Nuevo lío en las Cortes de Castilla-La Mancha por la "ley de la paguita" para políticos y altos cargos

Nuevo lío en las Cortes de Castilla-La Mancha a propósito de la Ley de Integridad Pública que han pactado este viernes los grupos parlamentarios del PSOE y el PP con el rechazo de Vox, que ha denunciado la implantación de una "paguita encubierta" en el nuevo texto texto legal, cuyo proyecto de ley se ha aprobado en comisión por socialistas y populares y se llevará al Pleno para un próximo debate político y aprobación definitiva.

La Comisión de Asuntos Generales de las Cortes ha retomado este asunto, suspendido el pasado 10 de junio, con el objetivo de debatir las enmiendas y elaborar un dictamen definitivo sobre una ley que, aunque bien valorada por toda la Cámara, contiene el detalle de la "paguita" para políticos y altos cargos sobre el que el partido de Santiago Abascal discrepa frontalmente, como ya denunció el pasado 7 de junio en una comparecencia de prensa de David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox.

Este viernes el diputado Luis Blázquez ha aplaudido el conjunto de la ley pero ha denunciado que las cosas "se han hecho mal" hasta el punto de que la propuesta llega tarde y no servirá para aplacar la corrupción. Tras denunciar un "batiburrillo de leyes" que vienen operando hasta ahora en Castilla-La Mancha, Blázquez ha criticado que "la intención de esta ley es camuflar una paga para los altos cargos del Gobierno que cesan por cualquier causa", aspecto negado por socialistas y populares.

Centralizar el control

El diputados de Vox ha lamentado que ni el PSOE ni el PP "han sido capaces de dictar una buena normal al respecto", pese a que "alardean de gestores públicos", afirmando que llama la atención que la Ley de Integridad quiera centralizar todo el control en un sólo órgano. Blázquez se ha preguntado, en este sentido, qué ocurrirá con el Portal de Transparencia o el Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha.

Ya en junio, David Moreno puso cifras a lo que entonces denominó "paguita nescafé" y aseguró que costará un total de 15 millones de euros para beneficiar a 173 altos cargos de la Junta de Comunidades durante dos años una vez cesen en sus responsabilidades. El presidente del Grupo Parlamentario de Vox denunció la "gran coalición" del PSOE y el PP en la política castellano-manchega y expresó su "rotunda oposición" a este apartado de la ley.

Ante las críticas de Vox, tanto el PSOE como el PP se han defendido y han negado las acusaciones del partido de Abascal. La diputada popular Carolina Agudo ha dicho que esta norma "dará seguridad jurídica al Gobierno y un mayor control del Parlamento", de manera que el texto "no suena mal" y es "justo" que los políticos que cesen tengan garantías durante dos años tras abandonar su cargo.

Evitar la indefensión

"La ley evita, además, la indefensión de todos los cargos", ha dicho Agudo antes de mostrar su rechazo a las enmiendas presentadas de Vox. Por su parte, la diputada del PSOE, Isabel Abengózar, se ha alineado con Agudo y ha apuntado que sus enmiendas "vienen a planificar y hacer más entendible el texto" de una ley que "viene a cumplir un compromiso del presidente, Emiliano García-Page".

"Creo que cuando las instituciones se rigen por la integridad, nos va mejor. Esto da una mejor eficiencia de las instituciones", han apuntado. La diputada socialista ha dicho que el Gobierno de Page, en materia de transparencia, "siempre ha ido por delante" y ahora sólo se pretende "ir más alla y adaptarse a la normativa y a la sociedad actual".

"La ley no camufla una paga. Pero con toda honestidad, esto es dar al que se dedica a la política igualdad ante los ciudadanos. No es una paga, es una prestación por desempleo", ha dicho Abengózar ante la presentación de enmiendas conjuntas por parte del PSOE y el PP.

