La fiscal general, Consuelo Madrigal, ha anunciado esta mañana que los fiscales "no pueden asumir ninguna responsabilidad" respecto a la revisión de los procedimientos penales que no han sido puestos a su disposición para dictaminar sobre si deben ser tramitados como causas complejas, como diligencias sencillas o bien ser archivados.

A dos semanas de que termine el plazo para revisar todos los procesos penales abiertos en los Juzgados y Tribunales españoles con el fin de determinar sus plazos de tramitación (18 meses para las causas complejas y 6 para las sencillas), se ignora con exactitud cuántas diligencias han sido examinadas ya y, peor aún, cuántas quedan por mirar.

De ello deben encargarse, en primera instancia, los fiscales para que el juez pueda decidir luego si la causa es compleja o sencilla o decretar su sobreseimiento. Pero sucede que, según ha denunciado esta mañana la fiscal general, los letrados de la Administración de Justicia (antes llamados secretarios judiciales, que dependen del Ministerio de Justicia) "no han trasladado" a los fiscales todos los procedimientos.





'Ahí está el armario'

En algunos casos, los letrados judiciales no han hecho una relación de las diligencias que se tramitan en el órgano a su cargo ni las han ordenado ni las han remitido al Ministerio Público, limitándose a indicar al fiscal los armarios donde se encuentran amontonados los papeles.

"La Fiscalía lamenta que, pese a las reiteradas peticiones efectuadas, desde la Secretaría General de la Administración de Justicia no se haya dictado una instrucción que aclare el nivel de corresponsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia como custodios de los procedimientos e impulsores y ordenadores de su tramitación", ha señalado Madrigal.

"Debe quedar constancia", ha añadido, de que los fiscales no pueden asumir responsabilidad alguna respecto de las causas que no sean trasladadas a la Fiscalía y cuyo estado de tramitación o mera existencia desconozcan".

Madrigal ha rechazado hablar de que la reforma procesal promovida por el ministro Catalá vaya a provocar impunidad porque "todos los procedimientos que han sido remitidos a las Fiscalías o de cuyo estado de tramitación se ha tenido conocimiento cabal han sido o van a ser revisados en los próximos días".

Sin cifras seguras



Pero la Fiscalía "sospecha" que hay procedimientos a los que los fiscales no han accedido. "Son pocos, aunque no los podemos cuantificar porque no lo sabemos", ha dicho.

La situación de una Administración de Justicia infradotada de medios informáticos modernos y anclada en hábitos y procedimientos del siglo pasado está teniendo como consecuencia que las instituciones implicadas ni siquiera sepan el número de causas que hay que revisar.

La Fiscalía hizo un cálculo inicial de 550.000 diligencias frente a las 250.000 del Ministerio de Justicia, pero luego el departamento de Catalá ha ido subiendo sus estimaciones y ya va por los 460.000 procedimientos.

Tanto el Consejo Fiscal como las asociaciones de fiscales vienen denunciando desde hace semanas el "descontrol" existente para la aplicación de la reforma procesal.

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