Esperas de hasta dos años para obtener la renta de inclusión: el otro borrón de Mónica Oltra

La Sindicatura de Greuges –defensor del Pueblo valenciano- ha vuelto a cuestionar la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Es la segunda vez en menos de un mes que esta institución llama la atención a la dirigente de Compromís. La primera fue por el polémico informe, elaborado tras una queja del PP, por los presuntos abusos sexuales a 175 menores tutelados.

Esta vez, el reproche se debe a los retrasos de hasta dos años en la tramitación de los expedientes de la renta valenciana de inclusión, una medida puesta en marcha por el Gobierno valenciano para consolidar su política social. 

Las trabas administrativas a las que se enfrentan los solicitantes, la falta de personal en la Administración y la dejadez de muchos ayuntamientos –la competencia es compartida- ha motivado que muchos ciudadanos busquen amparo ante la falta de respuesta de los servicios públicos.

En concreto, tras analizar la queja de una ciudadana de Elche, el síndic de Greuges, el socialista Ángel Luna, ha constatado “el claro incumplimiento de los plazos  legalmente habilitados para la emisión del informe propuesta y, además, una demora  en la resolución del expediente de renta valenciana de inclusión” a favor de familias vulnerables.

La resolución, firmada el 30 de diciembre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte de que “las demoras en la tramitación y resolución de los  expedientes de renta valenciana de inclusión agravan la situación de pobreza y exclusión  social de las personas solicitantes”.

Sobre todo, subraya, “en el momento actual, en el que las consecuencias de la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de la Covid-19 inciden  especialmente en la población más desfavorecida”.

Vulnerabilidad social

Por ello, el defensor del Pueblo valenciano avisa a la Administración de que “el no  cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas en situación de vulnerabilidad social y sus familias”.

Tras dictarse esta resolución (30 de diciembre), desde la conselleria, y a preguntas de este periódico, puntualizaron que ya han abonado todos los atrasos a esta familia de Elche, que ascienden a más de 20.000 euros, y señalaron al Ayuntamiento de esa ciudad como responsable del retraso, pues "la solicitud objeto de la queja estuvo un año y cerca de 3 meses" en el consistorio.

La persona promotora de esta queja presentó la solicitud para la obtención de la ayuda de renta valenciana de inclusión el 10 de diciembre de 2019 y, dos años después, todavía no había recibido respuesta.

Según consta en la resolución, la solicitud fue grabada el 26 de enero de 2021 y el informe-propuesta de resolución, en sentido favorable, fue remitido en fecha 25 de febrero de 2021. Desde entonces, el expediente ha estado pendiente de la validación desde Intervención económica de los documentos requeridos y presentados.

Por ello, la Sindicatura concluye que "es irregular la demora en la tramitación de este expediente que se demora ya más de 2 años cuando la Conselleria debería haberlo resuelto en seis meses, plazo máximo".

Necesidades básicas

"Debe recordarse que estamos ante una prestación, con consideración de derecho subjetivo, prevista para cubrir las necesidades básicas que garanticen un mínimo de calidad de vida y combatan la exclusión y la vulnerabilidad social. La falta de resolución en plazo determina la estimación de la solicitud por aplicación del silencio administrativo positivo", lamenta la Sindicatura.

Como soluciones, el organismo plantea a Mónica Oltra "que revise y evalúe el procedimiento técnico administrativo actualmente implantado para la resolución de expedientes de renta valenciana de inclusión, al objeto de lograr que se resuelvan las solicitudes en los plazos legalmente establecidos". 

Además, sugiere que "reconozca el derecho a la percepción de la prestación, y contabilice los efectos retroactivos de esta, fijando dicho periodo desde el 1 de enero de 2020 (primer día del mes siguiente al de la solicitud)". La conselleria tiene de plazo hasta el 30 de enero para manifestar si acepta o no estas consideraciones.

Al Ayuntamiento de Elche, la Sindicatura pide que "adopte las medidas necesarias para emitir, de forma urgente, los informes propuesta (preceptivos y vinculantes) de todos los expedientes de renta valenciana de inclusión que actualmente se encuentran en trámite en ese Ayuntamiento, en los que hayan transcurrido más de tres meses desde la solicitud".

Igualdad señaló a este periódico que "la gestión de la renta valenciana de inclusión es una prestación que se gestiona conjuntamente entre la conselleria y los ayuntamientos, que son los que se encargan de gestionar la solicitud y ver si la persona solicitante cumple los requisitos para percibirla".

Estas fuentes aseguran que "ha incrementado la inversión para reforzar las plantillas municipales que han podido multiplicar por cinco sus equipos, de manera que puedan atender de forma eficiente las demandas ciudadanas". En estos momentos hay 75.179 personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión.