Hacienda da 24 horas al Govern para que explique el desvío de fondos para el 1-O

El Ministerio de Hacienda ha dado 24 horas a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros para preparar el referéndum del 1 de octubre. Lo ha hecho a través de un segundo requerimiento en el que advierte de que puede incurrir en responsabilidades penales si no explica a qué obedece y si esa partida está vinculada a la celebración de un referéndum de independencia. 

La partida detectada por Hacienda llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro envió un primer requerimiento a la interventora catalana la pasada semana para que aclarara ese desvío de más de 6.000 euros. Este lunes al mediodía se ha cumplido el plazo de tres días sin obtener respuesta, por lo que se le ha enviado un segundo requerimiento para que remita esa información en un plazo de 24 horas. 

La respuesta de la Generalitat 

Según recoge la agencia de noticias EFE, la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, habría respondido ya a la solicitud de información del ministerio de Hacienda aclarando que el gasto de 6.150 euros que ha llevado al Gobierno a activar el control semanal de los gastos de la Generalitat "no tiene relación con el referéndum" del 1 de octubre.

En una carta remitida también al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, indicaba que la información recabada "se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos".

Desde el gobierno catalán señalan que ese gasto corresponde a un contrato de mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales que implica al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).