La Fiscalía investiga a la Generalitat por el robo de datos para crear su Hacienda y su CNI

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si personal de la Generalitat o de empresas contratadas por la Administración catalana robó datos de registros públicos para favorecer el proceso soberanista o al Gobierno de Convergencia en sus investigaciones judiciales. Para detectarlo, los responsables de la investigación abierta desde febrero de 2016, enviaron la pasada semana un requerimiento a distintas entidades públicas de ámbito autonómico. En ellas, la Fiscalía requería contratos, presupuestos, pagos, y sobre todo los registros de acceso a distintas bases de datos como el padrón, Hacienda, la Seguridad Social o Aduanas.

El procedimiento, que se ha separado en dos investigaciones embrionarias (32/2016 y 33/2016), está en manos de la Fiscalía, que todavía no ha presentado la querella correspondiente. Tras dos ampliaciones en el plazo, el ministerio público investiga presuntos delitos de sedición, desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con la creación de dos entidades autonómicas: la Hacienda catalana y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), considerado el germen del servicio de inteligencia catalán.

Para detectar si la Generalitat gastó importantes fondos públicos en crear su propio sistema de inteligencia al margen de las instituciones del Estado, la Fiscalía ha requerido también los registros de tráfico de sus servidores, las contraseñas de acceso a las distintas aplicaciones que han sido programadas por terceros (empresas algunas también investigadas) y el código fuente de esas aplicaciones, es decir: los archivos de programación capaces de identificar el objetivo real con el que se programaron y las capacidades ocultas que contienen. Los investigadores son escépticos con el resultado de alguna de estas pruebas ante la posibilidad de que hayan sido modificadas por expertos informáticos antes de ser requeridas por la Justicia. 

Dos años de plazo

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la investigación se centra tanto en algunos funcinoarios de estos organismos como en los responsables de la Administración autonómica que propiciaron su creación. La Fiscalía investiga tanto el nacimiento de la Hacienda y el Servicio de Inteligencia catalán como el desvío de fondos para fines en contra de la naturaleza propia de un gobierno autonómico. 

Ambos casos, que siguen procedimientos paralelos, fueron trasladados a la Fiscalía en febrero de 2016 y desde entonces, son investigados con pesquisas discretas. Tanto uno como otro se encuentra todavía en una fase muy temprana, ya que el ministerio público busca acumular indicios para presentar una querella contra varios responsables de la Generalitat y sus colaboradores. De hecho, esta fase se ha prolongado con tres prórrogas de seis meses y podría hacerlo de nuevo hasta alcanzar los dos años de pesquisas. Pasado ese tiempo, los fiscales tendrán que decidir si acusan formalmente a los responsables de la Generalitat por estas actividades y pasan los casos a reparto (por lo que caerían en manos de un juez instructor) o si por el contrario, archivan la investigación al no encontrar indicios de delito.