Rita Barberá no dimite y ni se lo plantea. La senadora del PP y exalcaldesa de Valencia ha convocado esta mañana a los medios por primera vez desde que se viera involucrada en el escándalo de la 'operación Taula'. Tras defender su honradez y desvincularse de las acusaciones de blanqueo de dinero en el seno de la agrupación local del PP en la ciudad, Barberá dijo "bien fuerte" y "clarito": "A pesar de las ansias irrefrenables de la izquierda, no dimito. Es que ni me lo planteo". "No dimito porque no conozco nada de lo que se me acusa. No he cometido ningún delito ni ningún hecho ilícito. Y repito: el que acusa es el que tiene que probar". No deja su cargo -dice- porque si lo hiciera "estaría reconociendo algo que no he hecho".
Su silencio durante este tiempo se "debe al total desconocimiento del sumario que está dando lugar a una sonora investigación judicial". Habla ahora no por “ceder a presiones”, sino porque ha reflexionado sobre el caso una vez que ya han desfilado por el juez el medio centenar de concejales, exconcejales y asesores del partido investigados en la pieza separada por el presunto blanqueo de unos 50.000 euros de cara a la última campaña electoral. Ésas son las razones por las que ha comparecido ante la prensa. El resto, ha criticado, son todo "filtraciones" porque el sumario sigue siendo secreto. Barberá ha denunciado el "apaleamiento público" y el "dolor en las familias" y se ha presentado como víctima que sufre una "situación de total indefensión impropia de un Estado de Derecho".
"Gastaré hasta el último euro en restaurar mi dignidad"
Barberá ha negado todo: "No he contribuido a ningún blanqueo de dinero, no he ordenado ningún blanqueo de dinero, no he conocido ningún blanqueo de dinero ni en el grupo municipal ni en ninguna parte, la alcaldesa no ha tenido nunca una caja B y por supuesto nadie me ha entregado ninguna llave ni ningún remanente de ninguna caja B porque no existía". Por tanto, ha recalcado, "todo lo que se ha dicho es absolutamente falso". Ha asegurado que las adjudicaciones las decidía la mesa de contratación negando cualquier mordida. "Nunca se ha amañado un contrato de adjudicación en mis 24 años como alcaldesa. A cualquier concejal nuevo le decía que no firmara nada si no era con el apoyo de un técnico", ha añadido.
"Nunca me he quedado nada. Vivo en un piso de alquiler, no tengo segunda vivienda. Mi patrimonio se ha publicado seis veces y es fruto de mi trabajo y del ahorro. Lo digo con total claridad: soy una persona honrada, no soy una persona corrupta desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista moral". "Gastaré hasta el último euro en restaurar mi dignidad".
La "desazón" de la "alcaldesa de provincias"
La 'popular' ha calificado de "desproporcionado" y "vomitivo" el hecho de que la presenten como "jefa de una banda criminal", reproduciendo con risa incrédula el calificativo que utilizan los investigadores policiales para referirse al PP de Valencia.
Una Barberá casi lacrimógena ha mostrado su "desazón por lo que está pasando en España" preguntándose "cómo puede ser que una alcaldesa de provincias que no ha hecho más que dar 1.000 euros (en donaciones al partido) haya ocupado más páginas de periódicos que la formación de Gobierno". "¿Cuánto daño político he podido hacer en 24 años para concitar tanto resentimiento?".
Durante su comparecencia no se ha olvidado de dar las gracias a su "buen amigo" el presidente Mariano Rajoy, a su "también amiga" María Dolores de Cospedal, al ministro de Justicia, "que no pudo ser más claro", a Celia Villalobos, a Paco Camps, y a "todo el que ha salido en su defensa". Barberá sacó a relucir el caso Filesa, el "terrorismo de Estado de los GAL", los ERE (no entiende por qué la justicia se centra más en ella que en el fraude en Andalucía)... Y tampoco faltaron las alusiones al comunismo y Venezuela para referirse a la izquierda: "Voy a colaborar con la justicia constitucional española, pero no a los tribunales populares inconstitucionales como pretende la izquierda radical".
Investigada en la operación Taula
No ha pasado ni un año desde aquel "¡qué hostia, qué hostia!" ya célebre de Rita Barberá. La exalcaldesa se lamentaba así fundiéndose en un abrazo con Serafín Castellano tras conocer los resultados electorales del 24 de mayo. El batacazo del PP suponían el fin de una era en Valencia. La izquierda amenazaba con echarla de la alcaldía tras 24 años en la poltrona consistorial, como finalmente sucedió. Fue solo el principio del descalabro del PP de Valencia y de una de sus más insignes representantes.
El pasado 26 de enero, una operación contra la corrupción hizo tambalear los cimientos de la Comunidad Valenciana. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo una macrorredada dirigida por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia a raíz de la investigación a la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa). Los agentes practicaron una treintena de registros y realizaron más de 20 detenciones, la más llamativa la del expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en esa provincia, Alfonso Rus. Pero el escándalo era de enormes dimensiones: Rita Barberá y el diputado Gerardo Camps también estaban siendo investigados.
Según la investigación, llevada a cabo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, los integrantes de varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana utilizaron sus cargos en dichas administraciones o empresas públicas vinculadas a las mismas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. En ese momento, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial, en la que fueron imputadas además hasta 29 personas.
El estallido de la operación Taula hirió de muerte al partido en Valencia, pero también asestó un duro golpe al PP nacional, afanado en las negociaciones de una tormentosa investidura. La Guardia Civil sigue la pista de la actual senadora del PP e investiga qué papel jugó en la adjudicación de contratos irregulares por más de 75 millones de euros.
La formación se habría financiando ilegalmente utilizando parte del dinero robado a nutrir la 'caja B' del PP en Valencia. Además, los investigadores tienen constancia de que parte del dinero se ha blanqueado dentro de España y hay sospechas de que ha habido evasión de capital al extranjero.
"Cuidado con lo que decís"
El 'huracán' Taula arrasó el grupo municipal popular en Valencia, y para hacerse cargo del partido se designó una gestora liderada por Luis Santamaría, a propuesta de la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig. Precisamente las palabras de Boing sugiriendo que Barberá debería dar explicaciones hizo explotar a la senadora popular contra sus colegas de partido: "Cuidado con lo que decís", les advirtió.
Por su parte, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps defendió pública y vehementemente que Rita Barberá no ha robado "ni una bolsa de rosquilletas". Tan humilde es Rita que tiene "un coche de 200 años". Sin embargo, el juez encargado de la investigación de la 'operación Taula' dio esta semana el primer paso para lo que podría suponer la imputación de la senadora popular.
Fue este lunes cuando el juez remitió un escrito al Senado para tener la confirmación de su aforamiento que obliga a que cualquier actuación judicial contra la exregidora sea dirigida por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ya ha confirmado la condición de la senadora, aunque el camino hacia una probable imputación todavía se presume largo.
Noticias relacionadas
- Rita&Rita
- El lento camino judicial de Rita Barberá y el PP valenciano
- El juez ya pone a Barberá en el punto de mira por el blanqueo en el PP
- Francisco Camps se ofrece a Mariano Rajoy para regenerar Valencia: “Ganaría de calle”
- Rajoy: "No vamos a actuar movidos por la histeria”
- Bonig finiquita la ‘era Barberá’ y sitúa a un afín al frente de la gestora de Valencia