Una nueva investigación revela graves deficiencias en los centros de menores que gestiona Mónica Oltra

La Sindicatura de Greuges, el nombre que recibe el defensor del Pueblo valenciano, ha finalizado la investigación abierta para supervisar el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta en la Comunidad Valenciana, bajo el control de la conselleria que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra desde 2015.

La investigación, iniciada de oficio por la institución que preside el socialista Ángel Luna, se ha desarrollado en el último año y ha aflorado graves deficiencias recogidas en un informe de fecha de 23 de febrero al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Por ejemplo, de los siete centros ubicados en la Comunidad Valenciana, cuatro son de gestión privada y en tres de ellos "ha finalizado el tiempo de contrato y prórrogas".

"Se encuentran en situación de resarcimiento por enriquecimiento injusto", confirma la Sindicatura. Es decir, siguen prestando el servicio para no dejar a los menores desatendidos, pero con el contrato caducado y sin una nueva licitación.

"Esta situación provoca, además, la demora en los pagos y la acumulación de importantes cantidades adeudadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas" a las entidades que prestan el servicio. Al cierre de 2021, la deuda a la Fundación Diagrama por la gestión de dos de los centros "ascendía a 1.093.289 euros". Tras un pago realizado con posterioridad, la cantidad ha bajado hasta los 378.110 euros.

El número total de menores valencianos atendidos a fecha de informe es de 129 (85 chicos y 44 chicas), de ellos 96 están bajo la tutela de la Administración. 

Este nuevo informe de la Sindicatura que aborda la gestión de Oltra se suma a los elaborados en el último año por la institución sobre los abusos sexuales denunciados por menores tutelados o los retrasos en el pago de prestaciones sociales.

Entre otras cuestiones, el informe final alerta de que, en muchos casos, los menores superan el tiempo de estancia máximo de 9 meses que marca la actual normativa. Se han encontrado estancias de un periodo de hasta "77 meses" en un centro ubicado en la provincia de Valencia. 

"Resulta evidente que muchas de las personas menores de edad atendidas en estos centros sobrepasan el tiempo de estancia que ha sido fijado por la propia conselleria", expone la institución. Por ello, pide que se adopten las medidas necesarias "para evitar que se produzcan estos casos" y plantea hasta 18 sugerencias para corregir la gestión de la conselleria.

Trabas a la investigación

El informe final es una foto fija del sistema público valenciano de protección de menores tras una investigación a fondo que ha incluido la visita de siete centros, entre los meses de septiembre y diciembre de 2021, después de que el defensor del pueblo valenciano denunciara las trabas que el equipo de Oltra estaba poniendo para comprobar su estado. 

La Sindicatura insta a la vicepresidenta valenciana a que "se adopten las medidas necesarias para la mejora de instalaciones y equipamientos de los centros", pues "los elementos específicos de habitabilidad están implantados parcialmente".

"Las puertas de seguridad no existen en todos los centros, los colchones ignífugos no están en cada centro. En general los centros requieren de una adecuación de instalaciones y de equipamientos", añade. La conselleria ha argumentado "que se encuentran gestionando las actuaciones necesarias para acometer las obras de mejora de las instalaciones, así como, la adquisición de nuevos equipamientos".

Por otra parte, pide que "se extreme y regule la coordinación" entre consejerías y "se recabe el consentimiento informado de los menores a que le sea administrada la pauta farmacológica prescrita por el facultativo".

En todo caso, continúa el informe de conclusiones, "se debe garantizar que los menores reciban una explicación adaptada a sus características, de los motivos y efectos de la misma".

Entre las recomendaciones también destaca la aprobación urgente de la normativa que desarrolle la "ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales" para regular las "condiciones materiales, la dotación de personal y el funcionamiento de los centros de acogida en situación de desprotección".

Esta investigación viene precedida una bronca política inédita entre Oltra y el síndic tras señalar a la vicepresidenta por entorpecer la labor de la institución en este caso.

La institución denunció que remitió a cada director de los centros un cuestionario específico para ampliar las pesquisas y fue respondido por la dirección política de la conselleria. La respuesta omitía aspectos "tan relevantes como las observaciones, opiniones y valoraciones requeridas, de forma personal", a los responsables de los centros.

Compromís acusó al socialista de falta de independencia y Luna fue tajante en su respuesta. "Diré lo que tenga que decir aunque digan que me instrumentalizan", reprochó a la coalición en las Cortes Valencianas.

Ximo Puig y Mónica Oltra, en Les Corts Valencianas. EFE

El informe final de la Sindicatura recoge este episodio y recuerda "la obligación de todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Generalidad a auxiliar al Síndic de Greuges en sus actuaciones, con carácter prioritario y urgente". El síndic desvela que trasladó las conclusiones de la investigación a la conselleria en una reunión mantenida el 12 de enero con la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.

Según la Sindicatura, en esta reunión Molero "asumió la responsabilidad de todas las actuaciones llevadas a cabo indicando que su intención fue facilitar la elaboración unificada de los datos requeridos por el síndic de Greuges". Molero declarará como imputada el próximo 23 de marzo en el juzgado que investiga la gestión de la conselleria en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, Luis Ramírez.

Sin contrato ni concurso

La Sindicatura agradece la colaboración en la fase final del expediente y destaca "el aumento tanto de centros como de plazas para la atención a menores con problemas de conducta". Desde 2018, el número de centros ha pasado de cinco a siete (1 en Castellón, 4 en Valencia y 2 en Alicante) con una disponibilidad de 136 plazas. La ocupación está prácticamente al 100%.

La Sindicatura plantea "la urgente resolución de los contratos de gestión integral de los centros, posibilitando la equiparación de plantillas de personal".

Y es que "la falta de resolución de los contratos de gestión integral, está produciendo diferencias de plantillas de personal respecto a los centros sujetos a concierto social", denuncia a continuación.

Oltra ha adjudicado más de 500 millones de euros sin concurso por servicios que presta la Generalitat desde el año 2016. El procedimiento de enriquecimiento injusto es un método administrativo que evita una nueva contratación y elude la fiscalización por parte de la Intervención General, pues solo interviene en la disponibilidad del gasto y no fiscaliza la prestación del servicio.

Según los datos obtenidos por la Sindicatura, en ninguno de los centros se han llevado a cabo ni contenciones mecánicas ni aislamientos. Sin embargo, destaca "el importante número de contenciones físicas (casos sobre los que se han realizado 62, 31 y 25 contenciones físicas respectivamente, que suponemos tendrán que ver con el tiempo de internamiento)".

Igualmente, recoge que "el número de registros de habitaciones, ropa y enseres que se producen en los centros, especialmente en uno de ellos en el que parece tratarse de una práctica generalizada".

La Sindicatura pide que se remita, en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que Oltra manifieste si acepta "las consideraciones que le realizamos o, en su caso, las razones que estime para no aceptarlas". Cuando se entregue la respuesta, el síndic dará por finalizado el expediente.