Se puede decir que, salvo algún traspiés -como el de la desbocada subida de la energía eléctrica-, de unos meses a esta parte, casi todo ha sido una marcha triunfal para Pedro Sánchez, en particular durante este verano que ya da sus últimas boqueadas.

Primero fueron las primarias andaluzas, con la victoria del predilecto de Ferraz, que ganó por goleada a la gran enemiga interna, aquella Susana, otrora exultante y aspirante a todo, que apuñaló en Ferraz a su secretario general; día arriba o abajo se produjo el pinchazo de asistencia al conclave patriota de Colón, con la metedura de pata de Ayuso, retando al rey a no firmar los indultos a los presos independentistas. Vino después la exitosa resolución de la crisis de gobierno, con la salida de la principal bestia negra de toda la derecha, Pablo Iglesias, y que suponía un desgaste permanente, además de restar apoyos internos al gobierno, sobre todo entre los antaño traidores barones socialistas. Pero no acaba ahí la cosa.

Al final del verano todo vuelve a la anormal normalidad política que nos invade desde hace tiempo, pero los éxitos del presidente, no reconocidos por nadie, han continuado. La retirada de la alianza occidental de Afganistán ha desgastado, y mucho, al presidente de los EEUU, pero no al inquilino de la Moncloa, que incluso ha ganado prestigio internacional, gracias al trabajo de todo el equipo español, diplomático y militar, que ha conseguido sacar del infierno a unos cuantos miles de ciudadanos afganos, en particular mujeres, que figuraban en las listas negras de los talibanes. La pandemia no ha desgastado al gobierno tanto como preveían los sociólogos de encuestas a petición de parte, pero, lo que parece que puede abrir un boquete de gran tamaño, en la nave gubernamental, resulta que no son las ya tradicionales desavenencias internas en la coalición, como la del salario mínimo, si no esa barbaridad que es el mercado incontrolado de la energía eléctrica. Ni siquiera la arriesga operación de los indultos hace bajar la intención de voto tanto como el recibo de la luz. 

Quien anhela cosechar los réditos del desgaste, -todavía por ver si es así- es el líder del PP y licenciado en Aravaca, señor Casado. Su abstinencia parlamentaria y su negativa a cualquier colaboración, incluso en los asuntos de Estado, no parece pasar factura al principal partido de la oposición, sino al contrario, más bien parece que puede hacerle recuperar la posición de liderazgo único en la derecha, y, incluso, le puede llevar a adelantar en votos al PSOE, por ahora solo en las encuestas. Las acusaciones constantes de traición a España, dirigidas al gobierno, lejos de cansar al respetable, tienen un efecto de reagrupación del rebaño en torno a un partido al que tampoco desgasta el calendario judicial presente y futuro. Incluso una gran falacia, repetida mil veces con distintas excusas, me refiero a la acusación de responsabilidad del gobierno, en la grave anomalía que supone tener un Consejo del Poder Judicial, con mandato caducado hace casi tres años, no perjudica al único responsable, vale decir el grupo parlamentario que preside Pablo Casado. 

Con motivo de la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes, ha vuelto a pedir al parlamento que se cumpla el mandato constitucional de elegir nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Claro que, una vez más, el antes asesor y director general del Partido Popular lo hace con la boca chica, como si no fuera con él, cuando tiene a mano, él y los veinte vocales, la posibilidad de dimitir de sus cargos, y así obligar al Congreso y Senado a hacer su tarea de renovar la composición del CGPJ. El equipo de propaganda de Génova 13, en sus “ideas fuerza del día”, no para de inventar motivos para decir que no a la renovación de instituciones del Estado, como lo son el propio CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Por su parte, también algunos medios de comunicación vuelven a recordar la renovación pendiente, mejor dicho, la voluntad del PP de no llegar a acuerdo alguno con el gobierno de Pedro Sánchez al respecto, a pesar de que, la más relevante institución del Estado -por aquello de los tres poderes-, de las citadas, tiene el mandato caducado de todos sus integrantes. La colección de excusas de Pablo Casado, para no ponerse de acuerdo con el gobierno, podría abarcar una larga lista, tanto como la de los prospectos de contraindicaciones de un fármaco. Ahora, una vez que Pablo Iglesias ha salido del gobierno, y ya no hay peligro de que el vicepresidente proponga a uno o varios jueces bolivarianos, Cataluña es la excusa perfecta, léase los indultos a los presos del procés, o la mesa de diálogo, siempre con la falacia de la venta de una parte de España a los separatistas. Pero ahora hay otra que parece más rentable y que, repetida hasta la saciedad, ha conseguido calar en una ciudadanía desinformada de como funcionan las instituciones y cual es la legitimación de cada una de ellas, es decir la propuesta de una nueva Ley que adjudique a los propios jueces la titularidad exclusiva del Poder Judicial.

