PSOE, Podemos y PP presentan enmiendas a la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha

Los grupos parlamentarios Socialista y de Podemos han presentado un total de siete enmiendas conjuntas a la nueva reforma del Proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha que se fundamentará en próximas semanas en el Parlamento regional, entre las que se encuentra la propuesta de que los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma puedan actuar como policía judicial en las investigaciones de delitos en el campo.

La diputada del PSOE Carmen Torralba ha explicado en declaraciones a Europa Press que además, ambos grupos han incluido enmiendas sobre la distancia mínima de seguridad que deben guardar los cazadores con transeúntes del campo ajenos a la caza; o al respecto de la señalización de senderos.

También sumarán fuerzas ambas formaciones para incluir en el texto legislativo matices al respecto del cerramiento de terrenos cinegéticos, para que especies no susceptibles de ser cazadas puedan acceder libremente a cualquier espacio.

Además, la compatibilidad del ejercicio de la caza con otros usos del campo como la recogida de setas volverá a protegerse en virtud de las enmiendas conjuntas, después de que la ley en vigor aprobada por el Gobierno del PP en solitario en la pasada legislatura impusiera sanciones a los seteros que discurrían por terrenos cercanos a cotos de caza.

De otro lado, los socialistas han presentado otras cuatro enmiendas en solitario que afectan al depósito de armas cuando son decomisadas; a la constitución de cotos de caza; a la edad mínima para tener licencia --para que esté en consonancia con la ley estatal, que la fija en 14 años--; y otra más sobre la responsabilidad de los cazadores por el daño producido al entorno en zonas de seguridad, como en autovías, cauces de río o caminos rurales.

Enmienda a la totalidad del PP

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha enmendado a la totalidad el Proyecto de Ley de Caza impulsado por el Gobierno regional, además de un total de 11 enmiendas parciales.

En la justificación de la enmienda a la totalidad, firmada por el portavoz parlamentario, Francisco Cañizares, y recogida por Europa Press, el PP argumente que la norma en vigor aprobada cuando gobernaba María Dolores de Cospedal en el año 2015 "entendía la caza como actividad comercial, deportiva, recreativa y lúdica", además de que "reconocía a las numerosas asociaciones y clubes de cazadores como elementos de relieve social con un marcado carácter cultural".

"Se pretendía además conseguir una planificación integral de la totalidad de los terrenos cinegéticos basada en la cooperación con los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, así como una simplificación y agilidad de los trámites administrativos para una gestión eficaz".

Por contra, ante este proyecto de modificación de dicha ley, argumenta el PP que la nueva norma diseñada por el actual Gobierno ha causado "malestar y preocupación" en las organizaciones cinegéticas de la Mesa Regional en Defensa de la Caza.

"De hecho, el texto ha llegado a ser tachado como ley anticaza por suponer un grave peligro para la caza, que incluso podría conllevar al riesgo de desaparición de muchas modalidades de caza", añade la argumentación del PP.

Los 'populares' dicen no entender la razón por la cual "el actual Gobierno ha planteado una modificación que no sólo no cuenta con el beneplácito del sector sino que hasta ha sido objeto de debate por el propio Consejo Consultivo, que aconseja que en el caso de modificar la norma debe procederse a elaborar una nueva ley íntegra".

"Desde el Grupo Popular creemos que la modificación de la normativa no viene a mejorar el sector, sino todo lo contrario", enfatizan los diputados del PP.

Enmiendas parciales

De otro lado, el Grupo Popular presenta un total de 11 enmiendas parciales en virtud de las cuales pretenden, entre otras cosas, que los animales asilvestrados no sean considerados piezas de caza pero que sí puedan ser abatidos o capturados por razones sanitarias o de equilibrio ecológico previa autorización del órgano competente.

Quieren igualmente que el traslado de piezas de caza mayor muertas fuera de sus acotados deban acompañarse de un documento que justifique su procedencia; o ampliar de 500 a 1.000 hectáreas las denominadas Áreas de Reserva.

Al tiempo, proponen matices sobre la caza permitida en espacios con cerramiento; Memorias Anuales de Gestión; o considerar falta grave el dar muerte a cualquier especie no recogida como cazable o desdoblar puestos durante la celebración de una cacería mayor.