Según ha sabido EL DIGITAL CLM, la Mesa de la Cámara Baja aprobó la solicitud de Moltó el pasado 24 de marzo tras comprobar el derecho del exparlamentario a recibirla conforme al Reglamento de Pensiones Parlamentarias aprobado en 2006 y modificado posteriormente en 2007 y 2011. Un acuerdo posterior eliminó el derecho de los exparlamentarios nacionales a recibir esta prestación, pero sin efectos retroactivos sobre aquellos que lo solicitaron dentro de los plazos requeridos en orden a lo establecido en el reglamento anterior.

Es el caso del expresidente de Caja Castilla La Mancha, al que se le incluye en el espectro de los que cumplieron un mandato parlamentario de entre 9 y 11 años. Moltó fue diputado nacional por la provincia de Toledo entre los años 1989 y 1999 y ejerció la portavocía del Grupo Socialista en la Comisión de Economía. Anteriormente fue consejero de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional preautonómico entre los años 1981 y 1982 y consejero de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo, entre los años 1982 y 1983; y de Economía y Hacienda, desde 1983 hasta 1988, siendo José Bono presidente.

247,38 euros mensuales

La pensión que recibirá a partir de ahora como exparlamentario será de 247,38 euros mensuales y es compatible con la que perciba por su jubilación laboral. No es una gran cantidad, pero ayudará a la economía familiar de Moltó, que se ha visto muy dañada a raíz del largo proceso judicial que ha padecido. Este tipo de subsidios se concede únicamente a los que lo solicitan, aunque, como ya hemos indicado, el Congreso ya no contempla la concesión de estas prestaciones. Son numerosos, y algunos muy conocidos, los exdiputados y exsenadores que las perciben.

A finales de febrero de este año, siete después de su quiebra, la Audiencia Nacional condenó a los responsables de Caja Castilla La Mancha (CCM), que cayó en marzo de 2009. Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de la entidad y exdiputado del PSOE, e Ildefonso Ortega, ex director general, fueron condenados a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad. También se les condenó a dos años de inhabilitación para ejercer cargos en el sector financiero y a una multa de 29.970 euros. El juez no elevó más la pena al considerar que no hubo enriquecimiento personal. El tribunal les absolvió del delito de administración fraudulenta y no ordenó su ingreso en prisión.

CCM fue la primera caja en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con una inyección de liquidez de 9.000 millones. Tras ser recapitalizada por el Fondo de Garantía, fue vendida con grandes ayudas a Liberbank.