Se fugan 50 inmigrantes en cuarentena en Murcia: avistadas 500 pateras a punto de zarpar en Argelia

Por segunda vez en lo que va de semana vuelven a fugarse parte de los argelinos llegados a las costas de la Región de Murcia en la mayor oleada de pateras de este año: 468 viajaron abordo de 31 gomas. El asunto se le empieza a atragantar al delegado del Gobierno, José Vélez, al que no solo el PP y el Ayuntamiento de Cartagena le han pedido que dimita, sino que además está en la diana de las críticas de la Asociación de la Guardia Civil JUCIl y de JUPOL: el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía.

La primera fuga tuvo lugar la madrugada de este miércoles cuando 100 de los 259 inmigrantes irregulares que estaban custodiados en el campamento del Puerto de Escombreras en Cartagena, se aprovecharon de la inferioridad del dispositivo policial -compuesto por doce agentes- y se amotinaron: tiraron las vallas perimetrales y salieron en estampida.

El motín se produjo porque los argelinos estaban hartos de dormir en el suelo y de soportar temperaturas extremas bajo carpas sin aire acondicionado, mientras que la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autónomico pugnan en los juzgados por aclarar quién tiene la competencia de dar una solución habitacional a los inmigrantes irregulares. La cuestión a dilucidar es si le corresponde a la Administración central o a la autonómica habilitar los edificios públicos donde alojar durante dos semanas a los irregulares llegados a las costas murcianas para comprobar que no son portadores del COVID.

La segunda fuga se produjo esta madrugada del sábado en el pabellón deportivo Cabezo Beaza. Hasta ahora el Ayuntamiento de Cartagena es el único consistorio de todos los situados en el litoral de la Región de Murcia que se ha ofrecido a ayudar en esta crisis migratoria con la cesión de la mencionada instalación a la que trasladaron a un centenar de argelinos.

El dispositivo habilitado para custodiarlos era ínfimo: 4 agentes de la Guardia Civil que tocaban a 25 inmigrantes cada uno. Pasados unos minutos de la una de la madrugada: entre 50 y 60 argelinos lograron escapar de Cabezo Beaza. Entre los huidos existen inmigrantes que estuvieron en contacto con los 40 positivos por COVID detectados en esta oleada de pateras y que por tanto son sospechosos de ser portadores del coronavirus.

La Delegación del Gobierno ha confirmado a este diario que ya han sido localizados 15 de los 59 inmigrantes irregulares que escaparon del pabellón deportivo.

La Delegación del Gobierno no logra zanjar la crisis migratoria desatada por los argelinos y no se descarta una segunda oleada de pateras: anoche llegó otra embarcación. La previsión, según fuentes policiales, es que vengan más durante los próximos días porque el avión del servicio Frontex detectó esta semana "unas 500 pateras preparadas para zarpar desde Argelia".

En la noche del viernes al sábado, de hecho, llegaron 3 embarcaciones con al menos 30 inmigrantes. 

Durante el mencionado vuelo de vigilancia, las citadas fuentes policiales detallan a EL ESPAÑOL que "las pateras estaban dispuestas a lo largo de la costa de Mostaganem". A una media de diez tripulantes por cada embarcación, el contingente de inmigrantes irregulares dispuestos a jugarse la vida en alta mar con tal de hacer tierra en la Región, Almería o Alicante podría ascender a 5.000.

De hecho, en la provincia almeriense han movilizado el buque Río Segura de la Guardia Civil y a los GRS: Grupos de Reserva y Seguridad. Un miembro de la Benemérita avanza a este diario que prevén "la llegada de 50 pateras durante los próximos días de agosto".

Además, el Instituto Armado en previsión de una nueva oleada de pateras ha vaciado el Centro de Acogida de Extranjeros (CATE) de Almería donde había alojadas medio centenar de personas.

Alberto García, secretario de JUPOL en Murcia, crítica "la nefasta gestión" de la oleada de pateras que está realizando el delegado del Gobierno en Murcia, el socialista José Vélez.