El mantra de que lo democrático es que sean los jueces quienes elijan a los integrantes del CGPJ suena bien, como muy democrático, y que cumple mejor con la separación de poderes, pero tiene trampa, y es por lo mismo que conviene decirle al señor Casado que lo que propone, aunque tenga el apoyo de muchos jueces, tiene más que ver con el Estado corporativo de Mussolini, intentado copiar aquí por el general Primo de Rivera, que con un régimen parlamentario occidental. Si los jueces eligieran a todos los jueces de ese alto organismo del Estado, también los médicos, por ejemplo, podrían exigir que el Ministerio de Sanidad, y todo lo que tiene que ver con la salud, estuviera gobernado, sin interferencia alguna de nadie, por los profesionales de la salud y nadie más. Es decir, la legitimación no serían las urnas, abiertas a toda la ciudadanía, si no solo la de aquellos que tienen un título universitario determinado y han ganado unas oposiciones, aunque, rizando el rizo, también la sanidad privada pediría su parcela de poder, o todo él, acusando a su vez al resto de estalinista. Un puro disparate, por muchos apoyos que consiga el señor Casado, que sigue sin aportar el ejemplo de un solo país en el que lo que propone sea así. Sin ir más lejos, en su país de referencia política, los EEUU de América del Norte, el supremo órgano de la magistratura lo designa el propio presidente de la República, y son después ratificados por el Senado. Son inamovibles una vez nombrados, y cada presidente solo puede hacer nombramientos respecto a las vacantes que se producen, normalmente por defunción.

Mas cerca, en Europa, tenemos que en Italia existe un organismo similar, cuya presidencia recae en el presidente de la República, y a nadie se le ocurre decir que ese sistema altera la independencia de los jueces, ni siquiera en los tiempos en que un antiguo comunista, Giorgio Napolitano, ocupaba la jefatura del Estado. Reitero que, en muchos países, muy democráticos, no existe ese organismo de gobierno de los jueces y sus funciones, más o menos regladas, son ejercidas por el ministerio pertinente, en cuanto a cuestiones como salarios, antigüedad, vacaciones, tal y como ocurría en España antes de la Constitución y la Ley Orgánica. Los nombramientos relevantes de tribunales como el Supremo suelen ser realizados por el Senado o una comisión especial en los casos de sistema unicameral.

El actual sistema es mejorable, viene de 1985, de cuando se hizo la Ley Orgánica, y, a la fórmula de elección de los doce jueces del CGPJ, -pues los ocho restantes eran y son juristas de reconocido prestigio, como catedráticos o abogados con quince años de ejercicio profesional-, se le llamó entonces “la enmienda Bandrés”, pues fue este diputado, único electo de su partido, Euskadiko Ezquerra, el que sacó del apuro al PSOE gobernante, que no sabía como resolver el galimatías del mandato constitucional del nombramiento de doce miembros “entre jueces y magistrados”.  Lo que no dice la Constitución, les vino a decir Bandrés, es quien elige a esos doce. El sistema de elección de los ocho juristas resulta que sí que lo dice la Constitución, de redacción mejorable en todo ese articulado, y es la de cuatro el Congreso de los Diputados y cuatro el Senado. Había un precedente del que ahora nadie habla, o nadie se acuerda, y es el del primer Consejo del Poder Judicial (1980-1985), anterior a la Ley orgánica, nombrado en tiempos de UCD y que optó por dejar en manos de los jueces, por entonces agrupados todos en una única asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, con el resultado de que el Opus Dei tuvo mayoría absoluta en aquel primer Consejo, presidido por un juez de la derecha moderada, Federico Carlos Sainz de Robles. Esa presencia de la secta católica en la judicatura persiste al día de hoy en todos los escalones de la judicatura y la fiscalía, en parte por la solvencia de sus centros de enseñanza superior, con profesores que son funcionarios en activo de todos los altos cuerpos del Estado.

