La dura realidad de 6.000 castellano-manchegos que no salen nunca de su casa

Un 66 % de los castellano-manchegos con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de sus casas y cerca de 6.000 (un 5 %) no lo hacen nunca. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 117.500 castellano-manchegos que tienen movilidad reducida.

De acuerdo con el informe, un 49 % de este grupo social en Castilla-La Mancha pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 37 % considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor. “En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio”, afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre. Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hace hincapié en que “es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio”.

El estudio desvela que un 61 % de los encuestados castellano-manchegos tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o simplemente porque tienen una deambulación de forma inestable; y que el 33 % utiliza silla de ruedas manual o eléctrica. “La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata”, explica Queiruga.

La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad, “poniendo de manifiesto la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios con un número elevado de vecinos, donde influye la negociación y la corresponsabilidad de un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida”, afirma López Demarbre.