castilla-La Mancha las cosas seguirán por el momento como están y no hay indicios de que vayan a cambiar. Aumentar el número de diputados en las Cortes regionales sería una decisión muy impopular en estos tiempos de crisis.