Piden al juez que revise las grabaciones internas de la cadena de mando en la tragedia de Barbate

Lo único que está claro es que una narcolancha de un clan del narcotráfico que opera en el Estrecho les arrolló y acabó con su vida la noche del 9 de febrero. Y que quienes fueron detenidos en un primer momento no son los verdaderos autores del crimen.

A día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién pilotaba la narcolancha ni quiénes eran sus tripulantes. También se desconoce quién fue el encargado de dar la orden entre los mandos del Instituto Armado de enviar a 6 agentes subidos a una zódiac a enfrentarse a seis imponentes semirrígidas de 15 metros de eslora. Para muchos en el Cuerpo, esa fatal decisión fue como si de facto les hubieran enviado a la muerte.

Es esto último lo que trata de esclarecer la denuncia interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra un general, máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. 

En su denuncia, la AUGC pide al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate, que ya ha abierto diligencias, que reclame y analice las grabaciones de conversaciones que se mantuvieron por las emisoras o teléfonos oficiales, tanto las recibidas por el Centro Operativo de Servicios (COS), como las efectuadas entre los miembros de la cadena de mando y el personal que embarcó a bordo de la zódiac.

[Investigan a los mandos que enviaron en zódiac a los guardias civiles asesinados en Barbate]

Para corroborar los hechos, la AUGC cree que  deberían practicarse, "de forma urgente e inmediata", las declaraciones del general y del coronel en cuestión. 

La asociación también ha solicitado que se incorpore a la causa la evaluación de riesgos de las unidades del personal que se encontraba en la embarcación, con justificación de la notificación a los trabajadores.

"Esta diligencia de investigación permitiría comprobar si el riesgo de ser embestidos estaba evaluado y de ser así, las medidas preventivas acordadas", indica la denuncia. A su vez, la AUGC ha pedido que declaren en calidad de testigos los guardias civiles supervivientes, así cómo el capitán del Servicio Marítimo de Cádiz.

La AUGC también ha solicitado que se analicen las imágenes de la cámara corporal que llevaba al menos uno de los agentes. Pide que se analicen las normas que regulan el uso y fines de las embarcaciones tipo zódiac como la de los hechos.

Potencia

El general y el coronel presuntamente conocían "en todo momento a qué se enfrentaban dichos guardias civiles y los medios que disponían para ello, servicio y medios que eran notoriamente insuficientes e inadecuados para su realización y ante la amenaza a la que debían enfrentarse, a la vista de diversas embarcaciones, conocidas como narcolanchas".

[Miguel Ángel González y David Pérez, los agentes asesinados por una narcolancha en Barbate]

Estas eran, continúa la denuncia, "de mayor potencia, dimensiones y configuración, así como número de ocupantes de las mismas, notoriamente pertenecientes a bandas criminales, muy peligrosas, dedicadas a actividades de carácter criminal, entre otras, al transporte de drogas".

"Enviaron a los agentes a la muerte", sentenciaba indignado en declaraciones a EL ESPAÑOL un responsable del Instituto Armado, pocos días después de los hechos. Este mando consideraba que lo ocurrido en Barbate ponía en evidencia los precarios medios con los que cuenta la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en una zona tan caliente como el Estrecho.