El coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, ha anunciado que su formación en el Congreso de los Diputados ha enviado una carta a la mesa de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que pide un informe de fiscalización de la gestión de la empresa pública regional Gicaman, tras los episodios de "abandono y marginalidad" registrados en varios de los inmuebles de protección oficial que gestiona en Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa celebrada en Puertollano, Crespo, acompañado de los concejales Alejandro Becerra y Jesús Manchón, ha pedido a Gicaman, adscrita a la Consejería de Fomento, que busque una solución a los graves problemas de convivencia, ocupaciones ilegales y salubridad en el edificio Joan Miró 14 de Puertollano (Ciudad Real).

Además, ha advertido de que esta situación en las viviendas de Gicaman no es exclusiva de Puertollano, ya que también hay otros inmuebles de protección oficial como el de las calles Laguna la Colmada y Laguna de Taravilla en Guadalajara, o la calle Río Yedra del barrio del Polígono de Toledo, que han presentado riesgos de derrumbe, grietas e inundaciones.

Esta situación ha motivado que la agrupación política en el Congreso de los Diputados haya enviado una carta a la mesa de la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que pide que se vigile la gestión de Gicaman, que gestiona 2.257 viviendas en Castilla-La Mancha con un presupuesto de 44 millones de euros.

"Ley mordaza en Puertollano"

Por otra parte, los representantes de Izquierda Unida han lamentado la utilización que el equipo de Gobierno socialista está haciendo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', al sancionar a tres vecinos de Puertollano, dos de ellos un matrimonio, con multas de 601 euros a cada uno tras ser desalojados del pleno de abril al considerar que alteraron el orden del pleno con protestas antitaurinas.

Según IU, en ningún momento las personas desalojadas faltaron el respeto o insultaron a los miembros de la corporación por lo que consideran esta sanción "desmedida, desproporcionada y totalmente improcedente". En este sentido Crespo ha criticado que la alcaldesa Mayte Fernández "ordenara" a la Policía Local denunciar los hechos ante la Subdelegación del Gobierno, y que esta firmara los expedientes el 13 de junio, estando ya cesado el subdelegado del PP, Juan José Jiménez Prieto.

Así, IU pedirá al nuevo subdelegado socialista, Manuel González Ramos que atienda el recurso que presentarán los afectados y corrija el "exceso de celo" de la alcaldesa.

Elcogas y la "destrucción" de un modelo

Por último, Crespo ha apuntado que la demolición de la torre de refrigeración de Elcogas realizada este jueves es el "ejemplo gráfico" de "como se dinamita un proyecto de región ante la ausencia de un modelo de desarrollo para Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma, junto a Andalucía y Canarias, con más ciudadanos al borde de la exclusión social".

A su juicio, tanto el Gobierno popular de de Mariano Rajoy como el socialista de Emiliano García-Page "dejaron caer" un proyecto innovador que está siendo desarrollado en otras regiones europeas, en el marco de nuevas estrategias sostenibles para combatir el desempleo, "que son las que faltan en Castilla-La Mancha", ha concluido.