La euskaldunización obligatoria de los funcionarios vascos enciende la campaña

La revisión del actual modelo de euskaldunización del funcionariado se ha convertido en un polémico eje de la campaña electoral. El PSE-EE está siendo objeto de fuertes críticas por un video difundido a principios de esta semana, en el que denuncia la imposición del euskera para ingresar en la administración pública vasca, y Ciudadanos y el PP se han sumado a su petición de cambios en la política lingüística y en los perfiles (PL) que miden el grado de conocimiento del idioma entre los empleados públicos.

“¿Es justo que no puedas acceder a un empleo público si no eres euskaldun?”, interrogan los populares en la apertura de un spot de campaña con el que han alimentado el debate y retomado este jueves sus propuestas contra “la exclusión” que sufren los castellanoparlantes. Una discriminación más matizada por los socialistas  pese al contundente mensaje de su vídeo electoral: sólo la Administración vasca cierra las puertas a quien no sabe euskera, de espaldas totalmente a la realidad de la calle.

Para visualizar esta anormalidad  invita al elector a ponerse ante el espejo de un joven rechazado en un bar, una iglesia, y un campo de fútbol por desconocer la lengua vasca. La grabación ha levantado ampollas e incluso ha sido criticada por la exconsejera de Cultura del Gobierno de Patxi López, Blanca Urgel, quien asegura que “aviva el victimismo”  de los que únicamente hablan castellano.

Las fuerzas nacionalistas han contraatacado, negado la discriminación, y exhibido el escaso porcentaje de ciudadanos, un 0,7% , que sitúa la “imposición del euskera” en cabeza de los problemas del País Vasco según la última encuesta del CIS. Tanto el PNV como EH Bildu han llamado a aparcar la cuestión y dejarla fuera del debate partidista y en esa misma línea se ha pronunciado Podemos a través de su secretaria general, Nagua Alba.

Las fuerzas nacionalistas han contraatacado, negado la discriminación, y exhibido el escaso porcentaje de ciudadanos, un 0,7% , que sitúa la “imposición del euskera” en cabeza de los problemas del País Vasco según la última encuesta del CIS.

La polémica ha obligado al PSE-EE a defenderse y poner en valor su trayectoria e hitos en la materia alcanzados con su ayuda, como la ley de normalización del uso del euskera en 1982, o la confluencia de las ikastolas en la red pública educativa promovida seis años después por el consejero socialista de Educación Fernando Buesa, posteriormente asesinado por ETA. Su recorrido acaba con iniciativas más recientes, ya de otro calado, como el desarrollo de un traductor automático de castellano a euskera implementado por el Gobierno de López, o las últimas propuestas planteadas en el Parlamento Vasco para mejorar las pruebas de acreditación del conocimiento de la lengua vasca.

PROPUESTAS PSE-EE y PP

“Los socialistas no somos sospechosos de ser enemigos del euskera”, protestaba la cabeza de lista del PSE-EE por Álava, Natalia  Rojo, este miércoles en una emisora de radio. Trataba de centrar  el problema en los  desajustes existentes entre los conocimientos necesarios para el desempeño de un puesto de trabajo y el perfil lingüístico exigido en la Función Pública.

El partido de Idoia Mendía apela al principio de igualdad de oportunidades para que el idioma no sea un impedimento para ser funcionario e insiste en revisar cada empleo que ofrece la Administración. Su objetivo es determinar donde saber euskera es prioritario y donde no. No es lo mismo, razonan, trabajar de cara al público que no entrar en contacto con él.

El partido de Idoia Mendía apela al principio de igualdad de oportunidades para que el idioma no sea un impedimento para ser funcionario e insiste en revisar cada empleo que ofrece la Administración.

El PP va más allá en su rechazo a la obligatoriedad del euskera y apuesta por el diseño de plazas con perfil cero para ordenanzas y trabajadores de algunas áreas como las de limpieza o emergencias según hace constar en su programa electoral. En él incluye modificar los criterios de selección para que el idioma “no afecte a la calidad del servicio”, primen los conocimientos técnicos  sobre los lingüísticos, y la fijación del perfil se ajuste a la demanda real del euskera, muy inferior a las estadísticas oficiales de quienes se declaran euskaldunes y semieuskaldunes  que son utilizadas como referencia.

“INCOHERENCIAS” QUE ASUME EL GOBIERNO

El  presidente del PNV de Gipuzkoa y candidato por este territorio, Joseba Egibar, calificó el video socialista de “ataque zafio e injusto a la convivencia lingüística  y social”. Pese a su virulenta reacción el propio Gobierno vasco ha reconocido recientemente “algunas incoherencias o disfunciones” en la asignación de los PL en la Función Pública.