Otro dato desconocido por el gran público es que la elección de los doce jueces que ocupan los cargos de vocales en el CGPJ, y que también son propuestos por Congreso y Senado, han pasado por un proceso de elección interna, avalado por las asociaciones de jueces, pero al que puede optar cualquier juez, aunque no pertenezca a ninguna de las asociaciones existentes, y que abarcan casi todo el mapa político; basta con una recogida de avales y la concurrencia a esas primarias, que para la pendiente renovación ya se celebraron hará unos tres años. Solo queda pendiente ahora la “selección” parlamentaria entre varias ternas o candidaturas, apoyadas o no por las asociaciones. El sistema ha tenido, a lo largo de los años, varias reformas, sin alterar lo esencial; la última relevante en tiempos de Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, y que redujo la dedicación en exclusiva de los vocales, dejando solo la de aquellos que ocupan cargos ejecutivos, por lo que, como se ha señalado por más de un experto,  podría darse colisión de intereses, pues hay jueces que siguen al frente de su juzgado y otros, los abogados o catedráticos, también podrían incurrir en conflicto en el ejercicio de su profesión, dejando aquí el asunto por ser la casuística muy prolija y tediosa de explicar.

Lo que ocurre en nuestro país, y eso redunda en el descrédito de la Justicia, es que se ha desvirtuado el sistema de elección de vocales del CGPJ, convirtiéndose en un cambio de cromos acrítico, entre las cupulas de los dos principales partidos a lo largo de muchos años. No obstante, eso nada tiene que ver con la independencia de los jueces que, en su gran mayoría, salvo los del Tribunal Supremo, llegan a sus destinos por méritos reglados, como la antigüedad o años acreditados de especialidad en una jurisdicción determinada.

Otros elementos que contribuyen al descrédito de la Justicia son su elitismo y endogamia, y esto si que es urgente atajarlo, en particular por parte de un gobierno que presume de acercar la igualdad a todos los ciudadanos. Me refiero, de una parte, a las oposiciones a la judicatura, que suponen, tras acabar la carrera de derecho, más algún master, dedicarse en exclusiva, durante dos, tres o cuatro años, a preparar unas pruebas memorísticas muy duras, además de pagar, aunque no es obligatorio, pero si conveniente, a un preparador, que suele ser un magistrado o fiscal, lo que convierte esas clases en un lujo muy caro, al alcance de pocos bolsillos. La endogamia no es una teoría de la conspiración de este modesto periodista, si no una realidad constatada, sobre todo si consultamos la publicación del Escalafón de la carrera Judicial, también la Fiscal, y veremos apellidos que se repiten desde hace muchas décadas, por lo que no hay que ser malpensados para colegir que hay castas y familias, además de la conocida presencia del Opus Dei en estos altos cuerpos de funcionarios.

Hay quien dice que, sobre todo, lo que más influye en Pablo Casado para no renovar el CGPJ, de mayoría conservadora, es el frente judicial, con varias causas que tienen, bien en prisión o bien investigados, a un buen número de dirigentes populares, y que es ahora precisamente cuando más arrecia la tormenta en la que el PP está enfangado desde hace años. La verdad es que, hay que ser muy entusiasta, para creerse la versión que ha dado al juez la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, sobre sus encuentros con el comisario Villarejo en la sede popular de la calle Génova madrileña. Lo cierto es que el juez García Castellón, muy de la casa él, ha comprado la mercancía, y ya veremos si se ve o no ratificado tras el recurso de la Fiscalía. No hay que ser el detective Hércules Poirot o el comisario Montalbano para hacerse algunas preguntas, que tienen difícil contestación, como por ejemplo cual era el papel que jugaba el antiguo gobernador civil de Toledo y consorte de la señora Cospedal,  Ignacio López del Hierro, en el organigrama del Partido Popular, pues sin ser miembro de la dirección, si no solo un afiliado de base, mandaba y mucho en Génova 13, y parece que era quien coordinaba los trabajos que se llevaban a cabo para desactivar el caso Bárcenas.

Lo dicho, esa mayoría absoluta que tiene el PP en el CGPJ y en casi todas las salas del Tribunal Supremo, son sin duda la razón real por la que no está dispuesto el presidente del PP a renovar nada.