Cerrar puertas giratorias

Tal como informó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM el pasado 2 de abril, este proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta con el objetivo de "cerrar las puertas giratorias" de los políticos en Castilla-La Mancha, tal como explicó el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarra. La ley tiene el objetivo de impedir a los altos cargos regionales trabajar o realizar actividades durante dos años con empresas con las que hayan tenido relación otorgándoles subvenciones o contrataciones.

Los altos cargos a los que afectará esta ley de Integridad Pública son los miembros del Consejo de Gobierno y de todos los órganos directivos de asistencia de apoyo, de las viceconsejerías y de las direcciones generales, así como los presidentes, directores generales o directores gerentes de cualquier ente público, empresa pública, fundación o personas que tengan un contrato de alta dirección o personal directivo en aplicación de la ley de la función pública de Castilla-La Mancha.

La nueva ley otorgará funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad, organismo que se encargará de velar por el cumplimiento del texto una vez que sea aprobado.

Las obligaciones a las que serán sometidos estos altos cargos de Castilla-La Mancha comenzarán en el momento de tomar posesión. Y es que a la declaración de Actividades, Bienes y Rentas a la que ya están obligados, ahora se une una declaración responsable en la que se comprometen a no estar implicados en ninguna causa de incompatibilidad con la gestión pública. En el caso de detectarse alguna incompatibilidad, el implicado tiene un mes para solventarla o en caso contrario, deberá abandonar su puesto.

Comunicado de Vox

En un comunicado difundido este viernes tras la comisión parlamentaria, el grupo parlamentario VOX en Castilla-La Mancha "lamenta profundamente que los grupos de PSOE y PP persistan en esta propuesta cuando las familias de la región lo están pasando muy mal". "Esta ley se sustenta en la avaricia y codicia del PSOE y del PP para que más de 173 altos cargos y políticos de la Junta sigan cobrando después de dejar sus puestos", afirma el comunicado.

Voz cree que el PSOE y el PP "han retrasado la aprobación de esta ley hasta el mes de julio, esperando que pasara desapercibida durante el verano para no retractarse de su contenido".

A juicio del diputado de Vox Luis Blázquez, "la aprobación de esta ley no es coherente con el mensaje de integridad que el Gobierno regional defiende con el Proyecto de Ley, ni con la justificación para rechazar las iniciativas de Vox a favor de las víctimas del terrorismo o de las familias que se han quedado fuera de las ayudas a la agricultura ecológica, escudándose en la falta de presupuesto".

"No tienen dinero para los agricultores, ni para las víctimas del terrorismo, pero sí para ponerse paguitas pactadas con el PP", afirmó Blázquez.

"Por todos estos motivos, Vox CLM denuncia que el gobierno regional de Emiliano García-Page, con el apoyo del PP, destine esos 15 millones de euros para pagar a políticos en vez de a resolver las necesidades reales de la región como, por ejemplo, el apoyo a los agricultores, las víctimas del terrorismo o las ayudas para la conciliación familiar", finaliza el comunicado oficial del partido de Abascal.

Los objetivos de la ley

Este proyecto de ley, como se sabe, tiene como finalidad impulsar la garantía de la integridad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como en los organismos y entidades de su sector público; la configuración de los registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos públicos y asimilados, del sector público autonómico y la regulación de los procedimientos relacionados con el impulso y garantía de la integridad pública, incluido el régimen de infracciones y sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.

Entre las novedades de esta ley se incluye la obligación de que cualquier persona que tome posesión como alto cargo firme una declaración responsable de compatibilidades y en la que se comprometa a dedicarse exclusivamente al cargo público, un documento que será remitido a la Oficina de Integridad -que ya existe-, y que deberá comprobar en el plazo máximo de un mes que efectivamente no se han encontrado incompatibilidades para ejercer el cargo público.

Además, otra de las grandes novedades de la ley es la regulación del conflicto de interés, ya que se determina que un cargo público debe abstenerse en una decisión o procedimiento administrativo cuando el interés general esté contrapuesto con algún tipo de interés privado o interés personal.