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Ciudad Real SE MANTIENE A IU Y PP COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

Sigue adelante la grave denuncia por supuesta corrupción en Puertollano: piden cárcel para el ex alcalde

27 diciembre, 2017 14:58

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado los recursos de la defensa de los acusados por presunto delito de prevaricación administrativa en el fraccionamiento de las obras de la plaza de toros de Puertollano (Ciudad Real), que pretendían apartar a los grupos municipales de Izquierda Unida y PP como acusación particular, y ha confirmado la personación de los concejales como personas físicas.

Así consta en el auto de 4 de diciembre enviado a los medios este miércoles por la coalición de izquierdas, que subraya que las irregularidades que hubieran existido han quedado "subsanadas" por la personación a título individual de los concejales integrantes de estos grupos municipales y la presentación de la fianza que en su día decretó el juzgado de instrucción.

A juicio de Izquierda Unida, el auto supone "otro tropiezo resuelto" tras un "nuevo retraso propiciado por los acusados", entre ellos el exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo. No obstante, puntualiza la formación, el procedimiento sigue adelante y está a falta de los escritos de defensa y del traslado del expediente al órgano competente de Ciudad Real para el señalamiento de la vista oral.

Izquierda Unida recuerda que el pasado mes de septiembre el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano dictó determinadas providencias pidiendo la "subsanación" de algunos requisitos procesales para las partes personadas, entre ellos la personación de los concejales como personas físicas y la constitución de una fianza de 200 euros.

"Los acusados aprovecharon esta incidencia y presentaron toda una serie de escritos y recursos con los que pretendían expulsar del proceso a los grupos políticos personados en la causa", prosigue IU, que considera que los acusados, "en una acción legítima en su defensa", pretendían que "solo quedara la acusación 'suave' del Ministerio Fiscal, que solo pide condena de inhabilitación para cargo público por prevaricación".

"Han tratado de impedir por todos los medios las acusaciones privadas que, además de la inhabilitación, piden condena de prisión y multas por los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias", subraya IU, al tiempo que asegura que "llegará hasta el final" y exigirá responsabilidades penales "por la comisión de los delitos cometidos bajo el amparo de una pretendida gestión municipal".

Izquierda Unida seguirá así presente en un caso en el que solicita para cada uno de los tres acusados --el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo, el exsecretario del Ayuntamiento Juan Luis Vázquez Calvo y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso-- la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación, que coinciden sustancialmente con las peticiones del PP.

Petición de 6 años de cárcel

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan-Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.

Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales por tráfico de influencias.