Cada puesto  en la administración vasca tiene asignado un perfil – del 1 al 4, según el menor o mayor grado de conocimiento del euskera- que puede ser preceptivo, o sea indispensable para acceder a la plaza, o valorado como mérito en el proceso de selección con una puntuación mayor en ocasiones a las aportaciones de formación, especialización y experiencia de los opositores.

Los programas que el Ejecutivo vasco desarrolla abarcan periodos de cinco años, sometidos a revisiones intermedias por la viceconsejería de Política Lingüística, que da cuenta de sus conclusiones a la Cámara de Vitoria. En la actualidad está vigente el plan 2013-2017, cuya evaluación analizó el titular del servicio, Patxi Baztarrika, los últimos días de junio ante el Parlamento de  Vitoria.

Los programas que el Ejecutivo vasco desarrolla abarcan periodos de cinco años, sometidos a revisiones intermedias por la viceconsejería de Política Lingüística, que da cuenta de sus conclusiones a la Cámara de Vitoria.

Su informe, sobre el funcionariado del Gobierno vasco  y el resto  de administraciones públicas, ofreció una “foto luminosa” para el euskera, cualitativamente superior a los avances registrados con el plan del quinquenio anterior. Expuso además que las adjudicaciones  de perfiles se habían llevado a cabo  “de manera adecuada” en su conjunto. Una valoración que no le impidió reconocer que se habían producido  “algunas incoherencias y disfunciones”  que había que entrar a subsanar.

Su análisis partía de los más de seis mil funcionarios de la administración general del País Vasco, conocida como Lakua por la ubicación de su sede en la capital alavesa. El propio análisis incorporaba a los trabajadores de los organismos autónomos dependientes del Gobierno y al resto de instituciones públicas entre las que están incluidas diputaciones forales, ayuntamientos, Parlamento, la UPV y entidades como el Ararteko o Defensor del Pueblo vasco  y el Tribunal de Cuentas públicas. En total 37.544 puestos de trabajo.

Al margen quedan los grandes colectivos de empleo público artífices de las prestaciones educativas, sanitarias (Osakidetza) o de seguridad (Ertzaintza), que tienen sus propios planes de euskaldunización y se contabilizan aparte. Pese a ello, los resultados, salvo en las diferencias de ritmo con el que se aplican, no son muy distintos a los expuestos por Baztarrika. Todos secundan, con las correspondientes adaptaciones, las directrices generales marcadas por su Viceconsejería.

ADMINISTRATIVOS IGUALADOS A TRADUCTORES

La lectura positiva del viceconsejero de Política Lingüística relegaba algunos ejemplos llamativos al ámbito de los desajustes hasta ahora inevitables  por la  “cantidad de instituciones y puestos de trabajo” concernidos.  Él mismo citó en su comparecencia parlamentaria que “aquí y allá” se pueden encontrar “puestos de auxiliar administrativo con el mismo perfil (PL 3) que se requiere para impartir clases en la universidad; o administrativos con PL 4, con el nivel que se requiere a los traductores; o técnicos de grado medio o arquitectos técnicos con el segundo perfil lingüístico; o algún responsable con el primero. Y tres perfiles lingüísticos diferentes en un idéntico puesto de trabajo”. Utilizando el marco referencial europeo para las lenguas, el PL 1 equivale al B1, mientras que el PL2 se identifica con el B2, el PL3 con el C1 y el PL4, con el nivel C2.

En ocasiones anteriores, los expertos ya habían reflejado el error de reclamar los más altos niveles de euskera para optar, por ejemplo, al trabajo de guarda forestal que poca relación tiene con la atención al público; mientras que el caso de los forenses ha sido exhibido como paradigma de sus tesis por parte de los partidos constitucionalistas. En sus denuncias ante el Parlamento PP y PSE –EE se han visto sobrepasados por UPyD, muy beligerante en la materia.

El Gobierno vasco se propone eliminar los “desajustes” observados. Con tal motivo Política Lingüística abrió una reflexión sobre los cambios a introducir  y en algunos de ellos, recogidos también en el programa del PNV para el  25-S, su propuesta es coincidente con la del PSE-EE.

Los socialistas han acuñado el término  de perfil lingüístico “mixto o asimétrico” para proponer diferenciar entre las destrezas orales o escritas necesarias para desempeñar un puesto de trabajo y exigir en consecuencia distinta capacitación en el habla que en la escritura.