Protocolo de actuación

Desde el sindicato JUPOL han remitido escritos a las delegaciones del Gobierno de las zonas afectadas por la llegada de  pateras -Alicante, Murcia y Almería- en los que solicitan la elaboración urgente de un protocolo de actuación efectivo que permita a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía "trabajar de forma segura ante la llegada de inmigración irregular a las costas españolas y que fije unas líneas de actuación para garantizar la salud tanto de los policías nacionales, como de los inmigrantes y del resto de la población".

A juicio del secretario en Murcia de JUPOL, Alberto García, ese protocolo es necesario por los datos de inmigración irregular que se han registrado en julio: "En la última semana han llegado a las costas de la Región de Murcia, Almería, Alicante, e Islas Baleares, un total de 948 personas en más de cincuenta embarcaciones".

Cuarentena en espacios adecuados

El sindicato JUPOL pide tanto a la Dirección General de la Policía, como a las citadas delegaciones del Gobierno que habiliten zonas adecuadas para el confinamiento y aislamiento de los migrantes, con el objetivo de que no se repitan situaciones como las vividas en el puerto de Escombreras en Cartagena donde solo había una ducha para 468 personas. Además, debían cobijarse del sol en carpas donde no se respetaba el distanciamiento social a pesar de que entre los argelinos se habían detectado 40 positivos por coronavirus: 38 adultos y 2 niños que están ingresados en los hospitales cartageneros Santa Lucía y Virgen de la Caridad.

"Este sindicato denuncia que, en muchos casos, las zonas donde están siendo acogidos los recién llegados, no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, higiene y habitabilidad. Un hecho que supone un incremento en el riesgo sanitario y en las
intenciones de fuga de los inmigrantes", reflexiona Alberto García.

En la misma línea, JUPOL denuncia que los emplazamientos elegidos para estas cuarentenas no cumplen la normativa de riesgos laborales. "Los policías nacionales allí destinados deben velar por el cumplimiento del aislamiento preventivo de los recién llegados sin disponer de lugares adecuados de descanso ni aseo y bajo un sol que
se traduce en elevadas temperaturas que pueden ocasionar en estos profesionales síntomas como fatiga, falta de concentración, náuseas, quemaduras y problemas a la
vista, todo ello a consecuencia de una exposición prolongada a las radiaciones solares", tal y como enumera esta organización sindical en un comunicado.

Críticas de la Guardia Civil

El malestar con la gestión de la oleada de pateras también se está extendiendo entre la Guardia Civil. El sindicato AUGC en Almería ha presentado varios escritos solicitando a las diferentes administraciones la implantación de medios técnicos y humanos para combatir la avalancha de pateras que están llegando a las costas de la provincia almeriense este verano.

"Ya son varios escritos remitidos desde esta delegación a las autoridades competentes, incluso al Defensor del Pueblo, explicando las necesidades y condiciones en que los guardias civiles están trabajando para enfrentarse a la inmigración irregular, incluso son varios los requerimientos dirigidos a la Comandancia de la Guardia Civil por los que se obtiene solo silencio por respuesta", critican en una nota.

Desde este sindicato de la Guardia Civil también exigen al Gobierno de España la implantación de un protocolo sanitario específico para tratar e identificar a los inmigrantes que puedan ser portadores de la COVID-19.

"AUGC Almería lleva en reiteradas ocasiones reclamando para los agentes implicados medios preventivos como desinfección de dependencias y zonas comunes puesto que los inmigrantes tienen una alta movilidad por el interior de la instalaciones, desinfección de vehículos oficiales y que se dote a los guardias civiles con EPI completos desechables, todo ello para poder atender las continuas llegadas de inmigración irregular y evitar el contagio a los agentes como ya ha ocurrido en la provincia", zanja el comunicado.

Todo apunta a que esta oleada de pateras se está convirtiendo en un polvorín humanitario y laboral entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al que el Gobierno de España debe empezar a buscar una solución.