Reconocía la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que durante las próximas semanas el presidente de la Comunidad, Emiliano García-Page, mantendrá diversos contactos con sus homólogos de otros territorios para intentar modificar el modelo de financiación autonómica que ahora se negocia.

Una comunicación para coordinar posturas antes de que el Gobierno central presente en noviembre su primer borrador, tras negociar los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado del año 2022.

No será fácil, teniendo en cuenta las discrepancias actuales entre los distintos gobiernos autonómicos. Un sistema que arroja diferencias de hasta 700 euros por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas, y donde Castilla-La Mancha se encuentra, junto a otras tres, entre estas últimas. Así lo confirma el estudio de Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico (CSIC), “La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común 2002-2019”, publicado recientemente por el Fundación de Estudios de Económica Aplicada (FEDEA).

Según este estudio, de media, cada español recibió aquel año 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual tan sólo se sitúan la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. En concreto, nuestra autonomía percibió un total de 5.903 millones de euros, 2.750,60 por persona, 82 euros menos que la media nacional y de 570 con la mejor financiada. Un perjuicio con el actual sistema de financiación que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende modificar con el nuevo modelo para los próximos años.

Una ley de financiación que ya la ministra Montero anticipa que, en cualquier caso, será “imposible” que guste a todas las autonomías, pero que tanto perjudica a esta tierra. Una modificación imprescindible para un territorio donde el 40 por ciento de su población reside en zonas despobladas y carente en muchos casos de los servicios más esenciales y también de inversiones.

Una ley que precisa de mayoría absoluta para su aprobación en las Cortes Generales y donde la oposición, al menos la de esta tierra, debería olvidar su habitual discrepancia con el gobierno regional y apoyar unas negociaciones que tanto benefician a los castellano manchegos. Un concierto que permitiría reducir la actual brecha de financiación entre regiones tan injusta como perjudicial para esta tierra.