La Guardia Civil ha investigado al dueño de un restaurante de Motilla del Palancar (Cuenca) que pretendía vender más 1.200 puros que habían eludido todos los controles fiscales y lucían vitolas que no se correspondían con el producto.

Ocurrió el pasado mes de abril, cuando los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras iniciaron actuaciones en relación a una posible venta de cigarros en un establecimiento fuera de los canales autorizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Aunque el local tenía autorización para vender tabaco, la labor estaba siendo ilícita. En concrete, en varias vitrinas había puros expuestos para su venta al público en la entrada del establecimiento, tanto en unidades sueltas como en estuches de madera, junto al precio de venta.

En la operación, la Guardia Civil practicó las gestiones oportunas con el gestor único habilitado por Habanos en España, Tabacalera SLU, pero este organismo no tenía constancia de ninguna venta en esa localidad. Por ello, se alertó de que podría resultar, incluso, falsificaciones.

Con los datos, se llevó a cabo una inspección del establecimiento en la que aprehendieron más de 1.200 puros de diversos tamaños, clases y marcas. Además, tenían vitolas que no se correspondían con el puro, así como las precintas fiscales de Cuba pegadas en los estuches.

Tras la valoración, se comprobó que superaba el límite fijado por la normativa sobre contrabando, que estipula el límite delictivo en 15.000 euros. Además, se confeccionó un informe pericial de los puros que determinó su falsedad y la de los estuches.

Los puros, cubanos

La conclusión fue que los cigarros eran fabricados en origen en Cuba por torcedores, que es como se les conoce a los artesanos de los puros que no pertenecen a Habanos. El supuesto autor, en los viajes que realizaba a dicho país por asuntos personales, traía los puros beneficiándose de la franquicia de viajeros de 50 cigarros por viaje.

El propietario del local se enfrenta ahora a un supuesto delito de contrabando, penado con penas de prisión de uno a cinco años y multa que pude alcanzar hasta el séxtuplo del valor del género. También a un presunto delito contra la propiedad industrial, penado con penas de prisión de uno a cuatro años.

Los efectos, junto con el investigado y las diligencias policiales instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Motilla del Palancar (Cuenca).