Diez puntos calientes y una omisión en el pacto Podemos-IU

Podemos e Izquierda Unida/Unidad Popular presentaban este martes el pacto programático que sustenta su alianza electoral. El texto, "Cambiar España. 50 pasos para gobernar juntos", es un acuerdo de mínimos de 18 páginas. Aunque tendrán programas electorales propios que defenderán por separado en la campaña, las formaciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón exponen en este documento sus planes comunes para concurrir a las elecciones generales del próximo 26 de junio. 

Algunas de las medidas que proponen Podemos e IU eran más que previsibles pero, eso sí, sería complejo ponerlas en marcha. De las cincuenta propuestas que componen este acuerdo de mínimos pueden extraerse algunos puntos calientes que sin duda darán que hablar por su controversia y chocan abiertamente con las ideas de otros partidos. Y, aparte de lo que han incluido en su acuerdo, llama la atención una omisión que sin duda habrá sorprendido a los militantes de IU: en el pacto no hay mención alguna al debate entre Monarquía y República. 

1. Toca rascarse el bolsillo. El programa para gobernar juntos de Podemos e Izquierda Unida tiene muchas vaguedades que todavía tienen que concretar. Sin embargo, sí están muy claras sus líneas generales en materia económica y fiscal. Lo más importante es que llega el momento de rascarse el bolsillo, ya que la coalición quiere realizar una fuerte subida de los impuestos y el resto de ingresos del Estado.

Su intención es subir la recaudación tributaria en tres puntos del PIB, esto es, si en 2015 estaba en el 22,4% del producto, elevarla hasta el 25,4%. Si se tienen en cuenta las previsiones económicas acordadas por la Comisión Europea y el Gobierno español en el nuevo Programa de Estabilidad, esto supondría que la recaudación impositiva en 2019 estaría en 320.500 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que al final de la legislatura, el Estado recaudaría algo más de 78.000 millones de euros en impuestos con respecto al año 2015, esto es, por cada tres euros, el Estado recaudaría uno más. Una subida de impuestos que podría afectar al crecimiento económico y, por tanto, echar por tierra el crecimiento proyectado en el Programa de Estabilidad.

Una buena parte de estos ingresos fiscales serían automáticos producidos por el crecimiento del PIB y del empleo. Es normal que a medida que aumente la actividad económica, el Estado recaude más con sus impuestos, ya que aumentan las bases imponibles. El Programa que el Gobierno del PP envió a Bruselas indica que manteniendo los impuestos sin cambios, se podría elevar la recaudación en 50.400 millones de euros en 2019 con respecto a 2015.

El resumen de todos estos cálculos es que la coalición aumentará los impuestos, eliminará deducciones y creará figuras tributarias nuevas para elevar la recaudación en casi 28.000 millones de euros en 2019 con respecto al Programa de Estabilidad. Toca rascarse el bolsillo.

2. Hasta 80.000 millones más de gasto. La sostenibilidad de las cuentas públicas está en entredicho si cada año de la legislatura el Estado va aumentando su gasto público en una media de 20.000 millones de euros anuales. Lo primero que sería imposible es cumplir con la senda del déficit recién acordada con la Comisión Europea, como reconocen los dos partidos. Su intención es retrasar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad hasta 2019, esto es, no bajar el déficit del 3% hasta el último año de la legislatura.

Esta es una propuesta que Bruselas en ningún momento aceptará, ya que la Comisión quiere que los Estados no tarden mucho en salir del Procedimiento de Déficit Excesivo en un máximo de dos años para volver a pensar en la integración europea.

El programa presentado por Podemos e Izquierda Unida plantea llevar el gasto público hasta el 43,3% del PIB en 2019, esto es, mantenerlo en el mismo nivel que tenía en 2015. Pero como las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB y de la inflación, esto significa que el gasto público aumentará con fuerza. Teniendo en cuenta el PIB que está planteado en el Programa de Estabilidad, el gasto público aumentaría en 77.800 millones de euros en 2019 frente al año 2015.

En comparación con el Programa de Estabilidad del PP, el gasto público que quieren alcanzar Podemos e IU sería de 37.500 millones de euros superior al pactado con Bruselas. Esto son 3,7 puntos del PIB, un aumento del gasto público que sería inconcebible para la Comisión Europea.

3. La banca se tambalea. El pacto de Podemos e Izquierda Unida pone el foco sobre la banca, que tendrá que asumir una doble subida de impuestos y además hacerse cargo de una reestructuración de la deuda privada. Las entidades españolas se encuentran en un momento muy delicado, en el que urge vender sus carteras de activos problemáticos y además, tienen unos márgenes muy estrechos que están poniendo en riesgo la viabilidad de su negocio. En un entorno como el actual de tipos bajos, altas exigencias de capital y elevada competencia, las medidas propuestas son un disparo contra su línea de flotación. La banca tiene mucho que temer a este pacto.

En primer lugar, las entidades financieras privadas tendrán que asumir un Impuesto de Solidaridad con carácter extraordinario con el que se pretende “recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector”. De este modo, muchos bancos tendrán que asumir un impuesto con el que se pagarán unas ayudas en las que no participaron, ya que la mayor parte del dinero fue destinado al rescate de las cajas de ahorro (algunas ya reconvertidas en bancos, como Bankia). Además, los bancos ya están contribuyendo a crear el Fondo Único de Resolución, donde se recoge el dinero que se empleará en los futuros rescates de bancos y que se nutre únicamente de las aportaciones de las entidades. En total, las firmas con presencia en España pagarán 5.300 millones de euros hasta 2026.

