Este martes, EL ESPAÑOL se hacía eco del fallecimiento en Estepona (Málaga) de Javier Biosca, el ciber-broker acusado de liderar la mayor estafa en la historia de nuestro país relacionada con las criptomonedas y que según los afectados asciende a 800 millones de euros. Este hombre, que se precipitaba desde el balcón de un quinto piso de un hotel poco después de haber sido puesto en libertad bajo fianza, guardaba una estrecha relación con Fuensalida, localidad de la provincia de Toledo en la que vivió varios años y era bastante conocido.

Antes de fundar Algorithms Group, compañía a través de la cuál llevó a cabo la supuesta estafa, Biosca trabajó en una agencia de marketing digital llamada Tuseoysem entre 2010 y 2019 en la comarca de Torrijos. Entre los servicios que ofrecía se encontraba el diseño de páginas web y apps móviles, además de la realización de trabajos de marketing online, redes sociales, blogs y posicionamiento en internet.

En 2019 fue el año en el que junto a su mujer y su hijo, Biosca comenzó su negocio ligado a las criptomonedas a través del que puso en marcha una supuesta estafa piramidal que la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas cifra en 800 millones de euros.

La denuncia de esta asociación que agrupa unos 700 afectados llevó a Biosca, que ya había trasladado su residencia desde Fuensalida a la Costa del Sol, a ser detenido por varios delitos entre los que se encuentran los de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

El también conocido como Rey de las criptomonedas permaneció encarcelado hasta hace tres meses, cuando fue puesto en libertad después de haber aportado la fianza de un millón de euros que le solicitó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal.

Tras conocerse su fallecimiento, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas ha aportado un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que piden al Juzgado que requiera el certificado médico de defunción y que paralice la incineración del cadáver hasta que sea sometido a una autopsia que aclare los motivos de la muerte.

El documento, que sí apunta a un suicidio, también subraya las supuestas "amenazas" que habría sufrido Javier Biosca por parte de grupos criminales, con los que habría estado vinculado a través de sus negocios de criptomonedas.