Juzgados de Cádiz donde se dirime el caso. Cádiz
La Junta de Andalucía se persona como perjudicada en la investigación por los contratos Covid del SAS en Cádiz
Será el Servicio Andaluz de Salud el que ejerza la representación de la Administración andaluza en este proceso.
Más información: La Junta subraya la legalidad de los contratos del SAS y su gerente se persona en el Juzgado para defender su inocencia
La Junta de Andalucía se ha presentado como "perjudicada" en la investigación que lleva a cabo un juzgado de Cádiz por el caso de los contratos de emergencia derivados de la crisis sanitaria del Covid-19. Según una providencia del Juzgado de Instrucción número 3, la Administración andaluza será parte del proceso.
Así, será el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el que ejerza la representación de la Junta en este caso que investiga la denuncia presentada por Podemos Andalucía y por la que se investigan contratos durante la pandemia de Covid.
De esta forma, el SAS es ya "posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas, manifestando expresamente la intención de reclamar los daños causados".
Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar, en calidad de testigos, no de acusados, a dos interventores de la Junta y dos jefes de Servicio por el caso de supuesta malversación en la concesión de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Así, según la providencia dictada por la juez para esta citación, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en calidad de testigo en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.
Contratos
Fue el 17 de febrero cuando la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había "abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía" que derivaría de la concesión de contratos "a dedo" por parte del SAS.
La Junta ha señalado varias veces que los contratos eran legales. Indican que se produjeron en el ámbito de una crisis sanitaria sin precedentes y que se buscaba "salvar vidas".
Para ello, subrayan, era vital la celeridad en la compra de determinados materiales. Y eso solo se conseguía de la forma en que se procedió en la contratación de algunos suministros.
Tras la denuncia, en todo caso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó "incoar diligencias previas" a tenor "de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hace referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado", relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.
Informes
En la misma resolución, la jueza acordaba librar "oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación con los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo", así como dar "traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar".
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había pedido personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras denuncias de Podemos y que había remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz "un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala dichas contrataciones". Además, acusó a Podemos de "utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política".