La coalición plantea la creación de otro impuesto: la Tasa a las transacciones financieras, lo que popularmente se conoce como tasa Tobin. Esta figura impositiva es un anhelo de algunos países de la eurozona que tenían al inicio de la crisis, pero que va perdiendo fuerza con el paso de los años. Los expertos consideran que este impuesto se debe aplicar a nivel internacional, ya que si lo aprueba un solo país, corre el riesgo de quedarse relegado en los circuitos financieros. La idea lleva dando vueltas desde 2011, cuando lo propuso el entonces presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. Su aplicación estaba prevista para el inicio de 2016, pero ahora está pospuesta sine die y cada vez tiene más probabilidades de que no se llegue a aprobar.

Pero la carga que tendrían que soportar los bancos no se queda aquí, la coalición propone además que sean las entidades quienes soporten una reestructuración de la deuda privada. En otras palabras, que una serie de activos que tienen en sus balances sufran unos recortes de valoración importantes que tendrían que cubrir con capital. Esta reestructuración vendría principalmente por las hipotecas, que es en lo que ha quedado la auditoría de la deuda que propuso Podemos en sus inicios como partido político.

Pero las reestructuraciones de deuda también se extienden a las empresas con la propuesta de una Ley de Segunda Oportunidad. De este modo, las empresas también podrían reducir el valor de las deudas que también caería sobre los ya maltrechos balances de los bancos.

4. Banca pública. La evolución del crédito es un factor fundamental para cualquier país y cargar una buena parte de los esfuerzos económicos sobre los bancos puede acabar por cortar todo el crédito. Podemos e Izquierda Unida pretenden “poner en marcha una potente y eficaz banca pública” para la que emplearían las dos entidades nacionalizadas: BFA, propietaria de Bankia, y Banco Mare Nostrum (BMN), además del ICO.

El problema de esta propuesta es que la Comisión Europea obliga a privatizar estas entidades, ya que considera que mantenerlas como entidades públicas supone una competencia desleal con las entidades privadas. De hecho, Bruselas ya dio un toque de atención a España en abril para acelerar el proceso de privatización de estas dos entidades. La decisión de mantenerlas como entidades públicas no es del gobierno español, sea quien sea el presidente y el vicepresidente.

5. Economía planificada. Uno de los puntos fuertes del acuerdo es la participación activa del Estado en los puestos de control de la economía, de modo que la dirección de la inversión no sea privada, sino pública. Para controlar el destino de las inversiones privadas, la coalición propone “definir las especializaciones sectoriales e industriales que permitan desplazar el tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales”.

Para definir la orientación estratégica de la economía se constituirán Comités Estratégicos que contarán con la participación de los sindicatos y las empresas y que estarán liderados por el gobierno. La planificación de la economía también incluye la dirección de la inversión pública que permita una “transición hacia el nuevo modelo productivo”. 

6. El final de las puertas giratorias. En el acuerdo no solo hay medidas polémicas en el ámbito económico. Así, Podemos e IU incluyen una serie de medidas para luchar contra la corrupción y defender la eficacia de los servicios públicos. Una de ellas es, como en la campaña anterior del partido de los círculos, eliminar las puertas giratorias. Para ello, abogan por la "extensión y clarificación de las incompatibilidades de los cargos político y algos cargos de la Administración una vez finalizadas sus funciones" y por el "bloqueo del acceso de excargos electos a los consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos".

7. Reducción del sueldo de los diputados. En la misma batería de medidas, Podemos e IU apuntan claramente a que los diputados y senadores se reduzcan los salarios. Algo que no proponen otras formaciones políticas. En concreto, en el pacto consta la "eliminación de los privilegios de los cargos electos" así como la "rebaja de las retribuciones de los miembros electos de las Cortes y equiparación salarial a los cuerpos de funcionarios del Estado" y la "eliminación de las 'pensiones de oro". 

8. El derecho a decidir en Cataluña. El problema catalán es uno de los más candentes en la política nacional. Los partidos de Garzón e Iglesias apuestan en su acuerdo por la "garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una mayoría lo pida con intensidad". Y, más en concreto respecto al problema catalán, se amparan en el artículo 92 de la Constitución para defender la "convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España". 

9. La memoria histórica. Como ya revelaba EL ESPAÑOL este martes, otro de los puntos más controvertidos del acuerdo tiene que ver con la memoria histórica. Podemos e IU abogan por "la recuperación de la memoria democrática". Para ello, apuestan por el "reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y el "reconocimiento jurídico, político y social de quienes defendieron la legalidad republicana y de quienes lucharon contra el franquismo, el fascismo y el nazismo". En esa línea, desean la "condena institucional del franquismo en los términos declarados por la ONU".

10. ¿Reforma de la Constitución? Entre otras propuestas de regeneración de cambios en la política española, Podemos e IU incluyen también una referencia a la hipotética reforma de la Constitución, aunque no entran en detalle en la misma. Bajo el epígrafe "cambio constitucional", los firmantes del pacto se limitan a defender una "apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978". Eso sí, apuestan por convocar un "referéndum consultivo para iniciar este proceso".    

Por último, en este acuerdo entre Podemos e IU no hay, como se ha dicho, mención alguna al debate sobre la forma del Estado. El partido que lidera Alberto Garzón se caracteriza por ser republicano. En el caso de Podemos, esta cuestión está más abierta, si bien parece evidente que la mayoría de sus seguidores simpatizan más con la República que con la Monarquía. Sin embargo, en el texto este tema no aparece, acaso para mantener en alguna medida esa transversalidad que defienden algunos sectores del partido de los círculos.