Un sindicato denuncia que Castilla-La Mancha "pone problemas" a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Murcia ponen problemas a las enfermeras y fisioterapeutas que solicitan un permiso por riesgo en su embarazo, según denuncia el sindicato de Enfermería, Satse.

Mientras, la organización sindical denuncia que en la totalidad de los servicios de salud, a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, no existen puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación.

"Los servicios de salud de muchas comunidades autónomas no atienden adecuadamente las necesidades de sus profesionales embarazadas que siguen trabajando en su centro sanitario", según Satse, que recuerda que éstas se ven expuestas a diario a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física y la de sus futuros hijos (cortes, pinchazos, contagios, movilización de pacientes, manipulación de cargas, etc.).

En concreto, cuando señalan que las profesionales de ocho servicios autonómicos de salud encuentran problemas a la hora de ver concedido el permiso por riesgo en su embarazo, se refieren a que es generalizado el retraso en su concesión, entre otros motivos por las diferencias de criterio en cuanto a la semana de concesión o por la valoración del inspector del INSS o de la Mutua correspondiente, al no existir unos protocolos que fijen unas reglas uniformes.

La concesión de este permiso por riesgo en el embarazo suele demorarse en exceso, con una variabilidad significativa según el servicio donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.), encontrándose también que el trato es diferente según el centro sanitario, incluso dentro de la misma comunidad autónoma.

Sin protección real y efectiva

Ante esta realidad, Satse exige en las mesas de negociación de los distintos servicios de salud que se acabe con la arbitrariedad existente según el centro de trabajo y la CCAA donde se esté trabajando, "y que se ofrezca la protección real y efectiva de las profesionales que, por las características intrínsecas de su actividad laboral, se ven expuestas en su estado gestacional, tanto ellas como sus futuros hijos, a diario, a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física".

Otro aspecto demandado es cómo se gestiona la adaptación del puesto para estas trabajadoras y señala que, tras la comunicación voluntaria de la profesional embarazada, es el servicio de prevención correspondiente el que presenta una evaluación y la recomendación de la adaptación de puesto.

"Cuando esta adaptación no es posible, porque no hay puestos disponibles, el trámite del permiso por riesgo durante el embarazo se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la Mutua, donde se ve alargado el plazo para la concesión del permiso y dejando al criterio del inspector o de dicha entidad la resolución del mismo, lo que puede conllevar una arbitrariedad en su apreciación, variando ampliamente, según el caso, la semana de gestación en la que se concede la baja", añaden desde el sindicato.

En este sentido, hasta en 11 comunidades autónomas no existen protocolos acordados sobre esta materia, y en las que sí hay estos acuerdos, Satse remarca que "no se aplican de manera homogénea en todos los centros sanitarios de sus servicios de salud correspondientes, dependiendo de la Gerencia en cuestión su realización y puesta en marcha".