Castilla-La Mancha ordena el sacrificio de 50 vacas y los animalistas estudian denuncias

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido al sacrificio del medio centenar de vacas que fueron abandonadas por el titular de una explotación ganadera situada en el término municipal de Navalpino (Ciudad Real), "ante la imposibilidad de mantenerlas en un santuario".

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural han explicado a Efe que, en un auto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real ha determinado: "Si las mismas son el sacrificio, decomiso y destrucción de los animales, llévese a efecto de manera inmediata", por lo que "así se ha ejecutado".

Estas fuentes han asegurado que el Gobierno regional, a raíz del abandono de las reses en Navalpino, "ha intentado en todo momento buscar la mejor solución a este asunto".

Ha recordado que en cumplimiento del auto dictado por el juzgado que lleva el caso, el Ejecutivo autonómico se hizo cargo de la custodia de los animales y se responsabilizó de la gestión y mantenimiento de la explotación ganadera abandonada (reunir las vacas escapadas, reponer mobiliario desaparecido y sanear y alimentar a los animales), desde el 23 de febrero de 2018.

Si bien, ha agregado que con fecha 19 de julio de 2019, se recibió el auto por el cual el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real tras comprobar, como indica el documento, la "ausencia de autorización de los diversos santuarios para acoger a los animales", requiere a la Consejería que "adopte las medidas que considere oportunas para salvaguardar y evitar riesgo para la salud pública".

Por tanto, la Administración autonómica, "ante la imposibilidad de mantenerlas en un santuario" y atendiendo al contenido el auto, ha procedido al sacrificio de los animales "tal y como se ha dictaminado". Además, ha trasladado al juzgado el informe de los gastos ocasionados "a los efectos de una posible responsabilidad civil".

Por su parte, la asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha avanzado en una nota de prensa que está estudiando la posibilidad de interponer denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra altos cargos y funcionarios de varias comunidades "por ciertas irregularidades y contradicciones en la actuación de solicitud de traslado de estas vacas".

En este sentido, hace un año la asociación aseguró que varios santuarios de animales de otras zonas, como Girona o Sevilla, habían mostrado su intención de acoger a las vacas y terneros, y ahora sostiene que algunas administraciones de los territorios en los que se ubican los santuarios no denegaron la acogida de estos animales, "a diferencia de lo que mantiene la Junta de Comunidades", ha sentenciado.