Ese objetivo de “certificación por destrezas” está asumido por el Gobierno y el PNV incluye en su oferta electoral la posibilidad de combinar diferentes niveles de comprensión oral o escrita en un mismo perfil.

El propio Baztarrizka considera injustificado exigir un PL2 en escritura a alguaciles, trabajadores de ayuda a domicilio, conserjes o monitores, según su exposición ante el Parlamento.

SE USA MENOS DE LO QUE SE EXIGE

Además de esa readecuación a la realidad, el partido de Ortuzar se compromete a impulsar el “incremento significativo” del uso del euskera en la Administración.

En ese acusado desfase entre conocimiento y uso se enraíza otra de las grandes debilidades del sistema actual, que enlaza con las denuncias de PSE-EE y PP. Ambos partidos ponen de manifiesto que las inversiones millonarias públicas de promoción del euskera no obtienen los resultados perseguidos y que el decalaje entre exigencia y utilización demuestra el despropósito de determinadas imposiciones.

Según el Gobierno vasco casi siete (67,9%) de los funcionarios de las administraciones vascas están capacitados para desenvolverse en euskera en mayor o menor medida, pero el porcentaje cae hasta el 51,3%  cuando se trata de apreciar los que realmente lo  utilizan como lengua de trabajo.

Lo mismo sucede en el caso de los cargos públicos. El 65,3% es bilingüe pero sólo el 52,8% lo demuestra en el desempeño de sus funciones.

Los informes de la viceconsejería de Política Lingüística, repletos de cuadros y gráficas, analizan la situación hasta el más mínimo detalle.  El 59,2%  de los empleados públicos (20.640) ha adquirido el PL preceptivo, un 8,7% (3.030) ha logrado uno inmediatamente inferior; el 27,1% (9.439)  continúa sin acreditar ninguna capacitación en euskera y el 4,9% (1.718) ha quedado  exento, fundamentalmente por razones de edad ya que a partir de los 45 años no es obligatorio. En 2015 ascendía a un 62,4% (23.439) el total de puestos con fecha de preceptividad asignada, cuyo vencimiento implica la imposibilidad de seguir ocupando la plaza si no se acredita el PL predeterminado.

Los socialistas se muestran muy críticos con este nivel de exigencia, trasladable aun dentro de sus especificidades a ertzainzas, profesores y médicos. Creen imprescindible un debate que contraponga los resultados, muy inferiores a las expectativas generadas, con los importantes recursos destinados a la planificación lingüística.

El PP amplía el foco a otro aspecto cuando se compromete en su programa a acabar con “las subvenciones opacas y clientelares” que enrarecen la promoción del uso del euskera.

Ciudadanos, con apenas implantación en la comunidad autónoma, se ha posicionado en la campaña vasca en favor de “una administración profesionalizada, sin exigencias lingüísticas que reduzcan su eficiencia” pero sin entrar en mayores concreciones.

ÚNICA LENGUA DE TRABAJO PARA EH BILDU

El programa de Podemos es conciso al referirse a la euskaldunización del funcionariado. En apenas tres líneas establece su intención de realizar estudios periódicos dirigidos a evaluar el grado de uso del euskera en cada uno de los ámbitos públicos “con el fin de reorientar la política lingüística y mejorar su eficiencia”. Sí establece un criterio previo al comprometerse a impulsar el aprendizaje  y uso del euskera entre el funcionariado y al reivindicar que cualquier persona debe poder ser atendida  en las dos lenguas cooficiales del País Vasco.

EH Bildu confiere a la política lingüística la condición de “estratégica” y plantea crear y desarrollar una nueva arquitectura jurídica que proteja a los ámbitos más euskaldunes y extienda la gratuidad al conjunto de la euskaldunización de adultos. Para garantizar los derechos de los vascoparlantes propone que el euskera y no el castellano sea “la lengua de trabajo y de servicios en toda la Administración” como ya ha quedado reflejado a nivel municipal en la normativa reguladora del funcionamiento de los ayuntamientos que el PNV sacó adelante con su ayuda en la pasada legislatura.

La candidata de EH Bildu por Gipuzkoa, la periodista de ETB Maddalen Iriarte, que sustituye a Otegi como cabeza de lista tras su inhabilitación, se ha mostrado finalmente “dolida” este jueves  por el video del PSE y ha asegurado que su mensaje de que el euskera discrimina, aparte de no ser cierto, “divide y fomenta el odio” entre la sociedad vasca. No obstante, ha sostenido que la coalición abertzale no se opone a la revisión de los PL en su afán de  mejorar lo que no esté funcionando, aunque ello no queda reflejado en el programa electoral de la coalición.