La Guardia Civil archiva la sanción a dos agentes a los que suspendió por criticar la Ley de Amnistía

Según la resolución, fechada el pasado 18 de marzo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la dirección de la Guardia Civil ha decretado la "terminación del expediente disciplinario sin declaración de responsabilidad" tanto para el sargento primero como para el guardia civil a los que se imputaba "una falta muy grave", consistente en "la violación de la neutralidad política en el desarrollo de la actuación profesional". 

Ambos agentes son el presidente y secretario de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC). El director del Instituto Armado, Leonardo Marcos, les abrió un expediente y les suspendió de empleo y sueldo, por criticar la Ley de Amnistía en un comunicado de la asociación, en el que mostraban su confianza en la judicatura.

El comunicado, muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se titulaba "la última barrera ante la derrota del imperio de la Ley". Los dirigentes de la asociación recordaron también en el escrito su juramento para "derramar sangre" en defensa de España y la Constitución.

Tal y como figura en la resolución, la cúpula de la Guardia Civil abrió el expediente por una falta muy grave que se tipifica en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007. Concretamente, se acusaba a ambos agentes de "la violación de la neutralidad política en el desarrollo de la actuación profesional".

Comunicados

APROGC recurrió la medida cautelar, por la que tanto el presidente como el secretario de la asociación quedaban suspendidos de empleo y sueldo durante tres meses. Finalmente, el Tribunal Militar Central suspendió esta medida "por considerarla absolutamente desproporcionada y no motivada".

En el auto en el que la justicia militar resolvía sobre esa suspensión, señalaba, coincidiendo con la Fiscalía, que la motivación de una medida así debía ser "clara y contundente", por su gravedad sobre los derechos de los expedientados y por concurrir dos concretas circunstancias en este caso: intervenía "la protección de un derecho fundamental de tan especial relevancia como lo es el de la libertad de expresión" y los hechos, señalaba el auto, "tienen relación con el ejercicio de derechos tan relevantes como el de asociación", recogido en la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

En su resolución, que devolvía el empleo y el sueldo a los expedientados, el Tribunal señalaba que la motivación de esa medida distaba "mucho de colmar las exigencias justificativas de una resolución con tan profundas consecuencias en derechos fundamentales".

Concluía además que la entendía "equiparable a mera discrecionalidad y automatismo a la hora de tomar la medida". Para finalizar, el Tribunal Militar hacía una advertencia en cuanto a que la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, con esta medida, podrían estar pisando "un terreno resbaladizo".

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Así, habla el Tribunal de la "altísima relevancia en el orden de los derechos fundamentales" como la libertad de expresión, que sólo puede ser limitados mediante actuaciones de la Administración realizadas con un "exquisito deber de cuidado", poniendo de manifiesto que "lo reprochado a los expedientados fue realizado por ellos en su calidad de representantes de una asociación de guardias civiles". El auto recordaba que ambas cuestiones están "especialmente protegidas por el ordenamiento jurídico".

La asociación cuyos miembros han resultado exonerados ha emitido un comunicado explicando lo ocurrido: "Tal fue el impacto del comunicado sobre la Administración que esa misma tarde fue comunicado a los medios que el ministro del Interior había ordenado abrir una investigación. De modo que, durante el fin de semana, se puso en marcha toda la maquinaria con una celeridad inusitada por orden del Director General de la Guardia Civil".