Los acusados de desviar dinero de nóminas a una ONG afín al PSOE andaluz aceptan 3 años de cárcel

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba no celebrará finalmente la vista oral del juicio por el llamado caso de las 'mordidas' de la Fundación Guadalquivir. Estaba previsto que tuviera lugar entre los días 9 y 12 de marzo, al haber alcanzado el fiscal y las acusaciones personadas un acuerdo con las defensas de los tres acusados.

Finalmente, tres años de prisión cada uno al declararse culpables de la comisión de los delitos contra el derecho de los trabajadores y fraude de subvenciones de las Administraciones públicas. Los tres acusados son: Ángeles Muñoz, militante socialista que concurrió en listas; su hijo Cristian Menacho, exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, y José Antonio González.

Para ellos se solicitaban condenas que llegaban a superar los 30 años de prisión. En este sentido, han aceptado una pena cada uno, por el delito contra el derecho de los trabajadores, de dos años de cárcel y multa de cuatro meses con una cuantía diaria de diez euros. También con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los acusados detraían indebidamente dinero de las nóminas de una treintena de trabajadores que estaban contratados con subvenciones de la Junta de Andalucía para emplear a parados. Fueron beneficiarias de esas subvenciones la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, la Fundación Guadalquivir Futuro, y la Asociación Jóvenes para el Futuro, el acuerdo también dispone que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Ello se debe a que los acusados también indemnizan a los dos trabajadores personados como acusación particular en la causa por el dinero que dejaron de cobrar y también por los daños morales sufridos. Respecto al resto de trabajadores afectados, que no recurrieron a la vía penal y que cobraron del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), los acusados indemnizan al propio Fogasa.

Por cada delito de fraude de subvenciones o ayudas de las Administraciones públicas, los acusados han aceptado cada uno una pena de seis meses de prisión, lo que suma un año de cárcel para cada uno. Así, también pierden la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de dos años, teniendo también que hacer frente al pago de las costas judiciales.

El acuerdo prevé la opción de que se suspenda el cumplimiento de la pena de tres años de prisión que ha aceptado cada uno de los tres acusados. Es la Audiencia Provincial de Córdoba la que puede conceder dicha suspensión, basándose en que los acusados no tienen condenas anteriores y a que hagan frente al pago de todas las indemnizaciones y multas.

De haberse celebrado el juicio, estaban citadas 23 personas como testigos, entre las que se incluían un contable y personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y otras dos más para la prueba pericial. Los tres acusados se enfrenaban, cada uno, a penas de unos diez años de cárcel, según las peticiones de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía. Mientras, las acusaciones popular y particulares, ejercidas por Podemos y dos trabajadores, solicitaban penas superiores a los 30 años de cárcel en total.

Según las acusaciones, las 'mordidas' se hacían, "bien detrayendo parte del salario pagado en metálico, bien forzando un compromiso de donación por transferencia posterior al ingreso de la nómina, también forzado por una amenaza de despido".

El resultado fue que "muchas de las personas contratadas, en situación desempleo de larga duración y necesitadas, no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones que se les imponían". Añade que "estaban usando un evidente poder político, que se exhibía mediante invitaciones a actos con destacados líderes políticos y miembros del Gobierno de la Junta", en la etapa anterior a la actual.

Destaca que Menacho fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba capital. Se da la circunstancia, además, de que a los acusados se les han embargado bienes para afrontar la fianza que se les impuso judicialmente en su día por valor de 807.200 euros.