Medidas a la desesperada del PP para recuperar el favor de los funcionarios

España tiene en torno a 2,5 millones de trabajadores dependientes de las diferentes Administraciones Públicas, en su mayoría funcionarios. De la Administración central dependen algo más de medio millón de personas. Mucho gasto, pensó el Partido Popular cuando llegó al Gobierno. Muchos votos, piensa ahora. 

El país vive pendiente de conocer si los diferentes partidos políticos que encontraron silla cuando paró la música de las elecciones serán capaces o no de pactar y formar Gobierno o, de lo contrario, será necesario volver a llamar a los ciudadanos a las urnas. Unos y otros usan sus armas para hacer guiños al electorado por si hay que seducirlo de nuevo pero el Partido Popular, huérfano de apoyos en este momento pero sentado en el asiento de un Ejecutivo en funciones, tiene algo que no tienen los demás: el Boletín Oficial del Estado.

Desde él y desde los ministerios está tejiendo una red de decisiones en el tiempo de descuento con un claro objetivo: revertir la imagen que ha dejado en el nutrido grupo de los empleados públicos. Un grupo que, bajo su Gobierno, ha sufrido la congelación del salario, la supresión de la paga extraordinaria en plenas fiestas navideñas de 2012, la supresión de la paga por complemento específico el mismo año, la amortización durante la práctica totalidad de la legislatura de los puestos de los empleados públicos que se jubilaban (con la consiguiente merma en las envejecidas plantillas de la Administración), la paralización de las aportaciones a planes de pensiones y seguros colectivos, la ampliación del número medio de horas semanales, la reducción de los días de libre disposición y los días de asuntos particulares o los descuentos de salario por días de baja médica.  

La Justicia que no era ágil ni de calidad

La devolución de la mitad de la paga extra y la promesa de devolver en 2016 el resto, la subida del salario por primera vez en la legislatura (un 1%), a pesar de que Europa sigue tirando de las orejas a España por su nivel de déficit, o las medidas de conciliación, protección contra las agresiones laborales o de promoción de las mujeres, son sólo parte de la estrategia emprendida antes de las elecciones, echando mano incluso de la anomalía de haber aprobado cinco Presupuestos en una legislatura. Pero el goteo de medidas no para, incluidas las que se dirigen a colectivos de funcionarios concretos por su tamaño o por no entrar dentro de los cambios del régimen general.

Esta misma semana le ha tocado el turno a los trabajadores de la Administración de Justicia. El BOE recoge el acuerdo del Gobierno con los sindicatos para toda una serie de "mejoras de las condiciones laborales", incluido un incremento de plantilla o la recuperación de los días moscosos en línea con lo que ya se había aprobado para el resto de empleados públicos (se limitó a tres el número de días y se ha vuelto a una media de seis).

Dice el texto que el objetivo es "garantizar que la Administración de Justicia sea capaz de dar el servicio ágil y de calidad que esperan los ciudadanos". Reconoce que "el personal al servicio de la Administración de Justicia afrontó en muchos casos el incremento de asuntos judiciales que inevitablemente genera cualquier crisis económica". Despidos, expedientes de regulación de empleo, causas de afectados por las preferentes, por desahucios o por procesos concursales...

Era fácil intuir el efecto de la crisis pero es ahora cuando el Gobierno constata "un déficit estructural que debe ser corregido para dar el preceptivo servicio a ciudadanos y profesionales". Promete para solventarlo "mantener una oferta pública de empleo estable" pero además, como ha constatado que el personal que se dotó como refuerzo en realidad se mantiene de forma sostenida, ha decidido darle estabilidad, es decir, convertir en plantilla a todo el que lleve más de tres años. Y lo hace con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013, lo que significa que quien entrase entonces como refuerzo ya ha cumplido el plazo y en nueve meses (el periodo que se ha dado el Gobierno para llevar a efecto su acuerdo) será parte de la plantilla.

Acaba también, para los funcionarios dependientes de Justicia, con los descuentos por baja médica, que se impusieron, se dijo en su día, para luchar contra el absentismo laboral y que ya no considera necesarios.

Si se pregunta por qué estas medidas ahora, el Gobierno, a través del BOE, mantiene que "se ha alcanzado un mayor nivel de estabilidad económica", a pesar de que España sigue con la tasa de paro por encima del 20%, un déficit por encima de los objetivos del Pacto de Estabilidad y la deuda cerrará 2015 en el 98,9% del PIB, según ha señalado esta semana el ministro de Economía, Luis de Guindos. Si se pregunta por las causas electorales, la respuesta son dos números. Por un lado las 24.415 personas que trabajan para la Administración de Justicia dependiente de la Administración central (según el dato a julio de 2015, último hecho público). Por otro, las 38.052 personas de la Administración de Justicia dependientes de gobiernos autonómicos, a los que "el Ministerio de Justicia se compromete a trasladar el contenido del acuerdo". Total: 62.467 votos.

Jubilación a los 60 de 70.000 policías locales

Cerca de 70.000 policías locales, 17.000 mossos de escuadra y 1.100 policías forestales recibieron un mes antes de las elecciones la promesa del Gobierno de que, incluso aunque fuese tras la convocatoria electoral, aprobaría el adelanto a los 60 años de su edad de jubilación. Se equipararían así con la edad de retiro que ya disfruta la Policía Nacional o los bomberos.

Hacía falta una serie de informes pero, sobre todo, era necesario conocer la situación de las fuerzas de seguridad dependientes de un centenar de municipios a los que había que visitar uno a uno con las vacaciones de Navidad de por medio. No se consideró un obstáculo. El Ejecutivo aceleró la consulta a los consistorios y esta misma semana se daba por concluida, justo cuando se cumplía el plazo de dos meses que se prometió a los sindicatos para iniciar el cambio legal. Por eso el sindicato de los funcionarios CSI-F, CCOO y UGT, así como varias agrupaciones del gremio, han solicitado por escrito una reunión a Empleo para que les concrete sus intenciones, que parecen claras dado el cumplimiento de los requisitos necesarios para modificar la norma.